Gobierno pone a prueba reacción internacional con amenazas de cárcel a Guaidó
Cuatro declaraciones políticas y un acuerdo parlamentario durante los primeros 28 días de enero presionan al Ministerio Público para que avancen las investigaciones contra Juan Guaidó, reconocido como mandatario interino por parte de la comunidad internacional. Desde 2019, el nombre del opositor está en varios expedientes, con medidas cautelares pero sin una orden de captura en su contra
Si de romper récords se tratase, probablemente el diputado venezolano Juan Guaidó tendría uno ganado como la persona con más investigaciones abiertas en el Ministerio Público actualmente. Lo curioso, contrastando con las acciones del Poder Judicial venezolano, es que el político está en plena libertad. Eso sí, con una prohibición de salida del país, cuentas congeladas e inhabilitación política de por medio.
El mandatario interino, reconocido en el cargo por parte de la comunidad internacional desde 2019, ha sido señalado en al menos 12 delitos, y según ha dicho públicamente el fiscal general impuesto por la extinta constituyente, Tarek William Saab, debe responder a 24 investigaciones.
Las acusaciones contra Guaidó desde Parque Carabobo (donde se encuentra la sede del MP) empezaron el 29 de enero de 2019, apenas seis días después de haberse juramentado como presidente interino. Ese día, el fiscal Saab lo acusó de «dañar la paz de la república» y también lo responsabilizó de afectaciones al patrimonio nacional.
Pasó un mes y ya en marzo contaba con una nueva investigación. La razón: ser culpable del «sabotaje eléctrico» que ocasionó el mayor apagón de la historia contemporánea venezolana.
Y así, Guaidó pasó a acumular una serie de investigaciones judiciales que han llevado a las autoridades a emitir órdenes de arresto y materializar detenciones de colaboradores cercanos. En enero de 2022, las presiones aumentaron por parte del oficialismo, que dice «ya basta» y pide prisión segura.
Benigno Alarcón, politólogo y director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la UCAB, manifiesta su preocupación ante las recientes amenazas contra el dirigente opositor. «El Gobierno en este momento está tratando de probar si el tema Guaidó, en relación a los Estados Unidos y otros países que lo apoyan, sigue siendo una raya roja o si ya pueden cruzarla».
Temas que se manejaron con la audacia que manejó Guaidó, dice Alarcón, no pasan por debajo de la mesa para la administración Maduro, que busca castigos «ejemplarizantes».
Una muestra de ello fue la ola de persecución contra diputados entre 2018 y 2019 por parte de la ANC, lo que incluyó prisión para algunos como Edgar Zambrano, Ismael León, Gilber Caro o Juan Requesens.
Según un recuento hecho con base en las declaraciones públicas del fiscal Saab, sobre el dirigente opositor existen 10 investigaciones abiertas; mientras que el 12 de julio de 2021 un comando no identificado intentó detenerlo en el sótano del edificio donde vive, al este de Caracas.
Los activos venezolanos desde 2019 están y SEGUIRÁN protegidos para que la dictadura no siga saqueándolos, como pasó recientemente con la venta irregular de la refinería venezolana en Dominicana.
¿Este personaje se enteró hoy y fabricó la 10ma acusación falsa en mi contra? pic.twitter.com/ErMxQxW9bp
— Juan Guaidó (@jguaido) September 15, 2021
TalCual hizo una solicitud de información al fiscal Tarek William Saab, a través de la directora de su despacho, pero al momento de publicar esta nota no se había recibido respuesta. Posiblemente todo está «concentrado en un solo expediente, un voluminoso expediente», de acuerdo a sus declaraciones del 25 de marzo de 2021.
«Dejar pasar es dar una señal de mucha debilidad. Hasta ahora no lo han hecho (detener a Guaidó) porque creen que puede empeorar su situación con sanciones y otras medidas. En este momento, cuando Estados Unidos está entretenido con el tema Rusia y Ucrania, y que además EE. UU. apresó a Alex Saab, el Gobierno podría intentar apresar a Guaidó sin que haya una reacción superior a lo que están dispuestos a tolerar», considera el politólogo.
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La detención y encarcelamiento, según opina Alarcón, además demostraría dos puntos para la administración Maduro: que nadie se atreva a desafiar nuevamente como lo hizo Guaidó y, quizás, para usarlo como ficha de intercambio.
En todo caso, el politólogo descarta que estas nuevas amenazas sean un mero entretenimiento o distracción por parte de Maduro y sus funcionarios. «El hacer ruido, el decirlo, no tiene tanto que ver con generar distracción alrededor del tema sino ver qué reacción dan desde afuera. En la medida que no haya respuesta, van a continuar avanzando».
PSUV contra Guaidó
En al menos 10 ocasiones, distintos miembros del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) han reclamado públicamente cárcel para el dirigente opositor. La más altisonante fue de la diputada Iris Varela, quien con esposas en mano lo amenazó con apresarlo si lo ve en las calles.
Pero en enero de 2022, los llamados del oficialismo para encarcelar a Guaidó se han intensificado. El primero fue Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional electa en 2020, al decir que «ya basta» que el dirigente opositor y sus colaboradores estén en libertad.
Diosdado Cabello se dedicó, en su programa Con el mazo dando, a mostrar fotos de Guaidó y otros integrantes del gobierno interino con un cartel de «Se Busca», mientras que el mandatario Nicolás Maduro lo amenazó directamente con enviarlo a la cárcel de Tocorón desde Miraflores y la sede del Tribunal Supremo de Justicia.
Después de la amenaza de Jorge Rodríguez de cárcel para #Guaido, Diosdado Cabello en su programa “Con el Mazo” mostró afiches de “SE BUSCA” de al menos 23 opositores asegurando que “faltan más”. “Se llevarán su sorpresita en febrero”, adelantó… pic.twitter.com/HiUhJqJvj2
— Mildred Manrique (@milmanrique) January 6, 2022
Básicamente lo que hacen es poner la demanda en boca de otros, decir que el país reclama justicia, dice Beningo Alarcón. «Hay diferencias importantes entre 2019, 2020 y el día de hoy. El gobierno de los Estados Unidos es otro, la relación Estados Unidos-Rusia es otra, lo que hace diferencias en el pasado y lo que se plantea hoy».
Desde el parlamento controlado por el oficialismo también se presiona al Ministerio Público para que avance en imputaciones y una orden de captura contra el dirigente opositor. El pasado 23 de enero, un grupo de diputados del PSUV se trasladó hasta Parque Carabobo y sostuvieron una reunión con el fiscal Saab.
#23Ene #ANOfcialista
Dip. Tania Díaz: «Nos hemos trasladado ante la Fiscalía General de la República para exigir celeridad, eficiencia y eficacia en la aplicación de justicia en contra de Juan Guaidó».pic.twitter.com/vPfIisScHn— Reporte Ya (@ReporteYa) January 23, 2022
En dicha reunión, Saab dijo que han adelantado las investigaciones «que arrojan cientos de detenidos y con órdenes de aprehensión».
Dos días más tarde, y con apoyo expreso del bloque de la Alianza Democrática, se aprobó un acuerdo parlamentario para respaldar las denuncias hechas por los diputados Tania Díaz, Hugbel Roa y Pedro Carreño. En el documento se asegura que, bajo la figura del gobierno interino, se «secuestraron» más de 7.000 millones de dólares del patrimonio público depositado en cuentas extranjeras.
Alfonso Campos, jefe de fracción de la Alianza Democrática, dijo que respaldan cualquier investigación contra quien sea, que busque determinar responsabilidad en hechos de corrupción.
«El MP debe garantizar la autonomía de la investigación y el debido proceso, no es venganza de una parcialidad política, es justicia que se puedan recuperar las riquezas de la República. No aceptamos corrupción, corrupción es corrupción, no hay buena ni mala», afirmó.
En respuesta, desde la Asamblea Nacional electa en 2015 se alertó a la comunidad internacional sobre las intenciones de detener a Guaidó. El propio mandatario interino le ha devuelto la pelota a Maduro al recordarle la investigación que avanza la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) sobre presuntos crímenes de lesa humanidad.
En todo caso, de materializarse la detención de Guaidó el politólogo considera que el canal de comunicación con la comunidad internacional que es el gobierno interino se termina eliminando, al igual que esa figura en sí misma. «Esto es una forma de desbaratar un centro de gravedad que, con ciertas reticencias, todo el mundo giraba en torno a sus decisiones y orden. Si se elimina el gobierno interino, algunos países que manejan activos de Venezuela se verán obligados a regresarlos».
Al gobierno le importa poco una condena de la comunidad internacional, reitera el director del CEPyG-UCAB, si no se traduce en una peor situación para ellos, como el aumento de sanciones u otro tipo de acciones. «Si la respuesta es puramente declarativa, el Gobierno estaría dispuesto a cargar con eso y avanzar».
