Gobierno puede contrademandar a países acusadores en Corte Penal Internacional
De salir adelante esa denuncia común, Caracas tiene la posibilidad de «actuar en represalia» y recurrir al mismo artículo 14 del Estatuto de Roma de la CPI
La denuncia que países como Colombia, Chile y Argentina preparan contra Venezuela ante la Corte Penal Internacional (CPI), puede provocar que el Gobierno nacional presente ante el mismo tribunal una contrademanda por supuestos crímenes cometidos en los Estados demandantes, dijo a Efe una fuente diplomática.
Colombia, Argentina, Chile, Paraguay, Costa Rica y Perú están coordinándose para entregar la denuncia, que tendría como base un informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) en el que se recogen supuestos episodios de represión contra la oposición venezolana desde la elección de Nicolás Maduro a la presidencia, en 2013.
La demanda conjunta, inédita en los dieciséis años de historia de la CPI, activaría el artículo 14 del Estatuto de Roma, carta fundacional del tribunal, que permite a los Estados parte denunciar crímenes de lesa humanidad cometidos en terceros países.
La Fiscalía de la CPI ya abrió, por iniciativa propia, un examen preliminar a Venezuela el pasado febrero, paso previo a la eventual apertura de una investigación formal.
De salir adelante esa denuncia común, Caracas tiene la posibilidad de «actuar en represalia» y recurrir al mismo artículo 14 del Estatuto de Roma para remitir ante la CPI supuestos crímenes de lesa humanidad cometidos en países demandantes, añadió la fuente.
En el caso de Colombia, Venezuela puede referirse al conflicto entre el Estado y la guerrilla de las FARC, ya que la propia Fiscalía del tribunal internacional abrió un examen preliminar por este asunto en 2004.
Otro país que podría verse afectado es Chile, advirtió la fuente, pues el Comité contra la Tortura de la ONU ha llamado la atención a sus autoridades por episodios de violencia contra miembros del pueblo mapuche.
Las embajadas en La Haya que no ven con buenos ojos la demanda colectiva, prefieren esperar a la publicación de un informe que se espera para dentro de unos tres meses, en el que se darán detalles sobre los exámenes preliminares abiertos por la Fiscalía, entre ellos el de Venezuela.
Los exámenes preliminares analizan asuntos como la complementariedad del caso (comprobar si la justicia nacional ha investigado realmente los hechos denunciados), su gravedad o si los delitos entran en su jurisdicción.
Lo único que cambiaría la activación del artículo 14 es que, si la Fiscalía llegara a la conclusión de que se cumplen los requisitos para iniciar investigaciones formales, podría hacerlo directamente sin pedir autorización a una Sala de Cuestiones Preliminares. En caso de que no existieran denuncias directas de los Estados parte, la Fiscalía estaría obligada a solicitar antes un permiso a los jueces.
