«Dando y dando»: Gobierno quiere apoyo opositor contra sanciones financieras
El gobierno se plantea una nueva ronda de diálogos para lograr un acuerdo con grupos opositores que legitime la exigencia de levantar las sanciones. Las ex carcelaciones forman parte de un «dando y dando», posiblemente moderado por Rodríguez Zapatero
Las ex carcelaciones no son gratuitas. El gobierno prepara una nueva ronda de diálogos políticos privados con los grupos opositores que han aceptado asistir a Miraflores y participan como garantes de los presos políticos que han salido a la calle con medidas cautelares.
La información fue suministrada por una fuente política cercana al oficialismo, quien contó que la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente impuesta por el gobierno, Delcy Rodríguez, busca la firma de un acuerdo con los sectores opositores dispuestos, a fin de solicitar a los gobiernos de Estados Unidos y la Unión Europea que se levanten las sanciones financieras que afectan duramente a las finanzas de la administración Maduro.
Se espera que, durante los próximos días, reaparezca el ex jefe de gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, para moderar las conversaciones, con la idea de incorporar a otras organizaciones políticas que adversan al gobierno y que, hasta ahora, no han aceptado la oferta de diálogo hecha por Maduro.
El objetivo es lograr que Henri Falcón, cabeza de una coalición de pequeños partidos que se mantiene en la línea electoral, se incorpore formalmente a las eventuales conversaciones, las cuales podrían realizarse en el exterior.
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Además de las sanciones, el gobierno persigue un compromiso «de paz», con el objetivo de que la «oposición» se comprometa a no convocar ni participar en protestas callejeras y se mantenga en una línea «institucional» de acción política.
La intención es desentrabar tanto como sea posible la crítica situación financiera del gobierno y contrarrestar la estrategia de la oposición más radical de demandar sanciones y procedimientos penales, en el exterior, contra funcionarios de la administración Maduro.
La fuente señala que el chavismo no esperaba que desde la Asamblea Nacional, legítimamente electa en 2015, se pudiera articular un rechazo tan activo en el exterior contra el régimen venezolano, y se entiende que las estrategias de «defensa de la revolución» en el extranjero no han funcionado.
Retroceso táctico
El gobierno ha aceptado negociar las ex carcelaciones de cerca de 200 presos políticos, pero ya ha deslizado en las reuniones celebradas en Miraflores que necesita «compromisos» con la paz.
Ninguno de los dirigentes opositores que han acudido a las convocatorias de Maduro ha aceptado nada más que conversar, o seguir conversando. Solo Javier Bertucci, máximo dirigente del movimiento Esperanza por el Cambio, manifestó la intención de buscar una negociación «más amplia o sobre otros temas».
De hecho, el ex pastor ha mantenido una posición ambigua sobre las sanciones estadounidenses, y ha pedido que estas medidas no afecten las importaciones de bienes esenciales. Sin embargo, públicamente mantiene que Maduro no le ha pedido nada a cambio de las «liberaciones».
Con esta suerte de «beso de la muerte», el gobierno espera construir un contubernio institucional que le permita alcanzar alguna legitimidad que pueda oxigenar la escuálida tesorería de la gestión madurista; sin embargo, las posibilidades son escasas y hay sectores dentro del chavismo que así lo reconocen.
Maduro enfrenta una seria oposición interna, especialmente en la estructura del PSUV, que no está de acuerdo con las ex carcelaciones, ni siquiera con medidas cautelares tan restrictivas.
Es un grupo que cree que no es necesario negociar nada y es partidario de tomar medidas drásticas, tanto en lo político como en lo económico, indica la fuente consultada.
Maduro y su grupo de cercanos, al parecer, cree que es necesario un retroceso táctico que evite una muy probable escalada de la presión política y le permita, según dicen internamente, manejar «mejor» la situación económica.