González Urrutia rechaza condena de su yerno: «Es una represalia política para afectarme»
González Urrutia reiteró su compromiso en continuar trabajando para lograr la libertad de su yerno, de todos los presos políticos y de quienes están en situación de desaparición forzada
Edmundo González Urrutia rechazó la condena de 30 años de prisión a su yerno Rafael Tudares Bracho «por hechos que no ocurrieron y delitos que no cometió».
A través de su cuenta en X, González Urrutia señaló que esta decisión carece de «sustento jurídico» y es «utilizada como represalia política para intentar afectarme y distorsionar la voluntad expresada por los venezolanos el 28 de julio de 2024».
Negó cualquier vinculación de su hija Mariana y su esposo con sus responsabilidades públicas, por tanto cuestionó que se utilice el sistema judicial para «castigar a terceros».
González Urrutia reiteró su compromiso en continuar trabajando para lograr la libertad de su yerno, de todos los presos políticos y de quienes están en situación de desaparición forzada.
*Lea también: Esposa de Rafael Tudares confirma condena a 30 años: se le negó acceso a la sentencia
Tudares Bracho fue detenido el pasado 7 de enero por sujetos encapuchados. Su esposa ha denunciado la situación de desaparición forzada en la que lo han mantenido, así como el «proceso penal clandestino y oculto» al que ha sido sometido.
Este jueves 3 de diciembre, luego de informaciones extraoficiales que circularon en redes sociales sobre su condena, Mariana González pudo confirmar con las autoridades la condena contra su esposo por presunta conspiración y otros delitos graves junto a una persona «que él desconoce», escribió en un comunicado publicado en sus redes sociales.
Indicó que, según la información recibida, el juicio se concretó «en una sola y única audiencia de juicio» el pasado viernes 28 de noviembre. Dicha audiencia «habría durado más de 12 horas», mientras que la sentencia se le informó vía telemática el lunes 1 de diciembre.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.




