Grupo IDEA reprochó criminalización de la disidencia en Venezuela
El Grupo IDEA advierte que la persecución contra varios de Vente Venezuela quiere emular lo que sucedió en Nicaragua antes de sus elecciones
El Grupo IDEA, compuesto por más de 30 expresidentes y jefes de Estado, emitió un comunicado el jueves 7 de diciembre en el que reprocha la persecución y criminalización de la disidencia en Venezuela, esto luego de que el fiscal designado por la ya extinta asamblea constituyente, Tarek William Saab, anunciara un «hampograma» donde vincula a opositores de Vente Venezuela, Voluntad Popular, Primero Justicia y Súmate con una supuesta conspiración contra el referendo consultivo sobre el Esequibo.
Para IDEA, el hecho de que se persiga a parte del equipo de Vente Venezuela, organización que lidera María Corina Machado, hace ver que se repita la experiencia que se vive en Nicaragua con Daniel Ortega para evitar que se realicen unas elecciones libres, justas, observables y transparentes.
Por ello, los expresidentes del Grupo IDEA hicieron un llamado a la comunidad internacional para que estén alerta ante lo que pueda ocurrir, así como a la ONU, la OEA y a los garantes de los acuerdos de Barbados con el fin de que tomen medidas de urgencia para contener «el desbordamiento dictatorial» en Venezuela.
#ATENCIÓN | 31 expresidentes de la región firman esta declaración del @IDEA_Grupo sobre “la persecución y criminalización del liderazgo democrático en Venezuela”, piden “medidas de urgencia que permitan contener el desbordamiento dictatorial en dicha nación» pic.twitter.com/Dfx0B8vigF
— NTN24 (@NTN24) December 7, 2023
El llamado de IDEA se une al del panel de expertos internacionales e independientes de la Organización de Estados Americanos (OEA) que denunció que la administración de Nicolás Maduro arreció la persecución contra los opositores.
Advierten los expertos de la OEA que la detención del presidente de Súmate, Roberto Abdul, como consecuencia inicial de las declaraciones de Saab, junto a las demás órdenes de captura contra miembros de Vente Venezuela, Voluntad Popular, Primero Justicia y dos exministros oficialistas son crímenes de lesa humanidad; hechos que alertaron directamente a la Corte Penal Internacional (CPI).
