Guaidó asegura que retiro de Argentina no influirá en demanda ante la CPI
Desde Argentina, los diputados Ezequiel Langan (Juntos por el Cambio) y Álvaro de la Madrid (Unión Cívica Radical) dijeron que la próxima semana se interpelará al canciller Felipe Solá sobre esta decisión y el retiro de su país del Grupo de Lima
El presidente de la Asamblea Nacional (AN) electa en 2015, Juan Guaidó, aseveró que la decisión del Gobierno de Argentina de retirarse de la demanda interpuesta en la Corte Penal Internacional -por presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela- «en nada influye» en la decisión que debe tomar la Fiscalía de la CPI en los próximos días sobre este proceso.
En la sesión virtual de la comisión delegada, Guaidó dijo que no es «relativizable o banalizable» la lucha de los venezolanos por lograr un cambio político de forma democrática, y la vulneración constante de los derechos humanos en el país.
«La declaración de Alberto Fernández es una declaración política que en nada influye en la decisión de la Fiscalía de la CPI. Esta es una dictadura que representa un riesgo para la región y el continente», aseveró el también mandatario interino.
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Desde Argentina y vía virtual, los diputados Ezequiel Fernández Langan (Juntos por el Cambio) y Álvaro de LaMadrid (Unión Cívica Radical) dijeron que la próxima semana se interpelará al canciller Felipe Solá sobre esta decisión y el retiro de su país del Grupo de Lima.
Langan expresó su «apoyo total» a la causa opositora venezolana, y dijo que desde que Alberto Fernández asumió el poder en su país, la política exterior argentina «se encuentra a la deriva».
Además explicó que durante el gobierno del expresidente Mauricio Macri se decidió apoyar esta demanda en la CPI a razón de los 131 asesinatos en manifestaciones antigubernamentales contra Nicolás Maduro, 8.292 ejecuciones extrajudiciales, casi 200 casos de violación y seis desapariciones. Estos hechos fueron documentados por un grupo de expertos encomendado por la Organización de Estados Americanos (OEA).
Por su parte, De la Madrid calificó esta decisión del presidente argentino como «cruel, trasnochada y alocada», con el objetivo «de darle aire a Maduro, y darle un barniz democrático a su dictadura con el retiro de esa demanda».
Argentina debe enmendar
Los diputados electos en 2015 también rechazaron la actuación del gobierno de Alberto Fernández, a nombre de Argentina, al retirarse de la demanda interpuesta en la CPI -junto a otros cinco países- en 2018.
El diputado Ramón López, quien se encuentra exiliado en España, se refirió a las declaraciones del presidente argentino el pasado 18 de mayo, donde dijo en una entrevista radial que “Poco a poco, el problema de derechos humanos en Venezuela fue desapareciendo”.
«¿Cuándo han ido desapareciendo? Los informes de la Alta Comisionada Bachelet han sido rotundos en la ratificación de las denuncias. El presidente Fernández parece que tiene memoria corta, y esperamos de él otra actitud porque representa a un pueblo perseguido, asesinado y torturado en dictadura», aseveró López.
Debería saber lo que es la persecución de una dictadura militar, insistió el parlamentario. «Debe ser que pudo más la influencia del kirchnerismo en su decisión (…) Enmiende su error ya, porque sino la historia lo reconocerá como un gobierno cómplice en las peores violaciones de derechos humanos».
Mientras que Williams Dávila (Acción Democrática – Mérida) dijo que la «investigación está andando» y es imprescriptible; en realidad, lo que realiza la Fiscalía de la CPI es el examen preliminar, un paso anterior a la investigación que realiza este organismo internacional antes de proseguir a los juicios.
«La actitud que ha asumido Argentina en nada va a quitar eficacia jurídica» al proceso, dijo también Dávila.
Mientras que Rosmit Mantilla, exiliado en Francia, dijo que las declaraciones del presidente argentino son «comentarios penosos frente a la comunidad internacional (…) Nuestro rol como parlamentarios es decirle al pueblo venezolano que ninguna maniobra política está por encima del derecho internacional, ningún acuerdo de mafias está por encima de la justicia».
Cambios en Pdvsa y Citgo
La comisión delegada también aprobó una serie de cambios en la composición de las juntas ad hoc de PDV Holding, Citgo Petroleum y su Holding.
Para PDV Holding, filial en Estados Unidos de Petróleos de Venezuela, S.A. (Pdvsa), fueron autorizados como miembros principales de la junta directiva Samuel Wilhelm Belloso y Andrés Arvelo Guerrero, en suplencia de Elio Tortolero.
Con respecto a Citgo Petroleum, se incluyó en la junta directiva a Ernesto Hernández Bolívar, en sustitución de Pablo Pérez; y Luis Giusti Lugo en reemplazo de Carlos Jordá.
En relación a los integrantes de la junta directiva de Citgo Holding, subsidiaria de Pdvsa en Estados Unidos de Pdvsa, se designó a Samuel Wilhelm Belloso en sustitución del ciudadano Carlos Jordá; Elio Tortolero Arévalo en sustitución de Edgar Rincón; mientras que Ernesto Hernández Bolívar reemplazará a Luisa Palacios.
Recursos para afectados en Aragua
Durante un debate sobre la situación de los pobladores de La Punta y Mata Redonda, sectores al sur de Maracay (estado Aragua), el diputado Freddy Castellanos solicitó a la comisión delegada aprobar recursos congelados en cuentas venezolanas en el exterior para ayudar a 271 familias afectadas por las inundaciones en estos lugares.
Durante su intervención, Castellanos indicó que se hizo una solicitud al directorio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con el objetivo de ayudar con parte de los recursos y el pago a cada una de estas familias por vía digital, como compesación que debió asumir el Estado venezolano a partir de una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en 2006.
El BID también planteó un aporte para que las viviendas afectadas sean demolidas, debido a la alta peligrosidad de la zona.
“EL BID ha puesto su voluntad para solucionar el problema, nosotros como diputados pongámonos la mano en el corazón y aprobemos estos recursos que están congelados en el exterior producto del robo descarado del régimen, para la solución definitiva a estas 271 familias que viven en situación de riesgo”, señaló el parlamentario.
Denuncia ambiental
La comisión delegada aprobó un acuerdo, propuesto por la diputada María Gabriela Hernández, presidenta de la Comisión de Ambiente, donde se establece enviar a la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos un informe donde se detalla la situación ambiental en puntos críticos, con incidencia en los derechos humanos ambientales.
El documento aseguró que esta situación es producto de la actuación y responsabilidad del régimen de Nicolás Maduro para atender las deudas ambientales de empresas nacionales como Pdvsa, o la destrucción de parques, ríos y ecosistemas completos en todo el territorio.
También se acordó enviar un oficio a Naciones Unidas y los órganos administradores y contralores del Tratado de París sobre el cambio climático,con el objetivo de solicitar que dicho informe de la Comisión de Ambiente de la AN se considere en la evaluación de Venezuela para sus compromisos mundiales, tanto en mitigación de gases de efecto invernadero como en la adaptación de los ciudadanos al cambio climático.
