Guaidó encontró resistencia en la AN para aprobar fondo de litigios en el exterior
La fracción de Primero Justicia no quiere aprobar fondos para enfrentar juicios en el exterior sin que se haga un debate, mientras que en Acción Democrática claman por más control parlamentario. Las dos opciones fueron rechazadas por la mayoría de la Asamblea Nacional
Un punto en la cuenta de la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional (AN), pautada para el martes 28 y nuevamente sin la presencia de Juan Guaidó, creó resistencia entre las fracciones que componen la bancada opositora en el parlamento.
Desde la plaza de Los Palos Grandes, el tercer sitio público donde sesiona la AN desde que fue tomado militarmente el Palacio Federal Legislativo, se leyó un comunicado de Guaidó como mandatario interino y donde solicita la creación de un nuevo fondo especial de litigios.
Este fondo tiene como objetivo pagar los honorarios profesionales que decida el procurador especial, José Ignacio Hernández, para atender los casos de reclamaciones de inversores sobre activos venezolanos en el exterior.
El 19 de noviembre de 2019 ya se había creado un fondo especial de litigios. La diferencia con este nueva petición de Guaidó era la cantidad que se disponía para el pago a los bufetes de abogados: De dos millones se pasaron a 20 millones de dólares. Tal monto será ejecutado en el ejercicio fiscal 2020.
Las desavenencias entre parlamentarios surgieron por la forma como se aprobaba la materia, y no por el fondo de la misma. El diputado Alfonso Marquina (Lara), a nombre de la bancada de Primero Justicia, dijo que aprobaban la disposición de recursos «para defender esos activos que están siendo asediados por inversores extranjeros», pero solicitó diferir la discusión de ese acuerdo «para desarrollar mejor el proyecto, las funciones de la comisión y las funciones de control previo y posterior», y evitar prácticas poco transparentes.
Piero Maorun (Monagas), a nombre de la bancada de Acción Democrática, mostró su acuerdo «con las observaciones que desee la bancada de Primero Justicia se hacen», e hizo su propia propuesta de crear una comisión parlamentaria de seguimiento a estos fondos.
Pero el diputado Maorun insistió en que ese punto debía «aprobarse hoy, no debe diferirse para que el procurador especial pueda comenzar con la contratación de estos abogados para defender los activos de Venezuela en el exterior».
La propuesta de Marquina fue respaldada por los diputados de PJ y la fracción 16 de julio, mientras que la petición de aprobación de los recursos enviada por Guaidó fue aprobada. El parlamentario de Primero Justicia hizo constancia del voto salvado de su partido.
La marcha que no fue
La sesión del 28 de enero debía estar acompañada del pueblo desde una marcha, no llegando directamente a la plaza Los Palos Grandes. La propuesta de manifestación nunca se concretó y solo se conoció de esa convocatoria a sesión hasta esta localidad del municipio Chacao.
Algunos diputados como Luis Emilio Rondón (Un Nuevo Tiempo – Nueva Esparta) comentaron que la falta de seguridad en los alrededores del Palacio Federal Legislativo era una de las principales razones para no enfrentarse a posibles ataques de colectivos.
Mientras que Juan Pablo Guanipa, primer vicepresidente y creador de la propuesta, dijo que deben «seguir mejorando los procesos para lograr cuplir con nuestros objetivos. Seguimos con la idea de llegar al parlamento nacional».
La verdad es que tenemos que organizarnos mejor, prosiguió Guanipa, «y tomar algunas previsiones de seguridad que no hemos tomado».
Maduro traidor
En la sesión sin Guaidó también se discutió el acto de «traición a la patria», como lo denominaron los cinco diputados que intervinieron en el debate, que realiza Nicolás Maduro al permitir la intervención de agentes cubanos en todas las estructuras de poder en el país, incluyendo la Fuerza Armada Nacional.
Alfonso Marquina resaltó que, aunque hay una larga lista de actos injerencistas, cuando Maduro anunció al país la designación del embajador cubano en Venezuela como miembro del Consejo de Ministros «luego de haberlo consultado con nuestro protector y hermano mayor Raúl Castro» constituye el mayor acto de traición.
Cuestionó la gravedad de esta decisión argumentando que la Constitución prohíbe expresamente que un extranjero participe en este órgano que ejerce de manera indirecta la soberanía de la República.
El diputado José Luis Pirela refirió como los cubanos, quienes llegaron de colaboradores al país, han terminado manejando «notarías, los registros, los cuerpos policiales (…) Están dentro de Fuerte Tiuna, manejando la seguridad y defensa del país con la complicidad del alto mando militar que permite esta traición a la patria».
Aseveró además que no conformes con esto, se han llevado millones de barriles de petróleo y están metidos en la zona minera desalojando indígenas de sus tierras para aprovecharse de los recursos naturales.
Pirela también los acusó de estar «incursos en la persecución, represión y el crimen contra políticos opositores venezolanos y militares disconformes. Son una especie de maldición contra Venezuela».
Al igual que Marquina, destacó el nombramiento del embajador cubano es una traición a la patria y ese acto solo «están legalizando el concubinato con ese país». Seguidamente, el diputado José Prat solicitó que la «confesión» de Maduro sea tratada como un delito.
Para cerrar el debate, Henry Ramos Allup señaló que «los cubanos viven de la chulería, las jineteras, el tráfico de drogas y de las remesas de los que llaman gusanos, y de Venezuela porque que aunque está exhausta aún le sacan leche».
Le enrostró al régimen que frente a esta «chulería» cubana, ellos apoyan la reclamación de Guyana en el Esequibo, porque son «mala casta» que traicionan «a la mano que les da de comer». Por ello instó a Maduro que le diga a Cuba «que apoyen a la mano que le da de comer».
Tras finalizar el debate, Juan Pablo Guanipa exhortó a los parlamentarios a producir un acuerdo de cámara, para la próxima sesión, en el que se declare a Maduro como traidor a la patria.
