Guaidó insta a militares y policías al desarme de grupos paramilitares
«Los mismos policías nos han denunciado el uso del parque de armas para la represión y amedrentamiento de ciudadanos», sentenció el parlamentario
La Asamblea Nacional aprobó un acuerdo donde se insta a funcionarios policiales y militares a lograr el desarme de grupos paramilitares, como denominó recientemente el parlamento a los civiles armados afectos al oficialismo, conocidos popularmente como «colectivos».
En el acuerdo propuesto por Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y que el martes 23 completó tres meses desde su juramentación como mandatario encargado del país, se instó a la Fuerza Armada Nacional y las instituciones del Estado a «promover y procurar actividades de entrega voluntaria de armas de fuego y municiones en situación de ilegalidad».
La FAN también tiene la orden de iniciar procedimientos «urgentes y necesarios» para lograr el desarme forzoso de grupos armados.
Durante su intervención en la sesión ordinaria, Guaidó dejó en claro que una cosa son los colectivos y otra estos grupos paramilitares que el Estado financia y utilizan el parque de armas para someter o amedrentar a la ciudadanía.
«Los mismos policías nos han denunciado el uso del parque de armas para la represión y amedrentamiento de ciudadanos», por parte de estos grupos, sentenció el parlamentario, al tiempo que dijo que el ataque a civiles desarmados que reclaman sus derechos constituye un delito de lesa humanidad.
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Guaidó aseveró que es necesario que «el régimen entienda» que los ciudadanos se mantendrán en la calle hasta lograr el cese de la usurpación, el primer paso de la oposición hacia una transición a la democracia.
También recordó la masacre de Kumaracapay, ocurrida el 23 de febrero de este año en la población de Santa Elena de Uairén (estado Bolívar), que fue realizada en conjunto por civiles armados y funcionarios militares. «Esto es un delito de lesa humanidad, no solo quien lo comete, sino también quien lo permite», dijo.
La diputada Delsa Solórzano recordó que el artículo 324 de la Constitución establece que el uso de las armas en el país es competencia del Estado. «Si los colectivos paramilitares tienen el control de esas armas es porque la satrapía lo permitió y se las suministró».
«Hay que proceder de inmediato al desarme de los grupos paramilitares, hoy Venezuela es el país más violento del mundo, delincuentes armados por Miraflores quieren someter a la población, pero este 1 de mayo saldrá a las calles», afirmó Solórzano.
Mientras que el parlamentario Carlos Bastardo, a nombre de la fracción 16 de julio, puso nuevamente sobre la mesa la opción de aprobar el artículo 187, numeral 11, que permitiría al mandatario encargado el aprobar una misión militar extranjera en el país para hacer frente a este tipo de grupos irregulares.
«Esto es un pacto de mafias que ocupó el poder, y tiene su silla en Miraflores», dijo Bastardo, al tiempo que denunció la presencia de grupos paramilitares extranjeros como la FARC, ELN, además de “chinos, rusos y cubanos” que han tomado parte del territorio.
Por su parte, el diputado José Sánchez señaló que luego del cese de la usurpación es necesario realizar una exhaustiva operación desarme para inutilizar esas armas «que provienen del mercado negro o que son robadas del parque de armas por malandros o los mismos policías que también extraen municiones».
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Sánchez detalló que en el «mercado negro», las armas de fuego son negociadas por miles de dólares dependiendo del calibre, y por ello también se observa el aumento de asesinatos de policías, que deben usar sus propias armas para realizar trabajados como custodia privada de personas o empresas, debido a los bajos sueldos que perciben.
En el acuerdo aprobado por la Asamblea Nacional también se establece iniciar la revisión de la legislación especial sobre esto, «a efectos de su actualización y optimización, que conlleve a la creación de un conjunto de leyes que promuevan la cultura de paz, la tolerancia y la convivencia ciudadana».
Zulia y la usurpación
Los diputados del Parlamento venezolano también se solidarizaron con tres diputados del Consejo Legislativo del Estado Zulia (CLEZ), pertenecientes al PSUV, y que fueron separados de sus cargos mediante procesos irregulares luego de denunciar la situación de la región debido al primer mega apagón ocurrido en marzo y pedir la destitución del entonces ministro de Energía Eléctrica, Luis Motta Domíguez.
Mediante un acuerdo, los parlamentarios ratificaron en sus cargos a Eduardo Labrador, José Vielma y la representante indígena Zenaida Fernández, amparados bajo cuatro artículos constitucionales referentes al ejercicio de los diputados.
Además, se pidió a la Comisión de Política Interior a investigar este caso para denunciar la vulneración de los derechos de los representantes populares. La denuncia también será llevada a instancias internacionales como la OEA, Corte Penal Internacional, Parlamento y Unión Europea con el objetivo de establecer «responsabilidades» políticas.
Desde la AN también se dijo que este suceso sirve para “motivar a todos los funcionarios públicos electos y designados a que sigan el ejemplo de los legisladores zulianos y se levanten contra una dictadura que ha generado la tragedia de incalculables dimensiones que vive el pueblo venezolano”.
