Guerra popular prolongada, por Javier Ignacio Mayorca
Un conflicto armado internacional en suelo venezolano rápidamente se alejaría de las recetas convencionales. La Fuerza Armada, indican documentos, pasaría a formar una especie de ejército irregular, junto a los milicianos y las comunidades organizadas
La Fuerza Armada Nacional viene preparándose para un conflicto armado irregular, en suelo propio. Esto no es nada fortuito. De hecho, si se analizan las adquisiciones llevadas a cabo a partir de 2010, y en especial durante el período de Nicolás Maduro, queda claro que para el régimen ese sería el único terreno en el que consideraría alguna posibilidad de salir victorioso. E invirtió en eso casi seis millardos de dólares, hasta convertirse en uno de los principales destinos de las armas fabricadas en China.
El Gobierno parecía avizorar lo que venía, y se preparó en consecuencia. El declive de la economía, derivado de la falta de sostenibilidad del modelo conocido como socialismo del siglo XXI, trajo consigo una agudización de los conflictos políticos y de la intranquilidad social. En el ciclo de marchas escenificado en 2014, conocido como La Salida, los manifestantes encontraron a una Fuerza Armada en un creciente proceso de apertrechamiento, que le permitió llevar a cabo el trabajo de represión, con un costo elevado de vidas humanas.
A menudo, Chávez habló ante los militares de la necesidad de configurar una teoría sobre la guerra asimétrica, que se adaptara a las particulares características del país. Pero esto vino a concretarse durante el mandato de Maduro, quizá cuando se percataron de que se trataba de un escenario altamente probable
En 2017, el Gobierno parecía tener más claro el panorama. En una decisión poco conocida, Maduro ordenó la conformación de un conjunto orgánico de fuerzas de acciones especiales, que abarcara no solo a los componentes de la Fuerza Armada Nacional (incluida la Milicia) sino también a la Policía Nacional. Fue entonces cuando se dio el impulso definitivo para transformar las unidades tácticas de ese cuerpo preventivo en la FAES, tal y como hoy la conocemos, con un mando militar. La participación de estos uniformados en los desfiles castrenses de Los Próceres resulta significativa.
En 2018, todos los ejercicios de defensa que se llevaron a cabo en el país tenían el mismo corte, aunque podía tener nombres distintos. Ya fuese Soberanía o Independencia, la idea central de estas actividades era concretar la particular noción de la fusión cívico-militar para la protección del régimen. Incluso, en la movilización de milicianos que hubo durante la tercera semana de diciembre, la idea era ponerlos a punto para insertarlos e incrementar el pie de fuerza combatiente a la orden de los otros componentes militares, en especial el Ejército y la Guardia Nacional.
A este respecto, resulta esclarecedor el contenido de un documento que fue analizado en las escuelas de formación de la FAN, y que en algún momento llegó a la consideración de los estados mayores generales. Lo llaman Manual de orden interno. Una de las secciones más controversiales plantea una detallada descripción de las etapas, o “periodización”, de la llamada “guerra popular prolongada”.
La primera parte de la guerra popular prolongada es la crisis. Puede prolongarse por semanas o meses. En ese lapso, “el enemigo crearía las condiciones políticas y técnico militares para la agresión”, lo que incluiría también una concertación con organismos multilaterales, como la Organización de Estados Americanos (mencionada de manera expresa en el documento), para legitimar las acciones que se emprendan con posterioridad.
Según el manual, para ese momento ya la guerra resulta inevitable. El Presidente, al percatarse de la inminencia del conflicto armado, decretaría un estado de conmoción, y toda la economía se incorporaría a la empresa bélica. Lo cual justificaría expropiaciones o requisiciones masivas, que incluyen desde inmuebles de empresas privadas hasta vehículos particulares.
La segunda parte, indica el Manual, comenzaría con los llamados “golpes” de la aviación enemiga. Este es en realidad el inicio formal de la guerra. Los objetivos primordiales serían los sistemas de defensa antiaérea, los centros de comando de tropas y de administración del Gobierno. Se parece a lo llevado a cabo durante las dos intervenciones en Irak (1990 y 2003), en el sentido de que los bombardeos quirúrgicos dan la primera campanada. El estimado de la Fuerza Armada indica que esta situación se prolongaría por una semana o diez días, y marcan una fase previa a las operaciones terrestres.
En los siguientes noventa días se desarrollaría una etapa de combate terrestre, según lo plasmado en el documento. Las acciones de resistencia se denominarían Operación Estratégica contra la Invasión. En esto, no pareciera haber muchas diferencias con respecto a los conflictos armados convencionales.
La guerra se prolongaría en el período siguiente. Y para esto es que se han llevado a cabo los últimos ejercicios, incluido el Angostura 2019. La FAN junto al “pueblo organizado”, pasaría a convertirse en una suerte de fuerza irregular. Las unidades y destacamentos que conserven su capacidad operacional continuarían librando “acciones clandestinas” hasta que se considere alcanzada la victoria. Como en Vietnam, esto se verificaría con la “expulsión de los invasores”.
Este, desde luego, prefigura un panorama apocalíptico con una altísima cifra de bajas humanas. Se presupone, además, una situación en la que la población en pleno saldría en defensa del régimen. Algo que, a juzgar por las últimas encuestas, puede ser puesto en duda
Breves
*Más de un tercio del pie de fuerza de la policía judicial es dedicado a labores que no tienen que ver estrictamente con la investigación criminal. Esta información fue suministrada por el ex director de ese organismo, Miguel Dao, al intervenir en una mesa de trabajo para el aporte de ideas en temas de seguridad ciudadana, con miras a un gobierno de transición. Esta jornada tuvo lugar en instalaciones de la Universidad Central de Venezuela. Según Dao, el problema también aqueja a cuerpos de policía preventiva. En el caso de Cicpc, el ponente observó con preocupación la creciente necesidad de distraer recursos para la custodia de detenidos, que no han sido admitidos en las instalaciones regidas por el ministerio para Servicio Penitenciario. Al tiempo que esta jornada se llevaba a cabo, llegaron informaciones sobre el hacinamiento en los despachos de esta policía. Por ejemplo, en la División contra Robos hay 57 personas en celdas. Como no caben más, han sacado a otras nueve a los pasillos de esa unidad. Y las mujeres fueron remitidas a los lugares donde operan los ejes de investigaciones de Homicidios. En Antiextorsión y Secuestros la situación no es mejor: han tenido que habilitar las escaleras y los pasillos entre las celdas para 91 detenidos. Recientemente, el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestros de la Guardia Nacional (Conas) también remitió un alerta a la superioridad, tomando en consideración que sus sedes tampoco están construidas para tener a presos hacinados. Lo que obliga a incrementar los grupos de vigilancia.
*En junio de 2018, la Contraloría General de la República inició una investigación sobre “presuntos hechos irregulares” en las loterías de Oriente y de Cojedes, a través de las respectivas juntas de beneficencia pública y bienestar social. Básicamente, de acuerdo con documentación disponible, en ese órgano se percataron de que las referidas loterías hacían sus sorteos sin contar con la presencia de notarios, que fungen como testigos de buena fe en el lugar donde se llevan a cabo tales actos. Pero este es apenas uno de los diversos problemas detectados en el mundo de los juegos de azar. El 11 de diciembre, el fiscal noveno de Caracas David Silva ofició al jefe de investigación de delitos financieros y económicos de Cicpc para que investigara a un grupo de empresas que supuestamente había actuado en contra de los intereses de la Asociación Nacional de Operadores de Juegos de Loterías (Asolot), mediante la supuesta utilización de un programa informático que carecía de la debida autorización, puesto que el único software avalado para tal fin tenía la licencia vencida. El problema radica en que no está garantizada la pulcritud de los sorteos electrónicos cuando se utiliza un programa pirata. Esto es lo que estaría sucediendo en varias de las versiones de la llamada “lotería de los animalitos”. La averiguación del Ministerio Público continúa en desarrollo. Pero los apostadores no han sido notificados debidamente sobre estas irregularidades. Solamente les dicen que los sorteos han sido suspendidos hasta nuevo aviso, como sucedió en la segunda quincena de enero.
