¿Hasta cuándo pagan nuestros niños?, por Griselda Reyes
Twitter: @griseldareyesq
El que miembros de la Guardia Costera de un país disparen a mansalva a un grupo de migrantes civiles e indefensos, arrebatándole la vida a un bebé de menos de un año e hiriendo a otros, es un acto aberrante. Como madre, sentí cómo se desgarraba el corazón al escuchar el relato desesperado de una mujer que vio cómo le asesinaron, en sus brazos, a su hijo.
Lo único que pasaba por la mente de esa treintena de desmoralizados venezolanos que se lanzaron a la mar con destino a Trinidad y Tobago, desde las costas de Delta Amacuro, era huir de la compleja crisis que vive nuestra nación para buscar mejores oportunidades, las que aquí les negaron.
No me cansaré de decirlo: migrar no es delito. Y mucha gente de Trinidad y Tobago lo sabe, pues en los años 70, miles de ellos atravesaron ese mismo mar Caribe para llegar a Venezuela, persiguiendo el sueño de cualquier ser humano: tener calidad de vida. Una cifra importante de trinitenses se asentó en las costas de Paria, donde forjaron un futuro para ellos y sus descendientes. Otro grupo importante se asentó en Caracas, la capital, donde ejercieron oficios de todo tipo, muchos de ellos indocumentados. Pero nada de eso importó a cada venezolano que lo acogió como uno más, sin discriminación alguna, como hemos hecho con todas las olas migratorias que llegaron a esta Tierra de Gracia, durante el siglo XX y parte de lo que va del XXI, a probar suerte.
Lo que ocurrió el pasado 5 de febrero fue un acto ruin y cobarde que no tiene justificación alguna. Sabemos que cada país tiene sus políticas migratorias, pero por encima de ellas debe prevalecer el derecho humano a la vida, el primero y más importante de todos.
Los Estados deben garantizar rutas seguras a los migrantes; implementar protocolos de rescate que garanticen la protección de sus derechos, especialmente en situaciones de riesgo; y evitar el uso de armas letales.
Quienes atentaron contra nuestros hermanos venezolanos en aguas abiertas del Caribe, aplicaron aquello de que “disparen primero y averigüen después”. Lamentablemente, el maltrato hacia venezolanos en esa isla no es nuevo. Desde que comenzó la ola migratoria fuerte en 2017, los han deportado en masa, obviando las solicitudes de asilo o el estatus de refugiado, y a muchos los han condenado a penas de cárcel por entrar ilegalmente en su territorio, como si se tratara de delincuentes.
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Como miembro del Comité de Mujeres Líderes de América alzo nuevamente mi voz para repudiar todo acto de xenofobia y crueldad que se registre contra algún venezolano en cualquier parte del mundo.
Los nombres de las actuales autoridades de Trinidad y Tobago quedarán grabados con la tinta de la mezquindad, en los libros de la historia del continente. No solo se trata de investigar a la Policía y la Guardia Costera de ese país por el doloroso hecho que hoy enluta a Venezuela, sino también de sancionar a los responsables y reparar integralmente a los familiares del pequeño.
¿Por qué tanto odio contra nuestros hermanos que buscan hacer lo propio con trabajo digno y honesto en el vecino país?
No nos cansemos de visibilizar esta tragedia en que se ha convertido la diáspora venezolana. Este desgobierno que lleva más de dos décadas aferrado al poder, no ha hecho lo que le corresponde. La miseria y el hambre que han generado son causas suficientes para que más de seis millones de connacionales abandonaran el país desde 2017.
El último estudio de la Organización Internacional para las Migraciones, dice que los venezolanos trabajan mucho más que cientos de miles personas en Colombia y Perú, pero ganan menos, y por mucho. Solo 10% de los seis millones de venezolanos que se han ido, pudieron regularizar su situación migratoria en los países de destino.
Hoy responsabilizo de nuevo a quienes ejercen el poder, por ser los causantes de este desplazamiento que ha terminado en desenlaces fatales con niños asesinados en alta mar; mujeres siendo víctimas de trata en otros países; menores muriendo ahogados en ríos en la frontera con Estados Unidos; hombres y mujeres pereciendo en las carreteras internacionales, víctimas del frío o del calor extremo y la deshidratación; hombres, mujeres y niños recibiendo trato de esclavos y maltratos físicos, verbales y emocionales en los países de destino, como si se tratase de enfermos de lepra.
Es nuestra gente, que despavorida de la crisis humanitaria compleja que atraviesa Venezuela, prefiere caminar a merced de coyotes inescrupulosos, sin que el Estado venezolano mueva un dedo para frenar esta situación.
Un llamado de conciencia
Como mujer y ciudadana exijo a la Cancillería venezolana que cumpla el rol que le corresponde. El comunicado que emitieron el pasado lunes deja mucho que desear. Por menos, han llamado a capítulo a embajadores de Venezuela en otros países ¿Por qué no lo han hecho con nuestro delegado diplomático en Puerto España?
Eso de activar los mecanismos diplomáticos para, cito textualmente, “…establecer los protocolos binacionales necesarios para consolidar la dinámica de seguridad transfronteriza que preserve el buen entendimiento entre nuestros países”, se interpreta de cualquier manera. Yo lo veo como un “aquí no ha pasado nada y sigamos con nuestros negocios”.
Venezuela tiene que actuar. El Estado está obligado a proteger y defender la dignidad de todos sus ciudadanos, sin importar donde se encuentren. ¡Señor, Canciller, cumpla con su tarea! Se lo exijo como venezolana.
Y finalmente, quiero decirles a nuestras madres que entiendo perfectamente la desesperación que supone no poder llevar el pan a la mesa de sus hogares, pero las invito a reflexionar antes de abandonar el país por fronteras que, además, se tornan doblemente peligrosas. Evitemos otra tragedia.
Nuestro país no ha salido del luto ocasionado por tantos hermanos que han perdido la vida intentando llegar a otros países. No olvidemos a todos los que, en los últimos años, han muerto en altamar tratando de llegar a Aruba, Curazao, Bonaire o Trinidad y Tobago. A los venezolanos que han perdido la vida tratando de cruzar las trochas clandestinas hacia Colombia; a quienes han caído en Brasil, Perú, Ecuador, Chile, México, Panamá o Estados Unidos.
Veámonos todas hoy en el espejo de esa maestra venezolana, a quien el pasado sábado le asesinaron a su hijo en brazos. Hagamos todo lo que esté a nuestro alcance para preservar la vida de nuestros hijos y no los arriesguemos poniéndolos en la mira de quienes nos ven como enemigos o peor aún, como una mercancía para transar.
Grisela Reyes es empresaria. Miembro verificado de Mujeres Líderes de las Américas.
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