«Hasta el 2021» o quedarse el bastón de mando: ocho hitos para perpetuar la «revolución»
La «revolución bolivariana» cumple 25 años gobernando Venezuela. Lo que comenzó con una propuesta de hacerlo «hasta 2021» de Hugo Chávez cuando aún la Constitución no se lo permitía, finalmente ha sido transformado por su heredero Nicolás Maduro en el «hasta el dos mil siempre». Estos son ocho hitos contribuyeron a esta historia
Nicolás Maduro ratificó que tomará posesión el próximo 10 de enero, en medio de dudas sobre la transparencia de las elecciones presidenciales que ocurrieron en Venezuela el pasado 28 de julio.
El gobernante en más de una ocasión ha repetido durante sus alocuciones que jamás entregará el «bastón» de mando a quienes considera «oligarcas» «de la extrema derecha» o aliados de Estados Unidos.
Antes, el expresidente Hugo Chávez decía que la llamada «revolución» llegaría hasta el 2021. Ahora los propios funcionarios del Estado —entre ellos el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello— avizoran varias décadas de «socialismo» al frente de la administración.
¿Pero cómo se diseñó el sistema en el cuál la Revolución Bolivariana, primero con Hugo Chávez y luego con Maduro al frente, movió sus hilos para perpetuar su ideal? He aquí los hitos del «Socialismo del siglo XXI».
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Constituyente, un año extra a la revolución
Para contar esta historia hay que remontarse a 1998, cuando Hugo Chávez resultó electo presidente de Venezuela debido a lo que muchos calificaron como «la desilusión de la ciudadanía por los partidos tradicionales». Un año después a través de un referendo la población aprobó una nueva Constitución que sustituyó a la de 1961, a la que Chávez denominó «la moribunda» y que convirtió al país en la República Bolivariana de Venezuela.
La nueva Constitución que se aprobó en el referéndum del 15 de diciembre de 1999, con 80% de votos a favor, aumentó el período presidencial de cinco a seis años, permitió la revocación mediante referéndum del mandato de servidores públicos electos, incluido el presidente, y permitió la reelección inmediata para la primera magistratura.
En julio de 2000 se celebraron las primeras elecciones presidenciales bajo la nueva Constitución, y en este proceso Chávez fue reelecto como presidente.
Abril de 2002: golpe a la revolución
En 2002, específicamente el 11 de abril, el Alto Mando Militar anunció que Hugo Chávez renunciaba a la presidencia, lo que derivó en lo que se conoció como «El Carmonazo», cuando el entonces presidente de la agrupación empresarial Fedecámaras Pedro Carmona Estanga asumió el Ejecutivo y disolvió los poderes del Estado. Así, pierde el apoyo militar y el golpe fracasa. El 13 de abril Chávez vuelve al poder.
En 2004 Chávez ganó el primer y único referendo revocatorio en Venezuela, lo que le permitió completar los restantes dos años y medio de su período. Un año más tarde comenzó a apretar la tuerca, primero a los medios de comunicación: se aprobaron regulaciones que estipulaban fuertes multas y hasta cárcel en caso de difamación a figuras públicas.
Revolución «hasta el 2021»
El segundo período presidencial de Chávez fue en el que más se abonó el camino a la perpetuidad de su ideal, pero también con su figura al frente de la administración pública. Fue reelecto en diciembre de 2006. Un mes después y tras tomar posesión anunció la nacionalización de las compañías energéticas y de comunicaciones.
En mayo de ese año negó la renovación de la licencia de transmisión del canal de televisión RCTV, crítico a su gestión. Esto generó protestas masivas y una fuerte condena internacional. Expertos calificaron la medida como un intento de imponer una verdad absoluta. La señal fue sustituida por un canal estatal.
La victoria «pírrica»
En diciembre de 2007 se hizo un nuevo referendo en Venezuela. Chávez perdió: su propuesta era modificar 69 artículos de la Carta Magna de 1999, entre los cuales estaba el de conformar al país como un Estado Socialista y aprobar la reelección indefinida para la presidencia de la República.
Menos de dos años después, en febrero de 2009, sometió a referendo una enmienda constitucional para autorizar la reelección indefinida del presidente, pero también de gobernadores estadales, alcaldes y parlamentarios. La propuesta fue aprobada. En paralelo, muchas de las propuestas rechazadas en la reforma de 2007 fueron impuestas por la vía del decreto presidencial.
Entretanto, la censura avanzaba a través de medidas administrativas. En agosto 2009 se produjo el primer apagón masivo de emisoras de radio, cuando 34 estaciones fueron sacadas del aire por orden de Conatel, entonces a cargo de Diosdado Cabello. La metodología se haría común en los años siguientes.
En 2012 el Estado a través de Conatel obligó al canal de noticias Globovisión a pagar una multa de 2,1 millones de dólares para evitar que sus equipos fuesen confiscados. El ente regulador impuso la multa al canal por la cobertura de los disturbios en las prisiones, lo que incrementó el miedo de los medios tradicionales.
Pase de testigo
Fue en octubre de 2012 cuando Chávez ganó su cuarto período en el cargo. Dos meses después anunció que regresaba a Cuba para continuar un tratamiento contra el cáncer e instó al país a que votara por Nicolás Maduro «si algo llegara a pasar».
El 5 de marzo de 2013, el gobierno venezolano anunció que el presidente Hugo Chávez había fallecido a los 58 años. En abril se realizaron nuevas elecciones en las cuales Nicolás Maduro ganó por un muy estrecho margen. El contrincante Henrique Capriles Radonski y líderes de la oposición pusieron en duda los resultados.
Tras la llegada al poder de Maduro, la persecución contra la oposición arreció. En febrero de 2014 el líder opositor Leopoldo López, acusado por el gobierno de instigar actos de violencia, se entrega a las autoridades. Al menos 28 personas murieron en actos de protesta.
En diciembre de ese mismo año, la Fiscalía, que estaba a cargo de Luisa Ortega Díaz, acusó formalmente a la líder opositora María Corina Machado de conspirar para asesinar al presidente Maduro. Luego, en febrero de 2015 el entonces alcalde de Caracas, Antonio Ledezma fue acusado de planificar un golpe de Estado con el apoyo de Estados Unidos.
La Asamblea Nacional en desacato
En diciembre de 2015 la oposición vio luz. La coalición de la Unidad Democrática ganó las dos terceras partes de la Asamblea Nacional, poniendo fin a 16 años de control del Partido Socialista sobre el parlamento.
Denuncias de irregularidades electorales hicieron que el Tribunal Supremo de Justicia -afín al chavismo- anulara la elección de tres diputados opositores, rompiendo la mayoría calificada opositora. El parlamento los juramentó pues ya habían sido acreditados por el Consejo Nacional Electoral.
Así, una semana después de comenzar la legislatura, en enero de 2016, el TSJ declaró “en desacato” a la Asamblea Nacional y por tanto nulas todas sus decisiones anteriores y subsiguientes.
En septiembre de 2016 se activaron protestas en Caracas exigiendo la renuncia de Maduro, y se promovió un nuevo referendo revocatorio que tribunales regionales bloquearon
En abril de 2017 al Tribunal Supremo finalmente emite una sentencia donde se abroga la acción legislativa y despoja a la Asamblea Nacional de sus funciones. Esto desató una ola de protestas que dejó un saldo de más de 90 personas muertas en disturbios.
Desde el poder Ejecutivo, Maduro convocó a una asamblea constituyente para redactar una nueva Carta Magna a instalarse a partir de agosto de ese año. Esa instancia estuvo vigente durante tres años, se asumió como poder legislativo y no produjo una nueva constitución.
Abstención y desconfianza en el árbitro
El 20 de mayo de 2018 se convocó nuevamente a elecciones presidenciales en Venezuela, con el precedente de que en 2017 la empresa dueña de las máquinas de votación, Smartmatic, afirmó que el CNE había inflado un millón de votos durante la constituyente de 2017.
En reclamo por condiciones electorales, la oposición se abstuvo de presentar candidato y desconocer el evento. Maduro se atribuyó la victoria en las elecciones, con 68% de los votos. En enero de 2019 Maduro asumió su segundo mandato, frente a la duplicidad institucional de una «presidencia interina» de Juan Guaidó.
En diciembre de 2020 el chavismo ganó cómodamente las elecciones parlamentarias que también intentaron ser boicoteadas por los principales partidos y líderes de la oposición, que no participó, y por una masiva abstención. El parlamento resultante, controlado por el oficialismo, ha desarrollado leyes contra la sociedad civil, contra partidos políticos y para instaurar normas que limitan la participación de la disidencia en el juego político.
En 2021 se realizaron elecciones regionales y municipales, con la oposición participando dividida.
El 28J
En este 2024, de elecciones presidenciales, el gobierno de Nicolás Maduro activó una nueva ola represiva previa al proceso electoral del 28 de julio, a través de detenciones a dirigentes y activistas de la oposición. Se ratificó la inhabilitación política de María Corina Machado y se impidió la candidatura de la profesora Corina Yoris, quien pretendió reemplazarla. A última hora se permitió la inscripción de Edmundo González Urrutia por la Mesa de la Unidad Democrática, como un «candidato tapa» luego definitivo.
El resultado dado por el CNE, que nombró a Maduro como ganador con poco más de seis millones de votos, estuvo marcado por un hecho sin precedentes: el ente electoral nunca presentó los resultados desagregados y lo adjudicó a un hackeo masivo que dejó fuera de servicio la página oficial del CNE. Además, se entregó el acta de proclamación a Maduro con solo 80% de los votos escrutados, no se anunció la totalización del 100% y tampoco se publicó la Gaceta Electoral como manda la ley.
La oposición denunció fraude y hubo protestas callejeras, especialmente en sectores populares. Luego de casi una semana de manifestaciones de calle en distintos estados del país, que dejaron una veintena de muertos, el Gobierno anunció haber detenido a más de dos mil personas. Entre los encarcelados estuvieron más de un centenar de adolescentes y menores de edad, cuyos familiares y los de otros presos denunciaron torturas y malos tratos. El gobierno acusó a los aprehendidos de terrorismo e incitación al odio. Una docena de periodistas también fue víctima de detenciones arbitrarias.
Cuando falta poco más de un mes para el 10 de enero, fecha establecida para la toma de posesión presidencial, la Asamblea Nacional aprobó la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar que estipula la inhabilitación política de 60 años contra quienes apoyen «sanciones extranjeras» y estipula penas de prisión de hasta 30 años. Su articulado abre la puerta a castigos contra cualquier persona que se presuma respalda acciones contra las autoridades.
