Histeria roja, por Teodoro Petkoff
Los casos de Oswaldo Álvarez Paz, Guillermo Zuloaga y Wilmer Azuaje, cada uno en su propio contexto y circunstancias, poseen un denominador común: la acentuación progresiva de la deriva represiva del régimen. Nada de lo que hayan podido hacer o decir cada uno de los tres habría sido motivo de detención y juicio en ningún país medianamente democrático. Es obvio que las acusaciones que se les hicieron no fueron sino pretextos para aplicarles medidas represivas, previamente decididas en las alturas del poder. Como quien dice, los estaban cazando y los verdugos sólo esperaban el motivo que pudiera dar pie para ejecutarlas. No es coincidencia que a cada uno se les impute un supuesto delito de opinión. El cerco sobre la opinión independiente y crítica continúa estrechándose, pero incluyendo ahora medidas represivas directas. El propósito es el de todos los regimenes tiránicos: gobernar a través del miedo.
Crear un estado de ánimo en la población que lleve a esta misma a autosilenciarse, a callar ante los desafueros, atropellos y delitos que pudieran cometer funcionarios del oficialismo. La ideas es que el miedo vaya paralizando y anestesiando a la población. Que la indiferencia vaya ganando a la opinión pública.
Afortunadamente, este no es nuestro caso. No es la venezolana una población anestesiada ni indiferente. Y eso es lo que explica los manotazos represivos. El régimen no ha podido, hasta ahora, doblegarnos ni someternos y sabiéndose casa vez más deshilachado, apela a la brutalidad policial y judicial. Existe una correlación directa entre la sostenida disminución del respaldo popular al régimen y la acentuación de la represión.
Al contrario de lo que piensan Chacumbele y sus acólitos, las recientes arbitrariedades son tan burdas, tan torpes, tan carentes de sentido, que no pueden sino generar una mayor arrechera entre la gente.
¿Qué dijo Álvarez Paz, que no sea hecho público y notorio, denunciado esta vez por el máximo tribunal de España, cual sería la complicidad de funcionarios oficiales con ETA y FARC? Imputarlo por esa razón es tomar por desinformados a los venezolanos, que tenemos años oyendo y sabiendo de la tolerancia oficial ante la presencia de guerrilleros colombianos en nuestro territorio. ¿Qué dijo Zuloaga que no sea sabido desde el propio 11 de Abril de 2002, cuando el presidente ordenó activar el Plan Ávila, cuya misión no es propiamente la de lanzar papelillo y caramelos? ¿Qué ha hecho y dicho Wilmer Azuaje que no sea denunciar en todos los tonos el obsceno y ostentoso enriquecimiento de la familia del presidente en el estado Barinas? ¿Es esto mentira? Por cierto que en este último caso, la actuación de los millonarios magistrados del TSJ, que con toda celeridad autorizaron el juicio al diputado Azuaje, y la bajeza infinita de la mayoría oficialista en la AN, despojando de la inmunidad parlamentaria a su colega, ponen en evidencia, de manera clamorosa, el estado de degradación política, moral y ética de la élite gobernante. Es como si se complaciera en su propio envilecimiento.
