HRW asegura que juramentación de Maduro «consolida el autoritarismo en Venezuela”
Human Rights Watch (HRW) urge a la comunidad internacional «respaldar los esfuerzos para garantizar la rendición de cuentas por las graves violaciones de derechos humanos cometidas en Venezuela»
La directora para las Américas de Human Rights Watch, Juanita Goebertus, afirmó que «la toma de posesión de Maduro es el resultado final de una elección que desconoció abiertamente la voluntad del pueblo, y consolida el autoritarismo en Venezuela». La afirmación se hizo en el Informe Mundial 2025 de HRW presentado este jueves 16 de enero.
La directora ejecutiva de esta organización, Tirana Hassan, afirmó que en gran parte del mundo los gobiernos reprimieron, arrestaron y encarcelaron injustamente a opositores políticos, activistas y periodistas. También señaló que grupos armados y fuerzas gubernamentales mataron a civiles, obligaron a muchos a abandonar sus casas y bloquearon el acceso a la ayuda humanitaria.
En este sentido, la organización indicó que en Venezuela la represión aumentó antes de las elecciones del 28 de julio y «escaló a niveles brutales luego de que las autoridades anunciaran, sin prueba alguna, que Maduro había sido reelecto presidente».
*Lea también: Algunos «detalles» del acto de juramentación de Nicolás Maduro
Juanita Goebertus añadió que el año pasado, «el gobierno venezolano emprendió una brutal represión para silenciar la crítica y aferrarse al poder». Hasta el 15 de enero, en el país había 195 militantes de partidos opositores detenidos, 63 excarcelados, para un total de 258 militantes de partidos políticos perseguidos desde el 23 de enero de 2024, de acuerdo con un registro de Vente Venezuela, que incluye a militantes de todos los partidos opositores, incluyendo Un Nuevo Tiempo (UNT) y Centrados, que tienen tarjeta activa.
Algunas consideraciones que HRW expone sobre la situación venezolana son las siguientes:
- Observadores internacionales como el panel de expertos electorales de las Naciones Unidas y el Centro Carter plantearon serias dudas sobre la legitimidad de los resultados. El Centro Carter señaló que las actas de escrutinio recogidas por la oposición mostraban que el candidato opositor Edmundo González había ganado las elecciones por un margen significativo.
- Tras el anuncio de los resultados electorales, miles de manifestantes salieron a las calles, en protestas mayoritariamente pacíficas, para exigir un conteo justo de los votos. Las autoridades venezolanas y grupos armados partidarios del gobierno, conocidos como «colectivos», respondieron con violencia y abusos generalizados. 23 manifestantes y transeúntes fueron asesinados durante las protestas, y las autoridades detuvieron y procesaron arbitrariamente a manifestantes y críticos del gobierno, entre ellos a decenas de adolescentes.
- Más de 20 millones de venezolanos viven en pobreza multidimensional, sin acceso adecuado a bienes, servicios y derechos esenciales, incluyendo alimentos y medicamentos. El Plan de Respuesta Humanitaria de la ONU sigue estando gravemente desfinanciado y cuenta actualmente con menos de 28% de los fondos requeridos.
- Desde 2014, aproximadamente ocho millones de venezolanos han huido del país y, según encuestas recientes, 43% está considerando la posibilidad de irse.
*Lea también: Juramentación de Maduro: medios internacionales lo reseñan como ilegítimo y dictador
Human Rights Watch urge a la comunidad internacional «respaldar los esfuerzos para garantizar la rendición de cuentas por las graves violaciones de derechos humanos cometidas en Venezuela», incluso con el apoyo a la investigación que adelanta la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) y la imposición de sanciones individuales a los responsables de graves abusos.
De la misma manera, pide a los gobiernos ampliar el acceso a refugio y otras formas de protección internacional para los venezolanos que huyen de su país en busca de mejores oportunidades de vida.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
