HRW pide a Ecuador que proteja los derechos de los migrantes venezolanos
Se estima que unos 250.000 venezolanos han llegado a Ecuador y la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados ha señalado que, hasta diciembre de 2018, más de 13.000 venezolanos habían pedido asilo y otros más de 98.000 tenían otro tipo de estatus regular
Human Rights Watch (HRW) solicitó este miércoles a Ecuador que proteja los derechos de los migrantes venezolanos en un escrito presentado ante la Corte Constitucional bajo la modalidad de amicus curiae.
Ese tribunal tiene programada para el próximo viernes una audiencia sobre las medidas de acceso y tránsito en el país aplicadas por el Estado ecuatoriano y en previsión de ello, HRW ha presentado su opinión para colaborar en la resolución de la materia objeto del proceso.
En un comunicado, la ONG con sede en Washington, recuerda que el pasado 11 de marzo la Defensoría del Pueblo de Ecuador, junto con representantes de varias organizaciones ecuatorianas, «solicitaron a la Corte Constitucional que declarara que los requisitos impuestos por el Gobierno ecuatoriano a los venezolanos que buscan radicarse en Ecuador son inconstitucionales».
Y el 27 de ese mes, una sala de tres jueces admitió la acción de inconstitucionalidad y adoptó medidas provisionales suspendiendo dichos requisitos hasta la resolución definitiva del caso.
En agosto de 2018, y a raíz de un flujo masivo migratorio procedente de Venezuela, las autoridades ecuatorianas anunciaron que exigirían que los venezolanos presentaran un pasaporte para ingresar en el país, cuando hasta entonces podían acceder al territorio ecuatoriano con una cédula de identidad.
El Gobierno ecuatoriano suspendió esa medida tras el dictamen de una jueza que se pronunció en contra, pero anunció un acuerdo interministerial que se exigiría que los venezolanos sin pasaporte presentarán un certificado legalizado o apostillado de sus documentos, emitido por una autoridad internacional o regional reconocida por Ecuador.
Y en enero pasado se sumó la decisión adoptada al calor de un crimen machista protagonizado por un venezolano, de que debían presentar adicionalmente los antecedentes penales de su país de origen o donde hayan residido en los últimos cinco años, requisito del que quedaban exentos menores, mayores de 65 años, con discapacidad o en una situación o estatus especial.
Todos esos requisitos de acceso quedaron en suspenso a raíz de la decisión judicial.
«La crisis política, económica, humanitaria y de derechos humanos en Venezuela genera una multiplicidad de factores que provocan que los venezolanos se vayan del país y que no puedan o no deseen regresar», aseguró el director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, en el comunicado emitido este miércoles 8 de mayo por la organización.
Y recalcó que «algunos de estos factores, por sí solos, podrían bastar para que una persona obtenga la condición de refugiada, mientras que el impacto acumulativo de varios factores podría habilitar a otras a solicitar el reconocimiento como refugiados.»
El responsable regional de la ONG recordó que buena parte de los que huyen de Venezuela no cumplen con los requisitos para solicitar estatus de refugiados, «pero enfrentarían graves dificultades si fueran obligadas a regresar a Venezuela y tienen una necesidad urgente de recibir asistencia humanitaria en los países a los cuales han migrado».
De acuerdo a datos de la Oficina de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) para los refugiados y los migrantes de Venezuela, más de 3,7 millones de venezolanos han huido de su país.
Se estima que unos 250.000 venezolanos han llegado a Ecuador y la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados ha señalado que, hasta diciembre de 2018, más de 13.000 venezolanos habían pedido asilo y otros más de 98.000 tenían otro tipo de estatus regular, menciona el escrito de HRW.
Con información de EFE
