HRW acusa a las FAES de «abusos aberrantes» durante actuaciones en frontera con Colombia
El director HRW para las Américas afirmó que las atrocidades cometidas en Apure «no son incidentes aislado por agentes insubordinados, sino que son consistentes con los abusos sistemáticos de las fuerzas de seguridad de Maduro»
Human Rights Watch (HRW) acusó a las fuerzas de seguridad venezolanas de las ejecuciones extrajudiciales de al menos cuatro civiles, de detenciones arbitrarias y de torturas, entre otros «abusos aberrantes» contra la población del estado de Apure, fronterizo con Colombia.
Además, la organización encontró que «estos casos siguen un patrón similar al de los abusos sistemáticos de las fuerzas de seguridad del régimen que han originado investigaciones internacionales sobre posibles crímenes de lesa humanidad en Venezuela»; por lo que considera que la Corte Penal Internacional y a la Misión de Determinación de Hechos «deberían analizar la posible responsabilidad de quienes están implicados de manera directa en las ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y torturas en Apure».
De la misma manera, HRW sostiene que se debería examinar la posible responsabilidad de los comandantes y autoridades «del más alto nivel que habrían ordenado los abusos o no habrían adoptado las medidas necesarias para prevenir estos delitos o exigir que los responsables rindan cuentas por sus actos».
José Manuel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, afirmó que las atrocidades cometidas en Apure «no son incidentes aislado por agentes insubordinados, sino que son consistentes con los abusos sistemáticos de las fuerzas de seguridad de Maduro».
Nuevo informe de @hrw sobre ejecuciones, procesos contra civiles ante tribunales militares y torturas en Apure.
Estas atrocidades deben ser parte del análisis de la fiscalía de la @IntlCrimCourt sobre delitos de lesa humanidad por el régimen de Maduro.
https://t.co/F9wcAbheCz pic.twitter.com/zKBxXFupyj— Tamara Taraciuk (@TamaraTaraciuk) April 26, 2021
Entre marzo y abril, Human Rights Watch entrevistó a 68 personas en forma presencial en el departamento de Arauca y por teléfono. Entre ellas se incluyen 38 personas que habían huido de Apure, así como abogados, peritos forenses, líderes comunitarios, periodistas, autoridades colombianas locales y representantes de organizaciones humanitarias y de derechos humanos. La mayoría de los testigos de abusos temían sufrir represalias en Venezuela y hablaron bajo la condición de que no se divulgaran sus nombres ni otros datos que permitieran identificarlos.
Human Rights Watch también examinó información proveniente de autoridades colombianas y venezolanas y otras pruebas, así como fotos, videos y grabaciones de audio de ataques, de saqueos y de personas cruzando el río hacia Colombia. La Fiscalía General de la República y la Defensoría del Pueblo de Venezuela no respondieron a los pedidos de información realizados por Human Rights Watch.
El 21 de marzo se produjeron enfrentamientos en varias zonas rurales de Apure entre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y un grupo disidente de las desmovilizadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) conocido como el Frente Décimo Martín Villa. Desde entonces, al menos 5.800 personas han huido del estado Apure hacia Colombia, según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).
Los desplazados identifican como responsables de los abusos a la Fuerza Armada Nacional (FAN), a las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana, a la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y al Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas).
Recomendaciones para Colombia
Human Rights Watch recomienda a la administración del presidente Iván Duque
- Llevar a cabo un censo integral en Arauca de todos los venezolanos y colombianos que se vieron obligados a huir de Apure, incluidos aquellos que en la actualidad no se alojan en albergues, y garantizar a los desplazados la posibilidad de acceder a un estatus legal en Colombia.
- Asegurar que quienes llegan a Arauca tengan acceso a asistencia humanitaria básica, incluyendo comida, alojamiento, equipos de protección personal y otros insumos de higiene necesarios para prevenir la propagación de la covid-19, atención médica que incluya acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, y acceso a agua potable y sanidad básica.
- Implementar efectivamente la declaratoria de “situación de calamidad pública”, decretada el 6 de abril en Arauquita, la cual conforme al derecho colombiano permitiría asignar más recursos del gobierno nacional a los esfuerzos humanitarios para brindar asistencia a los desplazados venezolanos y colombianos en Arauquita.
A los gobiernos donantes y los organismos humanitarios internacionales les recomienda apoyar las iniciativas para que las autoridades de Arauca que administren albergues creados para alojar a los miles de desplazados que huyeron recientemente de Apure cuenten con ayuda humanitaria suficiente.
*Lea también HRW pide a la CPI analizar a responsables de cometer «abusos aberrantes» en Apure
