HRW pidió a Petro que abogue ante Maduro por habilitación de María Corina Machado
HRW instó a Gustavo Petro «aprovechar su acceso al gobierno de Maduro» para abogar por la habilitación de María Corina Machado. Opinó que decisión del TSJ es violatoria al Acuerdo de Barbados porque se le impide a un sector político poder escoger con libertad a su candidato y puede poner en riesgo el diálogo y la posibilidad de una solución negociada a la situación actual de Venezuela
La directora para las Américas de Human Rights Watch (HRW), Juanita Goebertus, envió una misiva al presidente de Colombia, Gustavo Petro, en el que le pide pronunciarse sobre las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de mantener la inhabilitación para ejercer cargos públicos contra la coordinadora de Vente Venezuela, María Corina Machado, y el exgobernador de Miranda Henrique Capriles.
El texto, con fecha del 1° de febrero y publicado en el portal de HRW, Goebertus indicó que desde esa organización están preocupados por la inhabilitación contra Machado porque dicha sentencia está violando sus derechos políticos y «amenaza los derechos de todos los venezolanos a participar en elecciones justas y libres». Por ello, le exhortan a pedir tanto pública como privadamente, junto a otros gobiernos, que se le permita a la dirigente política poder competir en las elecciones.
«Señor presidente, espero que el gobierno de Su Excelencia pueda aprovechar su acceso al gobierno de Maduro para desempeñar un rol positivo en este momento determinante para el futuro de Venezuela. Asegurar un retorno de una democracia respetuosa de los derechos humanos en Venezuela debe ser una prioridad de toda la región y en especial de Colombia.
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Para HRW, la decisión del TSJ es violatoria al Acuerdo de Barbados porque se le impide a un sector político poder escoger con libertad a su candidato. A su juicio, esta decisión puede poner en riesgo el diálogo y la posibilidad de una solución negociada a la situación actual de Venezuela.
Recordó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) concluyó que «la inhabilitación de candidatos a través de procesos administrativos contradice la Convención Americana sobre Derechos Humanos.[5] Sobre la base del artículo 23 de la Convención, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha ordenado que las autoridades venezolanas se eximan de emplear procedimientos administrativos para inhabilitar a candidatos» y le recordó que sufrió un proceso similar cuando fue alcalde de Bogotá.
Varios países latinoamericanos emitieron pronunciamientos el lunes 29 de enero debido a la actual situación política en Venezuela generada tras la confirmación, por parte del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), de las inhabilitaciones para ejercer cargos públicos contra la coordinadora de Vente Venezuela, María Corina Machado, y el exgobernador de Miranda Henrique Capriles.
Chile, Panamá, Costa Rica, República Dominicana, Argentina, Reino Unido, Paraguay, Uruguay, Guatemala, Ecuador y más recientemente Japón se han pronunciado hasta el momento para rechazar la inhabilitación de Machado y solicitan, tanto al oficialismo como a la oposición, que mantengan el compromiso con lo acordado el pasado octubre en Barbados, donde se fijaron una serie de condiciones para las elecciones presidenciales venezolanas, que se celebrarán durante el segundo semestre del año.
