En 2019, violencia carcelaria dejó 149 muertos en prisiones de 15 estados del país
“Esto no es más que una síntesis de todo lo ocurrido en el 2019, para que la CIDH lo tome como suministro oficial del gobierno encargado de Venezuela y que la situación a la que las víctimas han sido sometidas no quede impune”, dijo en rueda de prensa virtual Humberto Prado, comisionado para los Derechos Humanos y Atención a las Víctimas designado por Juan Guaidó
Este lunes 20 de julio Humberto Prado, comisionado para los Derechos Humanos designado por el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Juan Guaidó, presentó el informe «Venezuela entre la oscuridad y la esperanza: Informe de DDHH 2019», en que el se detallan las violaciones a los derechos fundamentales perpetradas por el régimen de Nicolás Maduro contra la ciudadanía.
Prado señaló que el 2019 se caracterizó por la agudización del conflicto político y la crisis social en el país. Apuntó que los trabajadores de la prensa fueron los principales blancos de la violencia, durante los intentos de reportar los sucesos de la nación.
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Recordó que el año pasado seis canales internacionales fueron sacados de la programación, 20 emisoras salieron del aire por orden de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) y se registraron más de 28 casos de bloqueos y ataques cibernéticos a sitios webs informativos, en plataformas de redes sociales durante la transmisión de discursos o movilizaciones políticas opositoras.
El comisionado para los DDHH y atención a las víctimas designado por Juan Guaidó dijo que el informe también da cuentas de las al menos 2.219 detenciones arbitrarias relacionadas al ejercicio de la libertad de expresión y que las principales víctimas de estas fueron trabajadores públicos y de la prensa.
En el informe «Venezuela entre la oscuridad y la esperanza: Informe de DDHH 2019» también se expusieron las actuaciones de funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES). De acuerdo a lo señalado por la comisión entre enero y mayo 1.560 personas fueron asesinadas, bajo el calificativo de “resistencia a la autoridad”. A su juicio, esto esquematiza un patrón de conducta al momento de ejecutar acciones criminales. También han incurrido en todo tipo de crímenes, al momento de generar represión. El 95% de casos de tortura registrados por el Instituto de Casla evidencian prácticas de violencia sexual.
Otro de los temas expuestos en el informe fue el del deterioro de los servicios público. La comisión señaló que al menos 4,3 millones de venezolanos no tienen acceso a agua potable de calidad. En cuanto a la electricidad, 48% de los consultados manifestó haber permanecido al menos tres días sin energía eléctrica, un 33% informó que pasan cuatro días sin el servicio y otro 4% respondió que pasa más de siete días sin electricidad.
Prado también informó que en el informe también se hizo referencia a la crisis de los derechos humanos que sufren las poblaciones indígenas del país. Dijo que mujeres y niños de estas comunidades que además trabajan en las minas del Arco Minero del Orinoco son víctimas de explotación laboral, sexual y violencia.
Con relación a la situación de las cárceles, la comisión señaló que en 2019 se reportó el fallecimiento de 149 privados de libertad en centros de detención preventiva (CDP) de 15 estados. Detalló que los altos niveles de hacinamiento se magnificó e incrementó a 500%, debido a los detenidos en manifestaciones públicas.
En rueda de prensa virtual señaló que la coordinación de Migrantes y Víctimas reportó que Venezuela experimentó el flujo de movilidad humana más grande de su historia, con 4,6 millones de migrantes y refugiados en todo el mundo para finales de 2019.
El comisionado explicó, que luego de la victoria obtenida por la oposición venezolana en las elecciones de la Asamblea Nacional (AN), en 2015, el régimen de Nicolás Maduro dio las primeras estocadas al cuerpo legislativo, con la suspensión de seis diputados del estado Amazonas y posteriormente la declaró en desacato. Desde entonces, 18 diputados han denunciado hostigamiento y persecución por parte de grupos irregulares y órganos del Estado, mientras que otros 33 permanecen en el exilio; 4 están refugiados en embajadas; 5 en la clandestinidad y otros14 fueron despojados de su pasaporte.
La comisión para los Derechos Humanos y Atención a las Víctimas aseguró que el informe tiene como objetivo denunciar las violaciones de derechos humanos en 2019. Así como también, contrarrestar el silencio del gobierno de Maduro respecto a cifras de interés público.
“Esto no es más que una síntesis de todo lo ocurrido en el 2019, para que la CIDH lo tome como suministro oficial del gobierno encargado de Venezuela y que la situación a la que las víctimas han sido sometidas no quede impune”, dijo Prado.
