HRW pide incluir temática sobre derechos humanos en la negociación de México
Una de las cuestiones que propuso HRW es una reforma de la Policía Nacional Bolivariana y, entre otras medidas, disolver las FAES. Esto ha sido reiterado en sus últimos informes por la Alta Comisionada de Naciones Unidas para Derechos Humanos
La organización Human Rights Watch (HRW) solicitó este lunes 30 de agosto que dentro de la agenda de la negociación en México, entre representantes del oficialismo y la oposición venezolana, se incluya como eje central los derechos humanos y la ayuda humanitaria sin intervención política.
“Venezuela atraviesa una emergencia humanitaria y de derechos humanos devastadora que debería ser el eje central de cualquier negociación política que se lleve a cabo”, expresó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.
La negociación entre la delegación oficialista, liderada por Jorge Rodríguez, y de la oposición, encabezada por Gerardo Blyde, retomará sus conversaciones en Ciudad de México entre el 3 y 6 de septiembre.
Hasta la fecha, ambos bandos han evitado ahondar en puntos específicos de la agenda pero se acordó – en un memorando de entendimiento- conversar sobre derechos políticos, garantías electorales, un cronograma electoral para elecciones observables; levantamiento de las sanciones; respeto al estado constitucional de derecho; convivencia política y social, renuncia a la violencia y reparación de las víctimas de la violencia; protección de la economía nacional y medidas de protección social al pueblo venezolano; y garantías de implementación, seguimiento y verificación de lo acordado.
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“Para que una negociación de este tipo sea exitosa, debe generar resultados tangibles que permitan restablecer el Estado de derecho y el ejercicio de derechos fundamentales en Venezuela, lo cual incluye terminar con la censura y la represión, liberar a presos políticos y garantizar que ingrese ayuda humanitaria apolítica al país. También debe contar con un acompañamiento internacional riguroso de la implementación del acuerdo”, detalló el director de HRW.
El desafío, a juicio de Human Rights Watch, consiste en reestablecer el Estado de derecho que la administración de Nicolás Maduro ha desmantelado por completo. Para que esto sea posible, consideran que debería comprometerse a la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos, ordenar a las fuerzas de seguridad que cesen las detenciones arbitrarias.
Asimismo, que se ponga fin a la colaboración o aquiescencia de organismos de seguridad con grupos armados partidarios del Gobierno para intimidar a críticos y cometer abusos, incluyendo en zonas fronterizas y en áreas donde se desarrolla la minería ilegal de oro.
Otra de las cuestiones que propuso HRW es una reforma de la Policía Nacional Bolivariana y, entre otras medidas, disolver las FAES. Esto ha sido reiterado en sus últimos informes por la Alta Comisionada de Naciones Unidas para Derechos Humanos.
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También agregaron el terminar con la censura y la campaña sistemática en contra de periodistas independientes, defensores de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil, al igual que permitir el pleno despliegue de todas las organizaciones humanitarias, incluyendo el Programa Mundial de Alimentos, que tengan interés y capacidad de proporcionar ayuda de forma apolítica y acorde con los principios humanitarios básicos.
Human Rights Watch pone la lupa además en el sistema de justicia venezolano, para lograr una reforma efectiva. Para ello consideran necesario la escogencia de nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, derogar disposiciones legales que violan la libertad de expresión y fomentan la autocensura, incluidas todas las normas sobre desacato y la Ley contra el Odio.
Además de eliminar leyes o disposiciones que violan el derecho de libre asociación, y asegurar que haya elecciones libres y justas con observación internacional independiente.
José Manuel Vivanco señaló además que “si no se llevan a cabo investigaciones sólidas e independientes en Venezuela sobre la responsabilidad penal de los máximos responsables de los aberrantes abusos cometidos, para lo cual es necesaria una reforma profunda del sistema judicial disfuncional y politizado que existe en el país, la CPI desempeñará un papel crucial como tribunal de última instancia”.
