Igbert Marín Chaparro: el teniente coronel condenado a siete años por “un chisme”
Cuatro meses después de su detención, a Igbert Marín Chaparro y el resto de los acusados se les eliminó la acusación sobre traición a la patria. El juicio continuó sobre los señalamientos de una sola persona que no aportó pruebas concretas o pudo afirmar que estos militares estaban involucrados en una conspiración o alzamiento
Reuniones y conversaciones sobre la situación del país entre un grupo de oficiales del Ejército llevó a la prisión al teniente coronel del Ejército Igbert Marín Chaparro. El entonces jefe del Batallón Ayala de Fuerte Tiuna, el principal cuartel militar del país, fue apresado el 16 de marzo de 2018 dentro de esas instalaciones por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).
Junto a otros siete oficiales fue trasladado hasta el Ministerio de la Defensa para una reunión con el ministro Vladimir Padrino López, y los generales Jesús Suárez Chourio (ahora diputado) e Iván Hernández Dala. De allí salieron a la sede de la Dgcim, donde Marín Chaparro ha estado recluido desde hace tres años y poco más de un mes, pese a que una orden del tribunal que llevó su causa ordenó su traslado al Centro de Procesados Militares de Los Teques, mejor conocido como la cárcel de Ramo Verde.
Marín Chaparro estuvo desaparecido forzosamente por la Dgcim durante sus primeros días de detención, hasta que fue presentado en tribunales militares. Allí se le acusó de presunta traición a la patria, instigación a la rebelión y delitos contra el decoro militar. Volvió a la Dgcim, a estar incomunicado y ser llevado a la llamada “Casa de los Sueños”, un lugar denunciado por organismos internacionales -entre ellos la Misión de Determinación de Hechos- como un establecimiento de torturas para aquellas personas detenidas en esa sede.
Golpizas, aislamiento, negación de asistencia médica y de alimentos, violencia psicológica, hechos que han sido descritos en la serie documental de TalCual “La República que tortura”, son algunas de las situaciones que ha padecido el teniente coronel, a quien se le ha calificado como un hombre de “ascendencia” dentro de la Fuerza Armada debido a su posición, su rango y calificaciones, que lo llevaron a ser el primero de su promoción y la persona con las notas más altas dentro de ese estamento militar.
Cuatro meses después de su detención, a Igbert Marín Chaparro y el resto de los acusados se les eliminó la acusación sobre traición a la patria. El juicio continuó sobre los señalamientos de una sola persona que no aportó pruebas concretas o pudo afirmar que estos militares estaban involucrados en una conspiración o alzamiento.
En diciembre de 2020, el militar fue condenado a siete años y seis meses de prisión. De allí surgió la orden de traslado a Ramo Verde que no se ha materializado. “En una oportunidad logró hablar con uno de los jefes de la Dgcim, quien le dijo ‘Marín, tú sabes que a ti todavía no te podemos trasladar, y tú sabes por qué’”, comenta Yocelyn Carrizalez, quien no solo es abogada del teniente sino también su esposa.
Carrizalez asegura que su esposo no encuentra fundamentos para mantenerse encerrado dentro de La Casa de los Sueños. “Hace un mes llevamos a tribunales una diligencia, y el juez nuevamente dio la orden a este órgano de investigación para que trasladaran a mi esposo a Ramo Verde, tal como él lo solicitó en diciembre, y tampoco se materializó”.
La opción ahora es esperar que se apruebe un amparo constitucional, que introdujeron hace unas semanas, para que se cumpla su traslado. “Esto no es solo una falta de respeto para el juez, los tribunales, es una violación flagrante de los derechos humanos y fundamentales de mi esposo”, asegura la abogada.
Malos tratos a la orden
Hace un año y tres meses, el teniente coronel Igbert Marín Chaparro fue trasladado dentro de la sede de la Dgcim al lugar conocido como ‘La Casa de los Sueños’, que ha sido reconocido por sus mismas autoridades. Este lugar está compuesto de pequeñas celdas de 3×2 metros donde un detenido puede estar aislado o hacinado.
Carrizalez señala que su esposo actualmente comparte celda con otras dos personas, “y sus condiciones de salud no han mejorado desde que lo notificamos a tribunales. Presenta hipertensión grado 2, tiene varicoceles y ha sufrido varios episodios de escabiosis (sarna). También ha perdido en gran medida la visión por uno de sus ojos”.
Al igual que otros presos militares en la Dgcim, como el general Héctor Hernández da Costa, el teniente coronel sufrió de covid-19. Las secuelas de esta enfermedad le dejaron una fibrosis pulmonar, que se comprobó luego de un examen médico en octubre de 2020. “Eso está evidenciado en informes médicos que le han hecho en el hospital militar. Eso no ha mejorado ni mejorará mientras siga en ese lugar (…) Hasta ahora no lo han trasladado al médico para continuar con su tratamiento”, dice su esposa.
“Nuestra familia se pregunta si es que tampoco van a acatar la orden del juez y lo van a dejar allí (en la Dgcim) siete años, o en realidad cuatro años más porque ya lleva tres, sin posibilidad de hacer redención de pena porque la Dgcim no es un centro formal de reclusión, es un centro preventivo. Esto nos conmueve”, afirma Carrizalez.
La separación familiar es otro de los temas que afecta a la familia Marín-Carrizalez. Desde diciembre de 2020, los dos hijos del militar -un niño de nueve y una niña de cuatro- no han podido ver a su padre. Yocelyn Carrizalez lo reduce así: “Mi esposo no puede ejercer la paternidad. Ellos tampoco tienen derecho de compartir con su padre. La visita de diciembre fue algo que peleamos tanto los familiares que les permitieron verlo durante una hora el 24 de diciembre y otra hora el 31, esto después de ocho meses sin poder verlo”.
Las autoridades de la Dgcim tampoco explican por qué no dejan ingresar a los niños a visitas familiares, que se han visto mermadas por la pandemia por covid-19. Esto también ha afectado su alimentación, pues han tenido que llevarles alimentos perecederos. El único momento que pueden comer comida preparada es solo durante la visita, que dura una hora.
“Mi hija menor casi no conoce a su papá, tenía un año cuando lo detuvieron y yo se lo muestro por fotos para que no se olvide. Mi hijo mayor es quien más sufre la detención de su padre porque no entiende el hecho de que no permitan las visitas, de porqué no puede ver a su papá. Ha sido muy difícil, tanto la situación de tener en la familia a un privado de libertad como por la pandemia, ha sido cuesta arriba afrontarlo”, menciona Carrizalez.
Por ahora, la defensa de Marín Chaparro espera una respuesta de la Corte Marcial a la apelación que hicieron a la sentencia condenatoria de diciembre de 2020. La abogada dice que “denunciar es mantenerlos vivos, es mantenerlos en la mente y los corazones de cada venezolano y cada familiar que está atravesando esta difícil situación”.
Medidas desechadas
Según la ONG Justicia Venezolana, hasta el 26 de marzo había 140 militares presos por razones políticas, 35 de ellos en riesgo por su condición de salud. Las acusaciones contra los funcionarios se pasean entre el terrorismo, traición a la patria, sustracción de armamento militar, conspiración, entre otros.
Al igual que otro grupo de militares, el teniente coronel Igbert Marín Chaparro ha sido beneficiario de medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En su caso particular, fueron dictadas en marzo de 2019 al considerar que su vida se encontraba en peligro debido a sus condiciones de detención y amenazas sobre sus familiares.
El Estado venezolano tenía 15 días para responder a la CIDH sobre la adopción de estas medidas, que solicitaba su respeto a la vida y mejorar las condiciones de su reclusión, pero nunca se cumplió.
Además, tanto el Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, así como y el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas, solicitaron en conjunto información al Estado venezolano sobre cuatro militares presos, entre ellos el teniente coronel.
En una comunicación del 5 de mayo de 2020, tanto el Relator especial como el Grupo de Trabajo expusieron su preocupación sobre «las alegaciones de torturas y malos tratos a detenidos en diferentes centros de detención en Venezuela, particularmente en las instalaciones de la Dgcim ubicadas en Boleíta».
Por ello, se invitó al Estado venezolano a responder, entre otras cuestiones, sobre las medidas adoptadas para garantizar el debido proceso, y en particular el derecho a una defensa efectiva y a un juicio imparcial; sobre los arrestos, detenciones, y cargos presentados contra estos cuatro oficiales de las Fuerzas Armadas (Marín Chaparro, Jhonny Mejías Laya, Ruperto Molina y Luis de la Sotta), y explicar la forma en que son compatibles con la normativa internacional de derechos humanos.
