Ningún funcionario ha visitado a Igbert Marín Chaparro, pese a su huelga de hambre
Igbert Marín Chaparro solicita eliminar la casa de los sueños «como depósito de seres humanos y centro de torturas y violaciones a los derechos fundamentales»
La abogada Tamara Sujú, directora ejecutiva del observatorio de derechos humanos del Centro de Estudios para América Latina, informó que el teniente coronel del Ejército Igbert Marón Chaparro, preso político desde el año 2018 y quien está recluido en la celda conocida como la «Casa de los sueños» en la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), ya lleva tres días en una huelga de hambre, iniciada este martes 21 de diciembre, pero sin conseguir los resultados por los que la comenzó.
Con esta acción, Marín Chaparro exigió la visita in situ de una comisión de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, de la Cruz Roja Internacional, del Nuncio Apostólico y de la Delegación de la Unión Europea en Venezuela para que constaten los tratos crueles, inhumanos y degradantes a los que son sometidos los presos políticos en ese sitio de reclusión, escribió el teniente en una carta pública.
Sin embargo, según denuncias de Sujú, hasta este viernes 24 de diciembre, ningún representante de los citados organismos ha ido a hacerle la visita que le corresponde.
«Venezuela. Tercer día de huelga de hambre del preso político Igbert Marín Chaparro, un funcionario preocupado me hace llegar la información que ningún organismo ha ido a verlo y q la casa de los sueños hace «aguas» en filtraciones por mala construcción!», escribió en Twitter.
El teniente Igbert Marín Chaparro también solicita la visita del fiscal general, Tarek William Saab, y del defensor del pueblo, Alfredo Ruiz, para que certifiquen por ellos mismos las denuncias por torturas sistemáticas y los secuestros de él y los demás presos políticos dentro de la Dgcim, especialmente en la celda denominada la «Casa de los sueños».
Igbert Marín Chaparro solicita eliminar la casa de los sueños «como depósito de seres humanos y centro de torturas y violaciones a los derechos fundamentales». En cuarto lugar pide la liberación de todos los presos políticos tanto militares como civiles por medio de verdaderos indultos.
*Lea también En el país hay 244 presos políticos y 9.422 personas sujetas a procesos penales políticos
El preso político también insta a que se reanude el diálogo entre gobierno y oposición, incluyendo la presencia de un expreso político como muestra de un «deseo de conciliación nacional y de verdadera justicia»
#Venezuela. Atención: el TCnel (Ej) Igbert Marín Chaparro, Preso Politico en la Casa de los Sueños del #DGCIM ha decidido ponerse en Huelga de Hambre a partir de hoy 21/12 para: pedir la Visita In Situ d una Comisión de la Ofic Alta Comisionada @ONU_derechos , d la Cruz Roja Int, pic.twitter.com/tki4lYmWvx
— Tamara Suju (@TAMARA_SUJU) December 21, 2021
Desde el Instituto Casla, que representa a este teniente, se ha enviado una notificación del inicio de la huelga de hambre del detenido al fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Kham, y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El teniente coronel del Ejército Igbert Marín Chaparro, para ese entonces jefe del Batallón Ayala de Fuerte Tiuna, principal cuartel militar del país, fue apresado el 16 de marzo de 2018 dentro de esas instalaciones por funcionarios de la Dgcim; pese a que una orden del tribunal que lleva su caso ordenó su traslado al Centro de Procesados Militares de Los Teques, mejor conocido como la cárcel de Ramo Verde.
Igbert Marín Chaparro está acusado de presunta traición a la patria, instigación a la rebelión y delitos contra el decoro militar.
*Lea también Igbert Marín Chaparro: el teniente coronel condenado a siete años por “un chisme”
Militares presos sin garantías
La ONG Justicia Venezolana denunció que las autoridades han «perpetuado el incumplimiento de las garantías procesales en los casos» de los militares que se encuentran detenidos y son considerados como presos políticos durante 2021.
A juicio de esta ONG, las vidas de los militares presos «corren peligro por no recibir atención médica adecuada, permanecer en recintos carcelarios sin las condiciones, y además siendo sometidos a una serie de irregularidades en todas las fases procesales, con la intención de mantenerlos, de manera ilegal, en prisión».
Lilia Camejo, directora de Justicia Venezolana, afirmó que, al documentar y llevar casos de militares privados de libertad por lo que considera razones políticas, así como monitorear la administración de justicia penal militar a lo largo de 2021, «se encontró que poco o nada han hecho las autoridades encargadas».
*Lea también Más de 130 presos políticos militares siguen enfrentando torturas y retardo procesal
