Imputan al exministro argentino Julio De Vido, involucrado en caso Antonini Wilson
El extitular de la cartera de Planificación fue procesado el 5 de julio de 2019 en Argentina, por el ingreso a ese país con 800 mil dólares por parte del venezolano Guido Antonini Wilson, el 4 de agosto de 2007
El fiscal argentino Carlos Stornelli amplió el objeto de investigación contra el exministro, Julio De Vido, su esposa Alessandra Minnicelli y de sus hijos, cuyos patrimonios ya eran investigados por su relación con el caso de los sobornos que constan en los Cuadernos de las Coimas, y a lo que ahora se le suma el presunto lavado de dinero.
«Hasta el momento se encuentran imputados en autos Julio Miguel De Vido, Alessandra Minnicelli, Santiago De Vido, Valeria De Vido, Facundo De Vido, Juan Manuel De Vido y Julio Eduardo De Vido», sostiene el dictamen del fiscal Stornelli al que accedió el diario argentino Clarín, y donde los señala como presuntos responsables de operaciones de blanqueo.
Inicialmente, según el diario, la investigación inicial era sólo por enriquecimiento ilícito, pero tras la decisión de la Cámara de Casación, el expediente quedó radicado en el juzgado del fallecido juez Claudio Bonadio -hoy a cargo de Marcelo Martínez De Giorgi-, quien procesó a De Vido como partícipe de la asociación ilícita que se dedicó al cobro de fondos ilegales.
Caso Antonini
El exministro de Planificación, Julio De Vido, fue procesado el 5 de julio de 2019, según confirmó la Cámara en lo Penal Económico de Argentina, por el ingreso a ese país con 800 mil dólares por parte del venezolano Guido Antonini Wilson, el 4 de agosto de 2007, durante el mandato del fallecido expresidente Néstor Kirchner.
En esa oportunidad, quedaron confirmados los procesamientos a De Vido, Ricardo Echegaray, extitular de la Administración Federal de Ingresos Públicos, y al ex director del Órgano de Control de Concesiones Viales (Occovi) Claudio Uberti, por presunta «tentativa de contrabando de importación de divisas agravado».
En la causa, quedaron imputados por el supuesto intento de «recepción de dinero con el fin de aplicarlo a una operación de lavado de activos». En el procesamiento se sostuvo que el dinero habría tenido como destino ser usado «para la financiación de campañas políticas y/o el enriquecimiento de funcionarios públicos».
El 4 de agosto de 2007 una agente de la Policía de Seguridad Aeroportuaria obligó a abrir la maleta de Antonini Wilson, cuando llegaba a Argentina en un vuelo privado con los entonces funcionarios argentinos Uberti y Espinosa. El vuelo había sido contratado por el presidente de Enarsa para el trayecto desde Venezuela al Aeropoarque Jorge Newbery, en la ciudad de Buenos Aires.
Además, viajaron directivos de la firma venezolana Pdvsa. El dinero fue descubierto por María Luján Telpuk, una agente de la Policía de Seguridad Aeroportuaria que ese día estaba a cargo del equipo de rayos X y advirtió que una de las valijas no había pasado por ese control.
Nueva causa contra De Vido
El expediente sostiene que la hipótesis investigada en la causa de enriquecimiento ilícito tenía «identidad objetiva y coincidía con la duración de la presunta asociación ilícita investigada en la causa 9608/2018 en la que el ex ministro se encuentra procesado como organizador».
Después de una serie de medidas impulsadas por el juzgado subrogado por Martínez De Giorgi, el fiscal Stornelli determinó que el objeto de investigación debía ser aún mayor, e imputó a De Vido y a su núcleo familiar por lavado de dinero también.
En su dictamen, el representante del Ministerio Público Fiscal señaló que ante el delito por el que ahora se investiga al ex ministro y a su familia, la investigación «deberá averiguar si el conjunto de activos hasta el momento detectado e incorporado desde el año 2003 al patrimonio de los imputados y/o terceras personas a estos vinculados, pudieron haber resultado producto de maniobras de conversión, transferencia, administración, venta o cualquier otra posible acción mediante la cual se hubiera disimulado o puesto en circulación del mercado, bienes provenientes de un ilícito penal», señala Clarín.
