Incentivos de EEUU apremian a Maduro a honrar acuerdos de Barbados
Tras la firma de los acuerdos en Barbados, la nueva fase de la negociación comienza a dar algunas señales. Cuatro politólogos consultados por TalCual destacan el lapso perentorio de las licencias otorgadas por EEUU al gobierno de Maduro. En este camino, la implementación de los puntos suscritos y los mecanismos de verificación serán la clave para los ajustes futuros
Luisa Quintero | Sofía Nederr
El gobernante Nicolás Maduro está apremiado por Estados Unidos en el cumplimiento de los acuerdos suscritos con la Plataforma Unitaria en Barbados. Los incentivos otorgados por la administración de Joe Biden no son un cheque en blanco. En este punto, los mecanismos de implementación y verificación son clave, coinciden cuatro politólogos consultados por TalCual.
El martes 17 de octubre se firmaron dos acuerdos parciales en Barbados sobre «garantías electorales y derechos políticos» y «protección de intereses vitales» del país.
Estos acuerdos sientan las bases para las elecciones presidenciales, pactadas para el segundo semestre de 2024, y la defensa del territorio Esequibo, así como el aseguramiento de activos en el exterior como Citgo Petroleum, la filial de Pdvsa en Estados Unidos que está en la cuerda floja por demandas de tenedores de bonos.
El miércoles 18 de octubre hubo pasos políticos concretos en la nueva fase de negociación: levantamiento temporal de sanciones, arribo del primer vuelo de migrantes deportados desde EEUU, la excarcelación de los primeros presos políticos y las declaraciones de funcionarios de la administración de Joe Biden.
Michael Penfold, doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de Columbia, recuerda que todo acuerdo es por definición frágil. «Su implementación y verificación es la clave de todo. Venezuela no será una excepción. Falta todavía mucha carpintería».
Añade que las licencias generales para el sector petrolero y de gas y los permisos para el BCV tendrán un impacto significativo en lo económico por su magnitud: «Implica el regreso del país a los mercados petroleros y dan un marco de seis meses para ejecutar en lo político, con filigrana, la dimensión política, social y las garantías electorales para todos -y cualquier desvío tendrá un costo gigante para el país y también para el chavismo».
«La alternativa a no implementar puede ser un nuevo cierre del sistema y la reversión de las licencias generales. El acuerdo viene también con medidas de concesiones mutuas entre ellas la liberación de los prisioneros políticos», sostiene Penfold.
Al mismo tiempo, puntualiza que cualquier alternativa al acuerdo no solo es incierta sino menos atractiva que ejecutar lo que se acordó, así sea imperfecto.
«Esto es una apertura política y electoral -todavía estamos lejos de una transición- que puede si hay liderazgo convertirse en un proceso de reinstitucionalización y democratización si se juega con inteligencia y responsabilidad. La alternativa es volver a donde estábamos: la inercia y la tragedia», enfatiza el politólogo.
Por otra parte, señala que muchos minimizan el papel de los actores venezolanos y piensan que todo es resultado de los EEUU. «Yo, por el contrario creo que las delegaciones han actuado con un sentido de responsabilidad histórica. Sin su actuación hubiese sido imposible darle viabilidad a este proceso», asevera.
El peso de la verificación
Miguel Ángel Martínez Meucci, doctor en conflicto político y procesos de pacificación, expresa que aunque en el documento no constan garantías claras para el cumplimiento de los puntos acordados, el quinto punto señala que las partes han definido un mecanismo de seguimiento y verificación.
«Hasta ahora se desconoce su composición y funcionamiento, pero habría que ver en qué consiste. Una pista la acaba de dar el gobierno estadounidense al indicar que no aligerará las sanciones si el gobierno venezolano no avanza con el tema de las inhabilitaciones y el cronograma electoral durante el mes de noviembre», sostiene el investigador.
Puntualiza que resulta evidente que tanto las inhabilitaciones como la detención ilegal por razones políticas son medidas «que emplea el gobierno autoritario para garantizarse su continuidad en el poder, y como mínimo se las reserva como instrumentos de negociación de cara al futuro».
«Por lo general, la liberación de presos políticos es una señal que se envía para obtener credibilidad en una negociación, y la reciente liberación de varios detenidos va en esa línea. No obstante, más de 200 personas siguen privadas de su libertad por razones de persecución política», enfatiza Martínez Meucci.
El investigador destaca además que la principal diferencia de esta negociación de las anteriores son las señales de que sus actores «tenían prisa por cerrar este acuerdo antes de las elecciones primarias de este domingo».
En la firma de los acuerdos de Barbados estuvieron presentes representantes de Colombia, Países Bajos, Argentina, México y Rusia
«Por otro lado, lo que recibe el oficialismo a cambio de comprometerse por escrito a facilitar un proceso electoral menos viciado no queda claramente estipulado en el acuerdo, pero recientes comunicados del gobierno estadounidense indican que se trata del rebajamiento de algunas sanciones», puntualiza.
Para María Puerta Riera, profesora de Ciencia Política del Valencia College y miembro de la Red de Politólogas Venezolanas, si las sanciones son vistas como un mecanismo de incentivo para un cambio de conducta, sin duda que es una forma de presionar al oficialismo.
«La liberación inmediata de presos políticos puede verse como una señal del gobierno de Maduro en reconocimiento de las condiciones en las que va a operar ese levantamiento temporal de las medidas. El oficialismo estaba buscando un levantamiento total y definitivo, pero la administración Biden ofrece una prueba de seis meses como una forma de evaluar el cambio de conducta, si es sostenible y satisfactorio», destaca Puerta Riera.
Refiere que seis meses es un lapso más que suficiente para que el oficialismo concrete los pasos políticos a los que se comprometió.
«Son seis meses para que el gobierno de Maduro tome medidas concretas de restitución no solo de los derechos políticos de los líderes de partidos políticos, sino de los ciudadanos venezolanos que tienen derecho a la representación y participación electoral en condiciones normales. Esto también implica que el oficialismo no puede seguir utilizando la persecución política y la prisión de actores de la oposición como piezas de cambio en negociaciones, eso va a tener un costo a los efectos de la extensión de la medida temporal de levantamiento de sanciones», asevera la profesora.
Añade que la fragilidad radica en que el único que puede romper el acuerdo es el Gobierno de Maduro, de ellos depende que esto se mantenga o expanda.
Sanciones como herramienta
Geoff Ramsey, analista senior sobre Venezuela en el Atlantic Council, afirma que la licencia de la OFAC es una señal importante de que Estados Unidos está dispuesto a apoyar el avance de acuerdos entre la oposición y el gobierno.
Sin embargo, acota que la flexibilización de las sanciones es condicional y temporal. «Estados Unidos está dejando claro que la continuación de esta licencia en abril de 2024 dependerá de que se avance en nuevos acuerdos sobre condiciones electorales, presos políticos y derechos humanos. En última instancia, la administración Biden entiende que las sanciones son una herramienta, no un objetivo en sí mismas».
Además, llama la atención sobre la redación de la declaración de EEUU. Biden ha fijado finales de noviembre como fecha límite para que el gobierno defina un cronograma y un proceso específico para el levantamiento de las inhabilitaciones, al igual que la liberación de todos los ciudadanos estadounidenses y presos políticos venezolanos.
Ramsey afirma que el asunto de las inhabilitaciones «sigue siendo un debate vivo». Considera que este acuerdo solo crea un «proceso» para que los inhabilitados pueden intentar apelar esas decisiones.
«Si bien no es una certeza, crea un espacio que no había antes. Pero todos sabemos que no hay garantía de que el gobierno vaya a ceder más en este punto (…) La realidad es que la oposición va a participar en las elecciones de 2024, la única pregunta es si se van a dividir o si podrán mejorar sus probabilidades de ganar presentando un candidato unitario», resalta el analista de Atlantic Council.
En este punto, Miguel Ángel Martínez Meucci expresa que las recurrentes afirmaciones de Jorge Rodríguez, jefe de la delegación del gobierno en la mesa de negociación, sobre la imposibilidad de que un candidato inhabilitado se postule para las primarias es una evidencia de que no pretenden comprometerse demasiado con la apertura de una vía electoral que podría conducirlos a perder el poder.
«En buena lid eso viola los términos del acuerdo que acaban de suscribir, porque según la Constitución no procede inhabilitación alguna que no venga mediada por una sanción firme, y ese es el caso, por ejemplo, de María Corina Machado. Pero la necesidad de acceder a los mercados internacionales de hidrocarburos quizás los lleve a hacer concesiones en este sentido. Habría que ver cuándo, y si no las revierten más adelante», indica.
Para Michael Penfold, el tema de las inhabilitaciones es la manzana de la discordia en esa negociación. «Hubiese sido un error excluirlo del texto y tampoco pareciera que las partes han zanjado el problema, entonces hacen una redacción que cada uno lo lee a su manera».
