Óscar Pérez confirma patrón de ejecuciones extrajudiciales en el país
El Estado venezolano está en el deber de garantizar la vida e integridad física de todos sus ciudadanos, como reza el artículo 3 de la Constitución
Autor: Luisa Quintero | @l_andrequintero
El operativo de cuerpos de seguridad del Estado para capturar al exinspector del Cicpc Oscar Pérez y que terminó con su muerte dentro de una vivienda en El Junquito, junto a otras seis personas, tiene espacios en blanco e informaciones contradictorias.
Para Provea, el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, la diputada Delsa Solórzano, la Mesa de la Unidad y hasta la fiscal en el exilio Luisa Ortega Díaz, la muerte de Pérez se trata de una ejecución extrajudicial, pues el Estado violó todos los derechos del expolicía y sus compañeros a entregarse de forma pacífica, como afirmaban era su intención.
El coordinador de exigibilidad de Provea, Carlos Patiño, indica que el caso de Pérez se enmarca en un patrón de ejecuciones extrajudiciales que han denunciado desde la implementación de los Operativos de Liberación del Pueblo.
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Estos operativos lo que dejan en conclusión es que en Venezuela no existe Estado de Derecho, afirma el abogado al tiempo que lamenta la inexistente participación del Ministerio Público o la Defensoría, “su presencia pudo haber sido una garantía para salvaguardar la vida de estas personas”.
El coordinador del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS), Marco Antonio Ponce, coincide con calificar la muerte de Pérez como una ejecución extrajudicial. “Hay mucha opacidad y es importante que se realice una investigación transparente, expedita y oportuna”.
Ponce destaca que en el marco de esta investigación, las autoridades venezolanas deberían abocarse a que se garantice los derechos humanos a las personas detenidas con el fin de evitar torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. “Es allí donde el Defensor del Pueblo, que ha estado en silencio, de alguna manera debe activarse y cumplir con su rol de garante de los derechos humanos”.
El Estado venezolano está en el deber de garantizar la vida e integridad física de todos sus ciudadanos, como reza el artículo 3 de la Constitución.
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“Estos ciudadanos habían manifestado la intención de entregarse. Cuando vemos los vídeos que circularon por redes sociales de cómo bombardean la casa donde se encontraba Pérez, se evidencia que el Estado tuvo toda la intención de asesinarlo”, sentencia Ponce, quien recuerda que en Venezuela no está establecida la pena de muerte.
La fiscal en el exilio Luisa Ortega Díaz afirmó que el “asesinato” de Óscar Pérez “es la mayor evidencia de que el gobierno de Nicolás Maduro es genocida y violador de los derechos humanos (…) lo real es que el gobierno mostró a la comunidad internacional su cultura de muerte”.
Reviven el formato OLP
Las Operaciones de Liberación del Pueblo fueron implementadas desde en julio de 2015 «para combatir la delincuencia y, especialmente, el paramilitarismo, una práctica colombiana que ha sido importada para vulnerar la tranquilidad en Venezuela y con ello, dar al traste con la Revolución Bolivariana y los logros sociales”, según un documento del ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz al cual tuvo acceso Runrun.es.
Según cifras del Observatorio Venezolano de Violencia, 5.535 personas fallecieron por acciones cuerpos policiales y militares en Venezuela en 2017, lo que se traduce en 15 personas muertas cada día por militares y policías, 106 a la semana y 461 cada mes.
La fiscal en el exilio, Luisa Ortega Díaz, denunció en julio de 2017 que la OLP había realizado hasta 505 ejecuciones extrajudiciales entre 2015 y 2017, de acuerdo con los datos recolectados por el Ministerio Público en su gestión.
«505 ejecuciones registramos nosotros en el informe de la OLP de 2015 a 2017. Despojaban a las personas de sus viviendas, las sacaban y las destruían», dijo Ortega Díaz durante una entrevista concedida al canal colombiano NTN24. «Era una manera de exterminar a aquel sector de la población», añadió.
Civiles armados
Provea y el OVCS coinciden en la participación de civiles armados dentro del operativo contra Óscar Pérez, “algo que se repitió en las OLP y las protestas de 2017 contra Maduro”, señala Patiño.
El OVCS menciona que este es un episodio lamentable para la historia venezolana producto de un manejo poco democrático de la fuerza pública venezolana, “donde se demostró que estaban participando en este operativo colectivos paramilitares”.
Nuevamente quedó en evidencia la participación conjunta de las fuerzas de seguridad del Estado venezolano y civiles armados pro gobierno, en este caso con la presencia y posterior asesinato del líder del colectivo Tres Raíces, Heiker Vásquez, quien portaba credencial policial. Curiosamente, el ministro Reverol informó de su muerte bajo otra identidad, según reporteros de la fuente Sucesos.
Este es el fallecido supervisor jefe de la PNB, Andriun Domingo Ugarte Ferrera, también conocido como Heyker Leobaldo Vásquez Ferrera, líder del colectivo Tres Raíces del 23 de Enero. pic.twitter.com/kl0GokSLVx
— DeivisRamírezMiranda (@deivisramirez) January 16, 2018
El coordinador del OVCS refiere que esta actuación de civiles armados fue validada con la implementación del Plan Zamora, “que avala el funcionamiento y trabajos de estos civiles armados con las Fuerzas Armadas. El Gobierno de Venezuela está intentando que la opinión pública no sepa nada”.
En diciembre de 2017, la fiscal Ortega también se refirió a los civiles armados en una entrevista para Runrun.es y destacó que además de armarlos se les otorgaba autoridad. «Eso es una pérdida total o el desmembramiento del Estado de derecho, que fue lo que hicieron con todas las instituciones, no solamente con el Ministerio Público, sino también con la Asamblea Nacional, y con el propio Tribunal Supremo de Justicia y con el CNE».
Tratados a la basura
El abogado Carlos Patiño destaca que existe una legislación nacional y tratados internacionales que explican los pasos que deben darse en estos operativos, “sobretodo el caso de estas personas que manifestaron su voluntad de entregarse”.
Lo que preocupa es que observamos un patrón represor, que se vio en las protestas de 2017 y los Operativos de Liberación del Pueblo, asevera el coordinador de Provea. “Estamos viendo cómo los organismos de seguridad hacen un uso indiscriminado de la fuerza, incluso a través del uso de armas de fuego en protestas en las últimas semanas (…) El Estado es responsable de todas las muertes que allí sucedieron porque tenían la obligación de velar las garantías de ese procedimiento y que no culminara así”.
Desde el 31 de diciembre de 2017, al menos una decena de venezolanos han muerto por disparos provenientes de funcionarios de cuerpos policiales durante protestas que tienen que ver con el reclamo de alimentos.
La diputada Delsa Solórzano dice que se ha visto la violación flagrante de la Constitución y todas las leyes venezolanas que resguardan la vida, cuando “un grupo de ciudadanos que se estaba rindiendo, y a pesar de la rendición fueron masacrados”.
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Si estuviéramos en una guerra incluso los tratados de rendición se violaron en este caso, argumenta la diputada por Un Nuevo Tiempo. “Podemos recordar lo ocurrido en 1992 (golpe de Estado liderado por Hugo Chávez), no quisiera pero la realidad es que cuando una persona se rinde no hay necesidad de que lo maten. Esas son las investigaciones que debemos hacer”.
En el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, se establece en el artículo 8, parágrafo 6 que un crimen de guerra puede considerarse el «Causar la muerte o lesiones a un combatiente que haya depuesto las armas o que, al no tener medios para defenderse, se haya rendido a discreción»
El Parlamento venezolano aprobó el 16 de enero la creación de una comisión especial presidida por Solórzano y los integrantes de la Comisión de Política Interior para investigar la muerte del exinspector del Cicpc y varios de sus compañeros.
Sobre las seis personas que fueron detenidas como parte de las investigaciones contra Óscar Pérez el lunes 15 de enero, desde Provea exigen que se garanticen sus derechos pues se han violado ciertas prerrogativas como la posibilidad de que sus familiares puedan acceder a ellos.
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