Persecuciones, detenciones y hambre cercan a la FAN
Desde la llegada de Maduro al poder, más de 60 militares, en su mayoría de la Aviación y de la GN, han sido privados de libertad en investigaciones por conspiración. El ruido en los cuarteles crece y las sospechas entre los personeros del gobierno sobre actos conspirativos abundan
Autor: Sofía Nederr
En los últimos tres años ha crecido la ola de denuncias que se hacen eco del incremento de la persecución, de investigaciones por presunta conspiración, detenciones y deserciones dentro de la Fuerza Armada Nacional. Aunque la información sobre lo que ocurre en las unidades castrenses suele ser opaca, marzo se convirtió en el primer mes de 2018 cuando se confirmó una investigación sobre presunta rebelión en la que estarían incursos 9 militares del Ejército acusados de participar en el llamado “Movimiento de Transición de la Dignidad del Pueblo”.
Luego de la expulsión de 24 uniformados, entre ellos siete altos oficiales degradados y encabezados por el ex ministro de la Defensa Raúl Isaías Baduel, arreció una suerte de cacería de brujas dentro de los cuarteles que trajo destituciones y el reemplazo de oficiales ubicados en posiciones clave. Desde principios de mes se alertó sobre varios arrestos de supuestos conspiradores en una operación que, de ser cierta, habría sido liderada por oficiales egresados de la Academia Militar de Venezuela en 1999.
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Los uniformados, cuya detención se realizó el dos de marzo, fueron presentados ante días ante el Tribunal Militar Tercero de Caracas el 9 de marzo en horas de la noche e imputados por los delitos de traición a la patria, instigación a la rebelión y contra el decoro militar.
El abogado Alonso Medina Roa dijo que este caso revela las irregularidades que se cometen en los procedimientos castrenses, lo que se traduce en la violación al debido proceso, la presentación tardía ante los tribunales, que según el Código Orgánico Procesal Penal debió realizarse a las 48 horas de la privación de libertad y aseguro que no existen argumentos para la detención. “El Ministerio Publico solo se basó en un informe de Contrainteligencia. No presento elemento alguno que pudiera confirmar su tesis” aseveró Medina Roa.
El abogado es el defensor de los tenientes coroneles Igber José Marín Chaparro, comandante del batallón de infantería motorizada Juan Pablo Ayala, ubicado en Fuerte Tiuna y una de las unidades militares con mayor poder de fuego; Eric Peña Romero, Henry José Medina Gutiérrez, adscrito al 802 Batallón de Apoyo Logístico GB Juan Antonio Paredes en San Cristóbal, y Deibis Esteban Mota Marrero, comandante del 413 Batallón Blindado “GB Pedro León Torres” en Valencia; el primer teniente Jaiber Ariza y el sargento supervisor Juan Carlos Gutiérrez.
En el grupo de detenidos también figuran los tenientes coroneles Victoriano Soto Méndez, 432 Grupo de Artillería de Campaña Autopropulsado “GJ Cipriano Castro” en Calabozo; Juan Carlos Pena Palmentieri, cuya familia fue la primera en alertar de la aprehensión de los militares, y la sargento primero Yuleima Medina.
Medina Roa denunció un esquema de persecución en la FAN y aseguró que la mayoría de los detenidos ostentan una carrera militar brillante. El Teniente Coronel Marín Chaparro fue Alférez Mayor de su cohorte y secretario del comandante Hugo Chávez. El oficial pertenece a la Promoción Cnel. “Miguel Antonio Vásquez”, que egresó de la Academia Militar del Ejército en 1999, en los tiempos en los que el general Francisco Rangel Gómez, ex gobernador del estado Bolívar dirigía la institución educativa. Eran los tiempos en que la doctrina militar bolivariana y antiimperialista daba sus pininos en los cuarteles.
Tres de los compañeros de Marín Chaparro son los tenientes coroneles Peña Romero, Medina Gutiérrez, Mota Marrero y Peña Palmentieri, también acusados de rebelarse contra el Gobierno de Nicolás Maduro.
El Ministerio Publico solo se basó en un informe de Contrainteligencia. No presentó elemento alguno que pudiera confirmar su tesis.
Más de 60 militares detenidos y acusados por conspirar contra Maduro. La lista la encabeza el general Baduel y la mayoría de los señalados provienen de los componentes Aviación y Guardia Nacional. El registro se basa en las presuntas conspiraciones develadas por el Gobierno y la imputación de los uniformados.
Reemplazos
El miércoles 7 de marzo, el Comandante del Ejército, Mayor general Jesús Suárez Chourio, presidió el acto de transmisión de mando del 312 Grupo de Caballería Motorizado Ayala. Al teniente coronel Marín Chaparro, uno de los presuntos conspiradores, lo sustituyó al teniente coronel Castillo León que estaba en la Escuela de Blindados. Otro de los detenidos, el teniente coronel Mota Marrero, fue reemplazado por el comandante Pinto Rosales en el Batallón Pedro León Torres de Valencia, indicaron fuentes de la FAN.
Fuentes castrenses llevan un registro de más de 60 militares detenidos y acusados por conspirar contra Maduro. La lista la encabeza el general Baduel y la mayoría de los señalados provienen de los componentes Aviación y Guardia Nacional.
Miedo real
La abogada Rocío San Miguel, directora de la ONG Control Ciudadano para la Seguridad, Defensa y la Fuerza Armada Nacional, sostuvo que con la reciente acusación sobre rebelión, el presidente Nicolás Maduro y el Alto Mando desarrollan un esquema de detenciones ilegales periódicas, incluso aleatorias, como fórmula para mantener la institución militar sumisa y leal a la revolución.
“Por primera vez, el presidente Nicolás Maduro, en sus miedos, ha decidido ir contra ‘oficiales de comando’ que dirigen unidades con poder de fuego. Esto es muy importante y no tiene precedente. Se percibe un miedo real”, aseveró Rocío San Miguel.
Llamó la atención sobre el hecho de que en el grupo de los presuntos conspiradores se encuentran jefes de unidades castrenses . La ONG exhortó a Maduro a detener la persecución contra los militares que no respaldan la politización de la organización castrense.
El presidente de la Comisión de Defensa de la Asamblea Nacional, diputado Edgar Zambrano AD, dijo que solicitarán al Ministerio de la Defensa información sobre los detenidos por supuesta rebelión.
Los militares aprehendidos el 2 de marzo, e imputados el 9 de marzo, permanecieron los primeros días de su reclusión en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Luego se ordenó fueron trasladados al Centro Nacional de Procesados Militares en Ramo Verde, a la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, la Cárcel de Santa Ana, en Táchira, y al Centro de Procesados Militares en Maturín.
El vicealmirante retirado Jesús Briceño García, ex comandante de la Armada, señaló que se manejan casos de deserciones y de solicitudes de baja por disconformidad con la orientación que ha asumido la carrera militar. Pero indicó que la información se conoce por casos concretos, dada la opacidad que reina en el sector castrense.
“La Fuerza Armada debe ser reinstitucionalizada. Hay problemas de indisciplina interna, acusaciones sobre la comisión de delitos, entre ellos hurtos y robos, y la desjerarquización. Esto último se ha acrecentado con la creciente presencia de oficiales en la administración pública”, afirmó Briceño García. El oficial, junto a otros 14 militares retirados, forma parte de una comisión que trabaja con la AN para la recuperación de la institución armada.
Derechos vulnerados y hambre militar
Dentro de los 7 altos oficiales degradados el mes pasado, cuyo grupo encabeza el ex ministro Raúl Isaías Baduel, se encuentra el general Ramón Lozada Saavedra (GN). El militar fue detenido el 24 de enero de 2017, días después de que el Comando Antigolpe debutara con una nueva investigación a Baduel, esta vez por conspiración. Precisamente Lozada fungió como director de Recursos Humanos del Ministerio de la Defensa cuando Baduel fue el titular castrense.
Su abogada, Yasnaia Villalobos, indicó que los derechos humanos de Lozada Saavedra, siguen siendo vulnerados tras las limitaciones para que reciba atención médica. Villalobos ha solicitado 4 veces el otorgamiento de medidas cautelares para el oficial por razones humanitarias.
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“En agosto del año pasado, cuando pesaba 52 kilogramos, el general Lozada Saavedra fue diagnosticado por la Junta Médica del Hospital Vicente Salias (hospitalito) de desnutrición aguda, hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2 y trastorno mixto de ansiedad y depresión. En esa oportunidad los médicos informaron que si perdía más peso se comprometerían las funciones de sus órganos vitales. Desde hace 2 semanas estoy pidiendo urgente hospitalización para restablecimiento de su salud ante el Tribunal Militar Primero de Control y ante el presidente de la Corte Marcial. El oficial pesa 43,8 kilos», denunció Villalobos.
Las limitaciones en las raciones alimenticias han generado que el personal de la tropa sea enviado algunos días a la semana, según fue denunciado ante la Asamblea Nacional. El presidente de la Comisión de Defensa del Parlamento, diputado Edgar Zambrano, dijo: “Algunos soldados son enviados los fines de semana para su casa, las raciones de comida son reducidas a más de la mitad y no reciben proteínas en la ingesta. Esto ocurre mientras los militares son los que manejan la administración de alimentos en el país”.
En enero de este año, el diario El Tiempo difundió la denuncia de soldados que aseguraron no recibían la alimentación adecuada para sus funciones en el 321 Batallón de Caribe G/D Pedro Zaraza, en el estado Anzoátegui.
“En los batallones donde es obligatorio dar la comida se organizan por destacamentos para evitar un mayor grado de dificultad y de penurias. Esto tiene que ver tanto con la cantidad como con la calidad de lo que se consume. Hemos recibido información de que esta realidad ha afectado a la tropa en algunas unidades de los estados más grandes como Amazonas, Anzoátegui, Bolívar, Guárico, Lara, Monagas y Zulia. Eso está allí y es real. Lo dicen las solicitudes de baja”, registró la ONG Control Ciudadano para la Seguridad, Defensa y Guardia Nacional que dirige Rocío San Miguel.
Algo pasa en los cuarteles…
