Familiares de fallecidos en PoliCarabobo exigen exhumar los cadáveres
La esposa de uno de los reos fallecidos, Wilkar González, señaló que su esposo lo llamó cerca de las 12 de la noche para decirle que “los estaban quemando”
Autor: Orianny Granado
Los familiares de los 68 fallecidos en los calabozos de la comandancia de la Policía de Carabobo exigieron al Gobierno desde la Asamblea Nacional (AN) que los cadáveres sean exhumados, pues aseguran que no todos murieron por asfixia mecánica como lo expresan las autopsias.
La esposa de uno de los reos fallecidos, Wilkar González, señaló que su esposo lo llamó cerca de las 12 de la noche para decirle que “los estaban quemando”, al tiempo que denunció que dentro de la comandancia existe corrupción y maltratos hacia los familiares de los detenidos.
En este sentido descartó que haya ocurrido un motín como lo señalaron las autoridades. «Ellos (los detenidos) en ningún momento accionaron armas de fuego, cómo se explica que no hay ni un policía herido» expresó González.
Los familiares exigen al gobierno de Nicolás Maduro y a la ministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Valera, escuchar a los sobrevivientes del hecho que califican como una “masacre» y que se haga justicia.
Una urna fue «el apoyo» de Lacava
Ocho horas tuvieron que pasar para que el gobernador del estado Lara, Rafael Lacava, se pronunciara sobre los hechos ocurridos en la Comandancia de PoliCarabobo. Una urna para que las víctimas pudiesen ser enterradas fue la respuesta.
“En fosas comunes y un hueco para tres personas, así fueron enterrados nuestros familiares», denunció González, quien además destacó que en el patio de la comandancia de PoliCarabobo fue que les practicaron las autopsias a los fallecidos.
Tirados como unos perros… A las cinco de la tarde fue que salieron con una laptop a ponernos a reconocer los cadáveres, indicó González.
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Muerte por asfixia mecánica es la causa de fallecimiento que se lee en todas las autopsias de las víctimas. Los familiares de los reos indicaron que son muchos casos donde no han podido reconocer el cuerpo de sus allegados, pues “están totalmente calcinados”.
Embarazada de seis meses
Wilkar González también le señaló a los diputados que una de las jóvenes que estaba de visita tenía seis meses de embarazo. «Los efectivos de PoliCarabobo nos cobraban por visitar a nuestros allegados».
Indicó que el pago, en efectivo, rondaba los 6 mil bolívares por una visita normal y 10 mil bolívares por una conyugal. Las dos mujeres que perdieron la vida en este incendio habían pagado su estadía en este lugar.
González hizo un llamado a las autoridades a tomar conciencia de la situación, pues sus allegados estaban bajo responsabilidad del Estado. Pidió protección para todos los familiares de las víctimas y expresó sentir temor a posibles represalias.
AN responde
En el debate sobre estos hechos, el diputado Juan Miguel Matheus aseveró que el sistema penitenciario en Venezuela «se ha convertido en establecimientos para el descarte humano, estructuras de delito y corrupción».
Matheus también reiteró que aunque la ministra Iris Varela intente negarlo, «tiene completa responsabilidad en convertir las comandancias policiales en recintos penitenciarios, permitiendo el crimen organizado».
El presidente de la Comisión de Cultos y Régimen Penitenciario, Richard Blanco, destacó que desde ese instancia se había advertido la condición de hacinamiento en Carabobo y Táchira, «se presentaron proyectos para mejorar el sistema, pero este Gobierno al que no le gusta que le digan que lo hace mal, hizo caso omiso».
Por su parte, la diputada Dennis Fernández sentenció que se ha desatado una «ola de corrupción carcelaria, presos pagan por respirar, por comer, por recibir visitas de sus familiares. No hay transporte para movilizarlos a los tribunales y hasta para eso tienen que pagar los familiares».
El Parlamento aprobó un acuerdo donde se crea una Comisión Especial de investigación, se solicitará una visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para evaluar el sistema penitenciario venezolano y se impulsarán investigaciones para establecer las responsabilidades penales, civiles y administrativas de Nicolás Maduro, Iris Varela, Rafael Lacava y Néstor Reverol.