Problema de salud pública, por Gisela Ortega
Autor: Gisela Ortega
El aborto constituye un problema de salud pública grave, ya que la mortalidad materna se vincula con la prevalencia del que se realiza en condiciones que atentan contra la vida de la mujer. La Organización Mundial de la Salud estima que el 13% de las 600.000 muertes aproximadamente, relacionadas con embarazos a nivel mundial resulta de abortos inseguros.
En América Latina el 21% de las defunciones maternas se atribuyen a esta causa. Sin embargo, a pesar del peligro que representa, es un recurso obligatoriamente utilizado por millones de mujeres para poner fin a gestaciones no deseadas. En los países Latinoamericanos los abortos provocados son más numerosos que los espontáneos.
Aunque la mayoría de las mujeres que interrumpen su embarazo están casadas o viven en uniones estables y tienen hijos, en el mundo han aumentado considerablemente los casos de abortos entre las adolescentes, particularmente en los lugares que es ilegal.
Cada año, al menos cuatro millones de abortos inseguros ocurren entre las jóvenes de 15 a 19 años, muchos de los cuales terminan en muerte o daños irreparables que incluyen infertilidad, como ocurre en Chile y Argentina, que más de un tercio de las defunciones maternas son de adolescentes. En Perú, un tercio de las mujeres que son hospitalizadas por complicaciones relacionadas con esto, tienen entre 15 y 24 años.
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Las mujeres de bajos ingresos siempre corren el peligro de obtener un aborto inseguro, ya que a diferencia de aquellas con recursos monetarios, tampoco tienen acceso a información, servicios y medios económicos para obtener un aborto seguro. Del mismo modo las que viven en pueblos pequeños y alejados de la ciudad forman parte de este grupo de riesgo.
Los científicos de la higiene estiman que solo una de cada 20 mujeres de zonas rurales acude a un profesional de salubridad idóneo para obtener un aborto seguro.
La Organización Panamericana de la Salud ha señalado que el aborto es la causa primordial de mortalidad materna en Argentina, Chile, Guatemala, Panamá, Paraguay y Perú, la segunda causa de fallecimiento en Costa Rica y la tercera en Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, El Salvador, Honduras, México y Nicaragua. Las cifras hacen que guardar silencio sobre este asunto constituya una conducta que debe calificarse de criminal.
De todas las mujeres que se someten a un aborto en condiciones de riesgo, entre el 10% y el 50% necesitan atención médica para el tratamiento de las complicaciones. Las más frecuentes son los incompletos, sepsis, hemorragias y lesiones abdominales, al igual que complicaciones infecciosas que pueden dejar en la mujer secuelas conducentes a la esterilidad, embarazo ectópico y dolor pélvico crónico.
La decisión de obtener un aborto pone a la mujer en conflicto con los valores sociales, culturales y religiosos relacionados con la maternidad y es, por lo tanto, una determinación que ninguna persona toma a la ligera. Investigaciones realizadas indican que los efectos psicológicos negativos que resultan de esta práctica aminoran en los países donde es legal, donde existe una buena información y servicios médicos adecuados.
En Estados Unidos se llevó a cabo un estudio –publicado por la Sociedad de Psicología Americana- que demostró que no había evidencia científica que probara que el aborto voluntario tiene un efecto psicológico negativo en la mujer. Sin embargo, en donde su práctica está penalizada y las mujeres actúan en zozobra de la clandestinidad, existen mayores probabilidades que experimenten traumas psíquicos. A pesar de ello, cabe señalar que muchas de ellas prefieren asumir los posibles efectos psicológicos negativos que pudieran surgir como producto de un aborto inducido, antes que verse obligadas a enfrentar un embarazo no deseado.
Las consecuencias devastadoras que tiene para la salud de la mujer una legislación que penaliza el aborto, y que resulta en la práctica prevalente del aborto inseguro, nos demuestra la necesidad de promover leyes más flexibles que faciliten acceso a servicios de aborto en condiciones adecuadas, erradicando de esta manera la práctica clandestina que cuesta la vida a millones de mujeres en Latinoamérica. El aborto no es un drama social sólo en el Tercer Mundo sino a nivel planetario.
En Venezuela, se desconoce el número de abortos practicados debido a su carácter ilegal, de allí la inexistencia de datos precisos sobre la incidencia en la morbilidad y mortalidad femeninas. En los registros disponibles se entremezcla el aborto provocado con el natural y otras complicaciones obstétricas.
La mortalidad materna está determinada fundamentalmente por el aborto séptico, sobre pasando ampliamente la hemorragia y la toxemia gravídica. El mayor número de embarazos se registra en las categorías más jóvenes en edad fértil -15 a 34 años- y por consiguiente son los grupos más expuestos a las implicaciones propias del embarazo, entre ellas el aborto.
