Nacido a raíz de la que quizás fue la primera afrenta de Hugo Chávez contra la prensa libre, son varias las oportunidades en las que el gobierno ha intentado silenciar a TalCual al imponer demandas judiciales y administrativas que siempre buscaron cercenar el derecho a informar
Autor: Keilyn Itriago | Xabier Coscojuela
En 18 años de existencia de TalCual, este medio de comunicación ha tenido que enfrentar nueve procedimientos administrativos y judiciales, que a todas luces persiguen restringir su derecho a informar, pero sobre todo a disentir. El abogado Humberto Mendoza D’ Paola, defensor del periódico, asegura que las mismas constituyen puntas de lanza en el propósito del régimen chavista de coartar la libertad de información y opinión.
1 El 26 de septiembre del 2003 se hizo el primer intento de presionar económicamente, por la vía judicial. Vicente Rosas (vinculado estrechamente al entonces presidente del Centro Simón Bolívar, José Vicente Cabezas) demandó por daños y perjuicios ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial de Caracas, tanto al periódico como a su director Teodoro Petkoff.
El monto pretendido por el demandante fue de Bs. 3.380.000 por concepto de daños morales, presuntamente provocados por una nota publicada en la sección “Por mi Madre”, en la cual hizo alusión a su persona relacionándolo con denuncias de corrupción en el Centro Simón Bolívar. El juicio fue abandonado y posteriormente fue declarada su perención.
2 En enero de 2006, el Consejo de Protección de Derechos del Niño, Niña y Adolescente del estado Lara abrió un procedimiento administrativo contra el diario, Laureano Márquez y Teodoro Petkoff, por un editorial donde hacía alusión a la hija menor del fallecido Hugo Chávez, firmado por el humorista.
En este procedimiento se declararon sin lugar todas las defensas interpuestas. De acuerdo con Mendoza D’ Paola, se intentó contra la resolución un recurso de reconsideración y el resultado fue el mismo, ratificando la orden de no nombrar por ningún concepto a la presunta agraviada; además de la imposición de una multa por infracción a la protección debida.
El pleito por la publicación de Laureano Márquez siguió. El acto administrativo del Consejo de Protección que agotó la vía administrativa fue recurrido en otras instancias. Al final se confirmó la multa impuesta, equivalente a diez meses y medio de ingreso mensual de los demandados y la prohibición de nombrar a la presunta afectada. Se multó tanto a Márquez como a TalCual. El veredicto se ejecutó, y para evitar una ejecución forzosa (conversión de multa por cárcel), después de una entusiasta recolecta los condenados pagaron la multa.
3 El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas investigó a TalCual y a su editor por señalamientos contra una funcionaria del Ministerio de Educación, por haber reseñado denuncias formuladas en su contra. La funcionaria fue despedida, y después de la comparecencia en tres ocasiones del abogado de la empresa se ordenó el archivo del expediente.
4 Esta vez no sólo fue TalCual, sino también otros medios de comunicación los afectados por infracción a la protección debida de adolescentes en el caso de Roxana Ribero (soldados insubordinados de la plaza Altamira que aparecieron muertos en Parque Caiza). Después de un largo proceso, aun cuando la presunta víctima alcanzó la mayoría de edad antes de la contestación del mismo y sin que ella hubiese ratificado la denuncia, el Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas declaró con lugar la acción de protección intentada por el Ministerio Público a instancia y el Consejo de Protección a instancia de la madre de Roxana, Edith Altuve Da Silva. En esta oportunidad, los medios fueron condenados a pagar multas por Bs. 10.886,40.
5 La cobertura del asesinato del fiscal Danilo Anderson causó mucha incomodidad. Según Mendoza D’ Paola, con medida cautelar no prevista ni regulada por ninguna ley pero dictada por el Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Penal en funciones de Control de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas (con competencia exclusiva para conocer de los delitos vinculados con el terrorismo, secuestro y extorsión asociados a paramilitares o guerrillas a nivel nacional), se ordenó a todos los medios y específicamente a TalCual, la prohibición -con amenaza de cárcel si desacataban la orden- de informar sobre el proceso seguido a raíz del atentado y muerte del fiscal. También se prohibió cualquier mención al testigo estrella Giovanny Vásquez.
6 Una vez que TalCual fuera solidario con El Nacional y publicara la foto de la morgue de Bello Monte que inicialmente divulgó, se ordenó contra el diario una acción de Protección a los Niños, Niñas y Adolescentes intentada por la Defensoría Pública, de la cual conoció inicialmente el Juzgado 12 de sustanciación del Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del Área Metropolitana de Caracas.
En el petitorio de dicha acción, la Defensoría Pública y su adherente, el Instituto Autónomo para la Protección a los Niños, Niñas y Adolescentes, solicitaron que TalCual se abstuviera de publicar imágenes de contenido violento, sangriento, grotesco, bien sea de sucesos o no, que de una u otra forma vulneren la integridad psíquica y moral de los niños, niñas y adolescentes, sin cumplir con los extremos establecidos en la Ley Orgánica para la Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes.
Pese a que nunca existió una demanda, la juez encargada del caso impuso la cancelación de una multa del 1% de los ingresos brutos correspondientes al ejercicio fiscal del año 2009.
7 El tribunal 29 de Control de Caracas, a cargo de la juez Bárbara Gabriela César Siero, admitió la demanda del presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, contra la junta directiva del diario TalCual y contra el articulista Carlos Genatios, por supuesta difamación agravada, y acordó medidas cautelares en contra de los demandados sin siquiera escucharlos. La juez unos meses después fue designada magistrada del Tribunal Supremo de Justicia. Hizo méritos.
8 En mayo de 2015, el para entonces presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, demandó al director y los directivos de TalCual, Teodoro Petkoff, Manuel Puyana, Juan Antonio Golía y Francisco Layrisse, por reproducir la información publicada en el diario español ABC, en la que el oficial de la Armada venezolana, Leamsy Salazar, fue vinculado con el tráfico de drogas. El juez, sin escuchar a los demandados, acordó prohibición de salida del país y presentación ante el tribunal. La demanda también incluyó a directivos de el diario El Nacional y del portal lapatilla.com.
9 En abril de 2016, Diosdado Cabello presentó una demanda civil contra TalCual, que hizo extensiva al diario El Nacional y al portal La Patilla, por la publicación de la información aparecida originalmente en el diario ABC de España, donde se relacionaba a Diosdado Cabello con el tráfico de drogas. La demanda, para variar, fue admitida.
10 El juez Aris José La Rosa visitó a Teodoro Petkoff en su residencia el 31 de agosto de 2017. Fue a constatar su estado de salud, sin avisar a su abogado defensor y en plenas vacaciones judiciales. Días después, La Rosa inhabilitó civilmente a Petkoff, algo que está fuera de su competencia, lo despojó del derecho a estar asistido por su abogado, nombró como tutor a su cónyugue, levantó las medidas cautelares dictadas en su contra y procedió a dictar el sobreseimiento del caso –derivadas de las demandas de Cabello- pero solo para Petkoff. Los juicios siguen abiertos y las medidas contra Puyana, Golia y Layrisse siguen vigentes. La libertad de expresión sigue amenazada.
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