Unasur: ¿decisión acertada?, por Felix Arellano
Autor: Felix Arellano
Seis, de los doce países miembros fundadores de la Unasur, (Argentina, Colombia, Brasil, Chile, Paraguay y Perú) han informado al gobierno de Bolivia, que actualmente preside la organización, la decisión de suspender tanto su participación, como el pago de sus cuotas. Una decisión impactante y novedosa; empero, pudiera ser poco efectiva si se limita a ejercer presión para la designación del Secretario General, decisión bloqueada por los gobiernos de Venezuela y Bolivia y pendiente desde la salida del Expresidente Ernesto Samper, quien ejerció el cargo desde 2014 al 2017, y ha dejado un equipo radical e indisciplinado según la información que circula desde la cuidad de Quito, sede de Unasur.
Para que esta novedosa decisión sea trascedente, convendría que se inscribiera en el marco de una estrategia que abarque el conjunto de instituciones, que en materia de integración regional, se han incrementado en los últimos años, generando contradicciones, solapamientos, incoherencias e incluso despilfarro de recursos. Lo ideal sería el diseño de una estrategia que genere un aporte significativo para el desarrollo y consolidación de la integración regional, que en principio, debería centrar la atención en la reingeniería de su institucionalidad, promoviendo una revisión profunda de las organizaciones existentes, las necesarias modificaciones, fusiones o eventuales eliminaciones.
El tema de integración, fundamentalmente económica y comercial, en la región no es nuevo, recordemos que la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (Alalc) fue creada mediante la suscripción del Tratado de Montevideo en 1960 y, durante veinte años de esfuerzos, no fue posible construir el mercado regional libre de gravámenes y restricciones; por lo tanto, con el nuevo Tratado de Montevideo de 1980, fue sustituida por la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi) que, no obstantes sus debilidades de origen, ha generado resultados interesantes para la integración regional. Adicionalmente, en esas décadas de negociaciones en el marco de la Alalc, los países de la subregión andina conformaron el Grupo Andino, con la firma de Acuerdo de Cartagena en 1969 y, algunas décadas después, los países del sur deciden establecer el Mercado Común de Sur (Mercosur), con la suscripción del Tratado de Asunción en 1991.
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Tales esfuerzos han tendido a privilegiar los temas económicos y comerciales, empero, diversos asuntos sociales y políticos fueron incorporados en los ordenamientos jurídicos de la integración. Ahora bien, los resultados no han sido tan efectivos, si bien, en la década de los noventa se abrieron significativamente los mercados, el comercio intrarregional no ha crecido al ritmo de otras regiones; ni se ha logrado un entramado productivo que permita generar diversas cadenas globales de valor; la integración de las políticas macroeconómicas ha estado ausente y la poca participación social ha sido una de sus grandes debilidades.
Con el ascenso al poder en varios países de la región de movimientos radicales, liderizados por el proceso bolivariano, se fue conformando una visión irracionalmente crítica contra la integración regional, que ha satanizado el libre comercio, sin reconocer sus beneficios en generación de empleos y bienestar social, pero tampoco promovió las necesarias revisiones que exigía la integración regional para superar sus limitaciones y fortalecer la equidad.
La visión radical al llegar al poder desarrollar un proyecto geoideológico, concentrado en un discurso radical antisistema, mucho cuestionamiento al imperialismo y, en la práctica, el objetivo fundamental ha sido la eliminación de controles o limites a su actuación autoritaria. En este contexto, un tema central en la agenda ha sido la creación de instituciones sumisas o complacientes a sus proyectos.
Con el radicalismo proliferan las instituciones de integración: ALBA, Unasur, Celac. Todas enfocadas, fundamentalmente, en el rechazo a los Estados Unidos y a la OEA, desconociendo las oportunidades que se pueden generar en tales escenarios, y los importantes avances de la OEA en materia de derechos humanos y defensa de la institucionalidad democrática. En el accionar geoidelógico, el proceso bolivariano y su poderosa chequera petrolera ha jugado un papel protagónico. Ahora bien, con el transcurrir del tiempo, los resultados negativos ya se pueden apreciar claramente, una región más fragmentada, polarizada y desintegrada.
En las condiciones de crisis que vive la integración en la región, la decisión del grupo de los seis no se debería limitar a la Secretaria General de la Unasur, se debería extender a la necesaria revisión de la arquitectura institucional de integración en su conjunto y su adecuación a los grandes desafíos del mundo global digitalizado y robotizado, sin desconocer la urgencia de abordar de forma creativa y efectiva los graves problemas sociales, que han agudizado los gobiernos radicales y autoritarios
Otro gran obstáculo que enfrenta la integración tiene que ver con las rígidas concepciones de soberanía que ha predominado en la región. Por una parte, el nacionalismo económico, que percibe la integración como un juego suma cero y, más recientemente, la soberanía autoritaria de los gobiernos radicales que conforman una muralla para evitar los controles de la comunidad internacional. Hacer efectiva la integración además de la reingeniería institucional que requiere, también conlleva el reto de abordar y desarrollar el tema de la equidad.
