La expansión de la crisis venezolana, por Marta de la Vega V.
Autor: Marta de la Vega V. | @martadelavegav
Análisis recientes acerca de la situación desastrosa a la que ha conducido el país un gobierno autoritario, incapaz de dar respuesta oportuna, eficiente y planificada a ninguna demanda social mayoritaria ni de cumplir las obligaciones que tiene un Estado con sus ciudadanos muestran que la huida de refugiados y migrantes ha permeado las fronteras de los países vecinos, en especial Colombia y Brasil y en menor medida, Ecuador.
Las secuelas de violencia, crimen, epidemias y colapso de servicios asistenciales e infraestructura en las poblaciones de las áreas limítrofes que acogen el éxodo masivo de venezolanos en condiciones más que precarias y sin respaldo, comienzan a exacerbarse. Explotación de carácter laboral y sexual, chantajes, xenofobia, incremento de delitos y aumento de la inseguridad no impiden, por supuesto, la solidaridad generosa en el extranjero, con frecuencia por iniciativa de venezolanos que se hallan en tierra ajena.
Pero la insuficiencia de los recursos que demanda a los gobiernos vecinos la asistencia humanitaria exige como prioridad el apoyo internacional.
Colombia, por ejemplo, está en un proceso de paz crucial y frágil que requiere la concentración de recursos muy importantes en los programas de reinserción, entrenamiento laboral y movilización de poblaciones que fueron desplazadas por la violencia del conflicto interno. La emergencia provocada por la implosión social y económica de Venezuela para atender el flujo incesante de personas procedentes de la república bolivariana pone en peligro el alcance de las políticas de Estado derivadas de los acuerdos de paz.
Ecuador ha visto recrudecer la acción terrorista y criminal de grupos alzados disidentes de las FARC que han decidido no someterse a dichos acuerdos con el gobierno de Juan Manuel Santos y se han refugiado más allá de la frontera colombiana y convertido en bandas de delincuentes dispuestos a la peor barbarie si es necesario para mantenerse en armas contra la institucionalidad democrática.
En Brasil ha habido intentos sistemáticos de cerrar la frontera en las ciudades limítrofes para minimizar la anarquía que resulta de la llegada sin control de refugiados provenientes de Venezuela. Por consiguiente, no es suficiente el apoyo sino la presión externa que urge que sea cada vez más fuerte para imponer sanciones al gobierno de Maduro y sus principales funcionarios. Estos no solo han usurpado hoy el mando sino que ejercen una represión sostenida y brutal para aferrarse a este y han destruido la economía y el tejido social con improvisación, políticas erráticas y equivocadas en todos los ámbitos de la vida nacional. No se salva ni un solo sector.
La corrupción y falta de escrúpulos de funcionarios del más alto nivel han puesto a Venezuela como Estado forajido y delincuente que forma parte vital del crimen internacional organizado. La coca, por ejemplo, procedente de Colombia, pasa por Venezuela en más de un 40% según datos del criminalista y comunicador social Javier Ignacio Mayorca, y el país se ha convertido en refugio de mafias y corredor seguro para evacuar la droga hacia Europa y Estados Unidos principalmente, a través de Centro América y África.
Preguntarse qué se debe hacer no es suficiente. La coalición liderada por el grupo de países de la región denominado el Grupo de Lima no ha logrado detener el proceso electoral fraudulento impuesto por Maduro para reelegirse ni una concertación sólida que sirva de barrera a los abusos de poder y a la violación impune hasta ahora de los derechos humanos más elementales de quienes sufren en Venezuela el peso de la indiferencia y desidia de la camarilla mafiosa militar civil que maneja tiránicamente y en función exclusiva de sus intereses particulares el destino de la república.
No se puede resolver esta tragedia humanitaria y política sin negociaciones que trasciendan al gobierno y a la oposición organizada en la Mesa de la Unidad Democrática, principalmente de partidos políticos. Las organizaciones de la sociedad civil y organismos multinacionales de alcance mundial deben participar para que no se repita el fracaso de las conversaciones recientes en República Dominicana. Si no se revierte esta crisis, el horror que se avecina va a llegar destructoramente y sin atenuantes.
