Ortega configura una represión “a la venezolana” con más muertos en Nicaragua
En Nicaragua, la mayoría de las muertes son atribuibles a agentes de las fuerzas de seguridad públicas y la actuación de civiles armados, conocidos en ese país como las “turbas sandinistas”
Todo comenzó el 18 de abril de este año con el rechazo a la reforma legal que anunció el mandatario Daniel Ortega sobre el sistema de pensiones nicaragüense. Los estudiantes y parte de la sociedad civil llamaron a la protesta, que no ha cesado desde hace casi 60 días con un saldo fatal de represión y muerte.
Y es que a pesar de haber dado marcha atrás a la reforma, el movimiento estudiantil y gran parte de la población de Nicaragua, enfiló sus reclamos para lograr un cambio de la dupla presidencial que hace Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.
La respuesta del gobierno nicaragüense fue la represión a los manifestantes, que ya suman al menos 146 muertos según el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) bajo la actuación comprobada de las fuerzas de seguridad del Estado y la utilización de grupos civiles armados, versión centroamericana de los ‘colectivos’ venezolanos.
En esa espiral de violencia, se sumaron los llamados “tranques” que realizan sindicatos y la población civil por todo el país y que han sumado hasta 200 en la ciudad de Masaya, una de las más afectadas por la represión del régimen orteguista.
Según las estimaciones del sector económico, los “tranques” han dejado a la nación centroamericana con mercancía valorada por el orden de los 70 millones de dólares.
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Mientras, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) logró visitar al país en medio de la represión y señaló en un informe divulgado a principios de mayo que la mayoría de las víctimas son estudiantes universitarios y civiles.
La causa más frecuente de muerte fue por disparos certeros en la cabeza, cuello y torso, por lo que la CIDH no descartó que el Gobierno de Ortega haya realizado “ejecuciones extrajudiciales”.
El 30 de mayo, centenares de miles de nicaragüenses marcharon en Managua en honor a las madres de los muertos de abril. La «madre de todas las marchas» terminó en más muerte «patrocinada» por los grupos armados del Gobierno. La información oficial suministrada dio cuenta de 19 fallecidos en todo el país, ocho de los cuales se registraron en la capital.
En sus últimas declaraciones sobre Nicaragua el secretario de la CIDH, Paulo Abrão, afirma que ahora han logrado documentar el secuestro de estudiantes, ataques a ambulancias, hostigamiento, incendios a instalaciones de prensa y edificios estatales como nuevas prácticas represivas.
Entrevista sobre #Nicarágua ?? Es alarmante lo que está pasando ahí. @CIDH @totonia68 @JoelHernandezG pic.twitter.com/aJMo7Ay1PK
— Paulo Abrāo (@PauloAbrao) 10 de junio de 2018
Mientras, la prensa nicaragüense detalla que estas «prácticas» ahora incluyen tiroteos cerca de zonas residenciales y los sitios de «tranques».
La “experiencia” venezolana
Inti Rodríguez, coordinador del Programa de Monitoreo, Investigación y Difusión de Provea, señala que los patrones de represión en Nicaragua son similares a los que se vivieron en Venezuela en 2017.
Uso excesivo de la fuerza, uso de grupos colectivos armados, estigmatización contra manifestantes pacíficos, y una respuesta bélica y autoritaria dirigida a deslegitimar las razones primarias de la protesta configuran el repertorio represivo de Daniel Ortega, destaca el defensor de Derechos Humanos.
En Nicaragua, la mayoría de las muertes son atribuibles a agentes de las fuerzas de seguridad públicas y la actuación de civiles armados, conocidos en ese país como las “turbas sandinistas”.
Foto: Oscar Sánchez/END
“En ambos países (Venezuela y Nicaragua) responden a la misma lógica de actuación, pues son grupos promovidos por el Estado que actúan en coordinación con agentes de la fuerza pública para reprimir manifestaciones y que debido a esa función, también se convierten en violadores de los derechos humanos como cualquier política o militar”, afirma Rodríguez.
A diferencia del Gobierno de Venezuela, el defensor de DDHH menciona que en Nicaragua “no contaron con una chequera petrolera que le permitió hacer una diplomacia petrolera y construir, a partir de allí, un aparato represor tan fuerte. En Nicaragua no existe un aparato represor tan fuerte como el venezolano”.
A pesar de que el gobierno de Daniel Ortega es acusado “con toda razón” de ser un gobierno autoritario, el coordinador de Provea asevera que la erosión del sistema democrático no es tan aguda “como lo es en Venezuela”.
“Acá en cuatro meses de protesta en 2017, el Gobierno fue incapaz o bajo algunas excepciones, de dar un paso atrás en los motivos que originaron las manifestaciones”, sentencia Rodríguez.
En suelo nicaragüense, el principal catalizador de la protesta que fue la reforma a la seguridad social, fue suspendido 15 días después de su anuncio.
En Venezuela, dos sentencias emanadas del Tribunal Supremo de Justicia el 31 de mayo de 2017 y que supusieron la “ruptura del orden constitucional”, como lo declaró la fiscal en el exilio Luisa Ortega Díaz, tan solo fueron modificadas parcialmente.
“La construcción de un aparato represivo, tanto con armamentos y equipos bélicos, como un aparato jurídico en Venezuela que se construyó a partir de un andamiaje legal para judicializar las protestas, sumado a la erosión de la institucionalidad democrática, es lo que hace la diferencia con Nicaragua”.
Los puntos de quiebre
Los pobladores de la nación centroamericana han visto que algunos de los pronunciamientos más importantes provienen de actores como la empresa privada, la Iglesia y los medios de comunicación al igual que el Ejército, que se negó a acatar órdenes de repeler las manifestaciones pacíficas.
Los pronunciamientos de estos sectores han llevado al gobierno Ortega-Murillo a aceptar la visita de organismos internacionales como la CIDH con la cual se conformó un Grupo de Expertos Internacionales para esclarecer las muertes de nicaragüenses y la represión.
A juicio del coordinador de Provea, Venezuela se enfrenta a 20 años de la erosión del tejido social, cooptación del movimiento popular y la institucionalidad democrática que, “sin ninguna duda, generan que tengamos una dictadura que ante cualquier intento de expresión de protesta, recurra a todos los medios para aplastarla, sin dar un paso atrás en sus actuaciones”.
Otro de los hechos que “hermanan” ambos procesos es un diálogo. En el caso venezolano, se intentó en dos ocasiones sin resultados, a pesar de la ayuda internacional.
Por ahora, el diálogo nicaragüense se mantiene estancado y en espera de una respuesta de Ortega a la propuesta de “democratización” que hizo la Conferencia Episcopal de ese país, luego de un encuentro privado apoyado por los estudiantes y el resto de los sectores.
El secretario de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, Abelardo Mata, cuestionó el silencio del mandatario, que pidió el jueves pasado siete días para “reflexionar” la propuesta. El Senado de Estados Unidos oficializó el lunes 11 su apoyo a la iniciativa de la Iglesia.
“La respuesta que hemos recibido es más violencia: creo que (Ortega) ha respondido con hechos. Nefasta respuesta está dando, respuesta que no es responder de manera responsable. La crisis se está ahondando más y más”, dijo el obispo Mata al diario La Prensa de Managua.
Además, la Organización de Estados Americanos exhortó por medio de una resolución, aprobada en la 48 Asamblea General, a que el Gobierno apruebe nuevas elecciones para lograr la estabilidad democrática.
Las coincidencias abundan a la hora de comparar las estrategias represivas aplicadas por los gobiernos de Nicaragua y Venezuela, cuyos resultados han sido idénticos: la muerte de ciudadanos inocentes que solo reclaman sus derechos.
