ONU revela que ni los niños se salvan de violación de DDHH en Venezuela
La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU denuncia la existencia de una nueva política interna dentro del Ministerio Público, según la cual toda investigación relacionada con un agente de seguridad debe ser aprobada personalmente por el Fiscal General
La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (Acnudh), que dirige los esfuerzos en materia de DDHH en la Organización de Naciones Unidas (ONU), presentó un informe con graves denuncias sobre las violaciones cometidas en Venezuela desde 2014, con un énfasis especial en los períodos de protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro.
Para recopilar la información que figura en el documento, se realizaron alrededor de 150 entrevistas con víctimas y testigos, representantes de la sociedad civil, periodistas, abogados, médicos y universitarios. Además, se hizo un examen detallado sobre numerosos informes y datos aportados por diversas fuentes.
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Los resultados arrojaron múltiples cifras de delitos cometidos en diferentes ámbitos, entre los cuales destacan las ejecuciones extrajudiciales, especialmente en el marco de las Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP), las detenciones arbitrarias durante las protestas de 2014 y 2017, casos de tortura y la obstrucción de procesos de investigación judicial.
La ONU incluyó además las reiteradas violaciones y la degradación que han sufrido el derecho a la salud, la alimentación o la libertad de expresión.
El secretario general de la ONU, António Guterres, considera “verdaderamente impactante” el número de abusos documentados en Venezuela y se demuestra la necesidad de “un diálogo político y una solución política totalmente incluyente», tal y como viene reclamando desde el inicio de la crisis venezolana.
Terror como premisa
El informe del Alto Comisionado de la ONU para los DDHH denuncia que las fuerzas de seguridad venezolanas mataron a más de 505 personas durante los operativos de las OLP, entre los que se incluye a 24 niños.
Resaltan las muertes de los 39 reclusos en el Centro de Detención Judicial del estado de Amazonas en 2017 y el asesinato del expolicía rebelde Óscar Pérez y su grupo en El Junquito, ocurrido en enero del presente año.
Según los datos de una organización de la sociedad civil, tomados en cuenta por la Acnudh, al menos 5.846 presuntas ejecuciones extrajudiciales se habrían producido entre 2012 y 2016. En 134 casos las víctimas eran mujeres.
Venezuela: @UNHumanRights documenta testimonios impactantes de más de 500 supuestos asesinatos extrajudiciales por las fuerzas de seguridad durante las operaciones de lucha contra el crimen.
Denuncia la “impunidad y la deplorable situación de DDHH”: https://t.co/iq4RE8I5qI pic.twitter.com/ZqcHcKr7bG— Naciones Unidas (@ONU_es) June 22, 2018
A pesar de que voceros del Gobierno indicaron que las OLP fueron creadas con el objetivo de “liberar” zonas donde los grupos delictivo operaban, el informe indica que no produjeron una incidencia real en la delincuencia del país.
De hecho, en 44 operativos realizados en 20 estados entre julio de 2015 y junio de 2017, solo se confiscaron 213 armas de fuego, menos de siete kilos de cocaína y 12 kilos de marihuana. Además, 1.050 personas fueron arrestadas, y un 77% fueron liberados al no tener pruebas contundentes para encarcelarlos.
«Los testimonio sugieren un patrón: redadas en barrios pobres para arrastrar a ‘delincuentes’ sin una orden judicial; el asesinato de hombres jóvenes que encajaban el perfil, en algunos casos en sus hogares; y finalmente las fuerzas de seguridad manipulando la escena para que los asesinatos parecieran haber ocurrido en un intercambio de disparos», dice parte del informe.
Un día de agosto de 2017, a las 6 de la mañana, mi hijo oyó disparos y salió al balcón para ver qué estaba pasando. Agentes del FAES le ordenaron bajar a la calle. Al negarse y volver al interior, donde estaban sus dos hijos (de dos y cuatro años), tres miembros del FAES irrumpieron en su casa. Metieron a los niños en otra habitación y le ordenaron a mi hijo que se arrodillara. Mi nieto de cuatro años me contó después que el agente le había gritado a su padre «¿dónde está el arma?», y que luego oyó un solo disparo. Cuando sacaron a mis nietos de la vivienda, el mayor vio a su padre sangrando. Un agente lo envolvió en una sábana blanca y lo arrastró escaleras abajo. Los vecinos me dijeron que, después del primer disparo, otros agentes dispararon contra las ventanas y paredes del piso de mi hijo, simulando un tiroteo. Ese mismo día, otros dos hombres y una mujer fueron asesinados en su barrio. Al día siguiente, los periódicos dijeron que el Gobierno había desmantelado un grupo responsable del secuestro de la esposa de un coronel de la GNB”.
Ese es parte del relato de la madre de un joven de 27 años muerto en el contexto de una OLP, entrevistada el 21 de febrero de 2018.
Detención injusta
Con respecto a las detenciones arbitrarias, al menos 570 personas habrían sido víctimas de esta situación, incluidos 35 niños, entre el 1 de agosto de 2017 y el 30 de abril de 2018, señala el informe de la Acnudh.
Esta cifra se incrementa a 12.320 si se toman en cuenta los opositores al gobierno arrestados sin justificación entre enero de 2014 y abril de 2018. De este grupo, más de 7.000 fueron excarcelados con medidas cautelares de libertad.
La Oficina del Alto Comisionado indica que las detenciones se hacían con graves irregularidades e incumplimiento del debido proceso. Los funcionarios de los cuerpos de seguridad encargados de hacer este tipo de detenciones rara vez mostraron una orden judicial ni informaron a las personas el motivo de su detención.
Además, existe suficiente evidencia que, en su mayoría, los detenidos eran incomunicados hasta su comparecencia ante un juez, lo que ocurría tras vencer el límite de 48 horas establecido en la legislación nacional, como en los casos de Juan Pedro Lares, el general retirado Raúl Isaías Baduel o Gregory Hinds.
El informe también señala la preocupación por el número significativo de miembros de las Fuerzas Armadas que habrían sido detenidos en 2018. “Ellos habrían sido objeto de las detenciones debido a su supuesta oposición al Gobierno y por representar una amenaza dentro de las fuerzas armadas”.
Destacan que, en algunos casos, sus familiares también fueron amenazados o detenidos, al tiempo que denuncian que ha sido forzoso documentar este tipo de detenciones, porque los funcionarios de la FAN “son generalmente mantenidos incomunicados, el acceso a los lugares de detención militar está restringido y a menudo las familias tienen miedo de denunciar la situación de sus familiares detenidos”.
Tortura como pena
El informe resalta que 90 casos de personas fueron arbitrariamente privadas de libertad sometidas a una o más formas de tratos crueles, inhumanos o degradantes, muchas de las cuales podrían constituir formas de tortura.
“Entre los actos de malos tratos y tortura documentados se incluyen la aplicación de descargas eléctricas, golpes fuertes, violaciones y otras formas de violencia sexual, asfixia con bolsas de plástico y productos químicos, simulacros de ejecución y privación de agua”.
El informe señala que en particular miembros del Sebin, la Dgcim y de la GN hicieron uso de la tortura y tratos crueles “con el fin de intimidar y sancionar a los detenidos, así como de extraer confesiones e información”.
Se menciona que en algunas situaciones, “los miembros de la familia, en particular las mujeres, también fueron sometidos a tratos crueles, inhumanos o degradantes cuando visitaban a sus familiares”, lo que extiende las violaciones de los DDHH a toda la sociedad.
Un estudiante universitario, detenido por más de seis meses, relató al Acnudh que había recibido descargas eléctricas y golpes, y que fue asfixiado con una bolsa de plástico e introducido en agua fría mientras los agentes de la inteligencia militar lo interrogaban sobre sus relaciones con los líderes de la oposición. Un abogado explicó que, además de haber sido sometido a descargas eléctricas, incluso en los genitales, su cliente había sido desnudado por los guardias, atado a un vehículo y arrastrado por un camino de piedras más de cien metros”.
Las condiciones de reclusión también evidencian las torturas y los malos tratos que sufren los presos por razones políticas y la población civil, como explica el informe.
Una mujer contó al ACNUDH que durante una visita a su hijo, que tenía sarna, tuvo que inyectarle un medicamento para perros, pues era el único tratamiento que podía comprar. Un hombre dijo que la primera vez que pudo visitar a su hijo en la cárcel, éste tenía una herida en el cuero cabelludo infectada con gusanos y escupía sangre. No tenía acceso a atención médica y su familia tuvo que llevarle medicamentos”.
Denegación de la justicia
El informe señaló las diferentes obstrucciones y obstáculos en investigaciones relacionadas con las protestas ocurridas entre 2014 y 2018.
“La falta de cooperación de la GNB bloqueó efectivamente cualquier avance de las investigaciones penales sobre una serie de casos, entre ellos las muertes de Juan Pablo Pernalete, Armando Cañizales, Miguel Castillo, Nelson Arévalo y Luis Guillermo Espinoza”.
Aquí se incluye la negativa de la Guardia Nacional a cumplir órdenes de tribunales para detener a funcionarios de ese cuerpo para ser investigados, como los casos de Antonio Gruseni Canelón o Manuel Sosa en Lara.
«Dado que #Venezuela parece no tener la capacidad ni la voluntad de enjuiciar a los responsables de las graves violaciones de los #DerechosHumanos, existen sólidas razones para considerar una mayor implicación de la Corte Penal Internacional» – #Zeid: https://t.co/0Nw39HrA6t pic.twitter.com/gbqedgxuNt
— UN Human Rights (@UNHumanRights) 22 de junio de 2018
Los familiares de 19 muertos durante las protestas en 2017, entrevistadas por el Acnudh, declararon que habían perdido la confianza en el sistema de justicia y que no tenían expectativa alguna de que el Gobierno fuera rendir cuentas de manera fehaciente sobre lo ocurrido.
En su informe de 2017, el Acnudh determinó que los agentes de seguridad del Estado venezolano habían sido los presuntos responsables de la muerte de 46 manifestantes. Al 31 de julio de ese año, el Ministerio Público (entonces a cargo de Luisa Ortega Díaz) había emitido por lo menos 54 órdenes de detención contra los agentes de seguridad presuntamente implicados en 17 de estas muertes.
Sin embargo, más de un año después del comienzo de la ola de protestas, sólo se ha iniciado la etapa formal de juicio en el caso de un policía municipal acusado de matar a César Pereira el 27 de mayo de 2017 en el estado de Anzoátegui.
En agosto de 2017 Tarek William Saab, el nuevo fiscal impuesto por la Asamblea Constituyente, destituyó a varios de los miembros de la Dirección de Protección de Derechos Fundamentales del Ministerio Público, cuya función es investigar las violaciones de los derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad.
La nueva directora no ha mostrado ningún resultado concreto en lo relativo a la investigación de las muertes relacionadas con las protestas.
También se desmanteló la Unidad Criminalística Contra la Vulneración de Derechos Fundamentales, su directora tuvo que huir del país tras recibir amenazas de muerte y ahora las investigaciones están a cargo del Cicpc, bajo la responsabilidad del Ministerio del Interior, Justicia y Paz.
Además, la Oficina del Alto Comisionado denuncia la existencia de una nueva política interna dentro del MP, según la cual toda investigación relacionada con un agente de seguridad debe ser aprobada personalmente por el Fiscal General.
“En algunos casos, los fiscales fueron despedidos o separados de los casos. La fiscal encargada de investigar la muerte de Rubén González, presuntamente asesinado por un disparo de bala de la GNB el 10 de julio de 2017 en Valencia, fue retirada del caso cuando estaba a punto de interrogar a agentes de la GNB presuntamente implicados en la muerte”.
Salud y alimentación en el foso
En el extenso informe de la ONU, también se evidencia el detrimento de las condiciones de vida de los venezolanos debido al decaimiento en el acceso equitativo a los sistemas de salud y la alimentación, que han sufrido un grave deterioro desde 2014.
En el campo de la salud, a raíz de la inflación y del gran endeudamiento acumulado con las empresas proveedoras de suministros sanitarios, la capacidad del Gobierno para importar medicamentos y equipos de salud se redujo en un 60 por ciento.
Como las importaciones del sector estatal representaban el 95 ciento de los suministros de salud necesarios para el funcionamiento del sistema de salud público, la reducción de la capacidad de importación provocó una escasez sistemática de medicamentos y material médico».
“Si los pacientes no logran encontrar o comprar los suministros que necesitan, simplemente no pueden ser tratados” dijo una médica a la Oficina del Alto Comisionado.
Con respecto a la alimentación, se refiere que la situación de crisis fue causada por una combinación de políticas económicas y sociales aplicadas por el Gobierno durante la última década, como el control por el Estado del precio de los alimentos y de los tipos de cambio de moneda extranjera, la mala administración de tierras de cultivo confiscadas, el monopolio estatal de los suministros agropecuarios, la militarización de la distribución de alimentos y la puesta en práctica de programas sociales sin objetivos nutricionales claros.
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La Acnudh observó que la disponibilidad de alimentos había alcanzado mínimos críticos, puesto que las importaciones de alimentos se habían reducido en un 76% entre 2013 y 2017, y que el aprovisionamiento asegurado por la producción nacional había pasado del 75% de la demanda de alimentos en 2013 a apenas el 25% a fines de 2017.
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