La espiral descendente de los Derechos Humanos, por Gabriela del Mar Ramírez
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas urgió la semana pasada a la Corte Penal Internacional a acelerar las investigaciones acerca de las violaciones masivas de Derechos Humanos en Venezuela.
Para explicarlo en el argot criollo, lo que solicita el máximo exponente de la materia en las Naciones Unidas es que los eventos que vienen desarrollándose en el país entren en una fase penal, a escala internacional, con sus respectivas consecuencias.
La respuesta del gobierno, sin detenerse a leer la solicitud, es tildar de mentiras las 72 páginas que recogen testimonios directos de personas afectadas y permiten caracterizar el accionar del gobierno de facto que se apoderó de la soberanía popular en nuestro país, desde hace un año por esta fecha
Con respecto del uso de la fuerza pública, el reporte titulado «Un espiral descendente que parece no tener fin» relata los horrores –por ejemplo- de las 39 muertes de indígenas en el centro de retención policial de Amazonas, durante una requisa.
Diversos eventos, que van desde una actividad como ésta, supuestamente cotidiana en la vida penitenciaria, hasta los operativos para frenar el delito en Venezuela muestran al gobierno de Nicolás Maduro como una banda de personeros inescrupulosos capaces de ejecutar personas a mansalva con la complicidad absoluta del sistema de justicia.
Se trata de una práctica que, en el lenguaje de los Derechos Humanos, es reconocida por ser una política de Estado sostenida en el tiempo que involucra ejecuciones arbitrarias que se iniciaron en el año 2014 con eventos como las masacres de Barlovento y Cariaco, en el marco de las «Operaciones de Liberación del Pueblo» (OLPs).
También el informe denuncia el exterminio de presos durante requisas en los retenes policiales de Amazonas y Carabobo y la ejecución de los siete rebeldes (ya rendidos) del grupo de Oscar Pérez en la parroquia de El Junquito.
El informe es sucinto y no recoge toda la información disponible, pues está basado en testimonios de las víctimas debido al ostracismo oficial para aportar información a los órganos de Derechos Humanos, de los cuales el Estado venezolano aún forma parte.
Si el tema de los Derechos Humanos ha empeorado de manera sostenida, aún más desmoralizante es la complicidad manifiesta de todo el sistema de justicia y, en particular, del Fiscal de facto designado por la ANC, quien deliberadamente ralentizó las investigaciones que en torno a las masacres había adelantado su antecesora Luisa Ortega Díaz, y borró el Informe público que elaboramos desde la Defensoría del Pueblo en el marco de las protestas del año 2014.
La mayoría de los funcionarios involucrados en estas investigaciones hoy están fuera del territorio nacional por razones evidentes.
Al revisar los delitos que hacen a un régimen imputable por cometer crímenes de lesa humanidad -para el caso venezolano- podemos inventariar persecución, encarcelamiento, desaparición forzada, tortura, violación y asesinato.
Si esta situación no se detiene pudieran incorporarse otros delitos más que completarían el catálogo, como deportación, esclavitud y hasta discriminación política y de otro tipo, bajo el modelo del Apartheid. Aunque si somos puntillosos pueden evidenciarse algunos indicios de estos delitos.
La elección presidencial organizada sin cumplir los extremos legales por el madurismo el 20M de este año maquilla con un lifting político al rostro envilecido del gobierno: excarcelaciones ficticias hechas en el pasado para dar la impresión que están vaciando las celdas de presos políticos, pero que se concretan con amenazas a la libertad de movimiento y de expresión de los afectados, reuniones con sectores económicos que se encuentran en situación de rehenes y promesas de más bonos para paliar un par de horas más la hambruna que atenaza al pueblo.
La realidad es que la base social cruje y amenaza con quebrarse dejando sin soporte al peor gobierno de nuestra historia republicana. El concurso de toda la sociedad democrática es crucial para que ocurra pronto un cambio político y tengamos la posibilidad de reconstruir el país en un corto plazo.
