Gobierno sigue muy campante con su default de deuda que suma $6.172 millones
El monto por la moratoria en los pagos de los bonos de deuda externa de la República y de Pdvsa sigue creciendo, mientras que el Gobierno de Maduro parece no inmutarse por el tema ni recordar el prometido plan de reestructuración de los bonos
El pasado 15 de agosto venció el pago de capital más intereses de 1.123 millones de dólares del Venezuela 2018 y como, desde hace 10 meses, éste compromiso no se cumplió por parte del Gobierno. Este sería el primer default de un bono principal soberano o de la República si no se cancela durante su período de gracia de 30 días.
Con este compromiso de pago más los demás retrasos en los 14 títulos de deuda externa de la República, 8 de Petróleos de Venezuela y 1 de Elecar (ahora Corpoelec), el monto vencido entre capital e intereses suma 6.172 millones de dólares al cierre de agosto. Y es que precisamente este mes era uno de los períodos donde el Gobierno debía desembolsar mayores recursos ($1.757 millones) por este concepto.
Los únicos bonos que, según información de mercado ha sido pagado, es el Pdvsa 2022 con cupón de 6% cuyo período de gracia se venció el 27 de noviembre de 2017. Este título de deuda fue adquirido, en gran parte, por la norteamericana Goldman Sachs a fines de mayo de 2017 y se estima que actualmente cuenta con un porcentaje de tenencia del 44%.
Igualmente, la industria estatal canceló el Pdvsa 2020 para no perder el 50,1% de las acciones de la refinería Citgo, ubicada en Estados Unidos y que la empresa colocó como garantía durante un canje de deuda.
Las sanciones financieras de Estados Unidos contra el Ejecutivo encabezado por Nicolás Maduro han complicado las finanzas del país, no obstante, la capacidad de pago empeoró debido a la caída de la producción petrolera de Pdvsa y en consecuencia del ingreso en divisas. Esto ha llevado a que las reservas internacionales del Banco Central de Venezuela (BCV) se coloquen al mismo nivel de hace 44 años.
El chavismo utilizó, fomentó e incrementó la colocación de bonos de deuda externa en medio de la bonanza petrolera, lo cual atrajo a múltiples inversionistas locales y extranjeros que llegaron a ser sus aliados en esta estrategia de financiamiento. Muy atractiva por cierto, por las altas tasas de interés que se fijaron para cada emisión, haciendo que los bonistas particulares e importantes bancos de inversión estrecharon las manos con el gobierno de Venezuela.
Ahora, las consecuencias de esta estrategia pesa en las precarias finanzas venezolanas y el país se enfrenta a la posibilidad de una serie de demandas legales debido al impago de estas acreencias
El Gobierno de Maduro no habla del retraso de sus compromisos ni se acuerda del plan de reestructuración de deuda que anunció llevaría a cabo a finales de 2017. Aduce que debido a las sanciones tienen bloqueados sumas de dinero en el exterior, lo que le impide cumplir con algunas operaciones financieras internacionales.
Sin embargo, si no logra cancelar lo correspondiente al Venezuela 2018 cuyo período de gracia vence el 14 de septiembre, podría enfrentarse a demandas por parte de los bonistas de este título, lo que conllevaría a que se activen inversionistas de los otros papeles de deuda venezolana
Se debe recordar que los bonos venezolanos cuentan con una cláusula de acción colectiva (CAC), la cual brinda la posibilidad de facilitar el proceso de reestructuración de la deuda en el momento de un impago. Establece una mayoría calificada para aceptar la negociación, es decir, indica el porcentaje de inversionistas que deben estar de acuerdo con las nuevas condiciones de pago propuestas para su ejecución.
Esta cláusula se encuentra en la mayoría de los bonos de la República, mientras que los bonos de Pdvsa no. El porcentaje que se establece varía dependiendo del bono, no obstante, el porcentaje promedio de los títulos es de 80%.
Varias cosas han sucedido en estos últimos meses en el mercado de deuda externa.
Un grupo de inversores institucionales que tienen aproximadamente el 13% de la deuda venezolana dijo en junio pasado que no respaldarán ningún plan de reestructuración que no contemple un trato equitativo con todos los acreedores. Este grupo, llamado Comité de Acreedores de Venezuela, afirmó en un comunicado que apunta a un consenso para una acción colectiva que evite acciones legales disruptivas y costosas. Los miembros de este grupo representan $8.000 millones de deuda de la República y de Pdvsa.
“Este enfoque hará el proceso más corto y menos costoso, la acción concertada y colectiva es el estándar de oro”, destacó Mark Walker, director gerente de Millstein & Co, asesor del Comité. Las acciones del grupo, que en gran medida habían permanecido fuera del centro de atención, podrían socavar cualquier acuerdo entre el Gobierno y varios acreedores acerca de temas de deuda específicos.
Por otra parte, la OFAC (Oficina de Control de Activos del Tesoro de EEUU) emitió una guía de Licencia General de Venezuela N-5 que autoriza a las personas de EEUU a participar en todas las transacciones relacionadas con la provisión de financiamiento y otros negocios en la emisión de bonos de Pdvsa 2020 con cupón 8,5%. Esto permitiría que los tenedores de este título puedan reclamar el cobro de su garantía (el 50,1% de las acciones de Citgo) en caso de que el gobierno venezolano incumpla con los pagos.
