Amnistía Internacional denuncia más de 8.200 ejecuciones extrajudiciales en Venezuela
El año pasado, al menos el 95% de las víctimas de homicidios fueron hombres jóvenes entre 12 y 44 años que vivían en los barrios más pobres del país
El Estado venezolano usa una fuerza intencionalmente letal contra la población más excluida socialmente, vulnerando sus derechos y tratándoles como criminales por vivir en la marginalidad, cuando debería de estar implementando políticas preventivas de control de la delincuencia ajustadas a los estándares internacionales de derechos humanos, afirma Amnistía Internacional en su más reciente informe.
Así lo revela el documento «Esto no es vida: seguridad ciudadana y derecho a la vida en Venezuela«, que revela que entre enero de 2015 y junio de 2017 hubo 8.292 ejecuciones extrajudiciales.
El año pasado, al menos el 95% de las víctimas de homicidios (tanto a manos de la delincuencia como por las fuerzas de seguridad) fueron hombres jóvenes entre 12 y 44 años que vivían en los barrios más pobres del país. Casi el 90% de los homicidios registrados son cometidos con armas de fuego en zonas urbanas y áreas rurales donde proliferan actividades ilícitas, como la minería ilegal.
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En 2016 se vio el índice de homicidios más alto de la historia de Venezuela, puesto que más de 21.700 personas perdieron la vida por la inseguridad. Amnistía Internacional calcula que entre 65.000 y 87.000 personas fueron víctimas de la violencia sólo en ese año, si se tiene en cuenta que por cada persona que muere por violencia armada, sobreviven tres o cuatro.
Para 2017, el Gobierno venezolano dio cifras imprecisas que omitieron por completo las muertes cometidas por las fuerzas de seguridad, lo cual colocaría la tasa de homicidios en 62 por cada 100.000 habitantes. Cifras de organizaciones no gubernamentales ubicaron este número en 89.
«El Gobierno del presidente Maduro debe garantizar el derecho a la vida, en vez de quitársela a la juventud del país. Todos los jóvenes en situación de pobreza deberían tener igualdad de oportunidades para su futuro y no vivir con el temor de que policías o militares les vean como enemigos que deben erradicar», dijo Erika Guevara Rosas, directora de Amnistía Internacional en las Américas.
A pesar de la puesta en marcha de al menos 17 planes de seguridad en los últimos 17 años, el Estado venezolano no ha cumplido con sus obligaciones de prevenir la violencia armada y sus efectos, ni tampoco de investigar, sancionar y reparar los derechos conculcados de las víctimas
De hecho, apunta que las autoridades venezolanas más bien han manifestado públicamente que asesinar personas en el marco de operativos de seguridad es una «práctica exitosa», cuando, según Amnistía Internacional, esto constituye «un evidente retroceso en la garantía de derechos humanos, además de ir en contra de la ley de procedimiento policial».
Huir para salvarse
Esta situación se da en el marco de una agudización de la emergencia humanitaria en el país, donde la escasez, el desabastecimiento y la violencia obligan a las personas a migrar a otros países de la región en números nunca antes vistos: 2,3 millones de personas desde 2014, según datos la ONU.
Amnistía Internacional llama al Estado venezolano a implementar un plan de seguridad que además garantice el respeto del derecho a un juicio con todas las garantías y en especial la erradicación del retraso procesal y las fallas dentro del sistema de justicia penal venezolano. Las autoridades deben reducir los altos niveles de impunidad en casos de violaciones de derechos humanos y de homicidios, y asegurar que los familiares obtengan justa reparación, incluida una indemnización adecuada, apoyo psicosocial y garantías de no repetición.
