El horror como política de estado, por Marta de la Vega
Los regímenes de vocación totalitaria como el de la Venezuela actual pretenden someter por el miedo a la población y paralizar posibles acciones de insumisión. Violan los derechos individuales, civiles, políticos e inalienables de sus ciudadanos.
El terrorismo de Estado forma parte de su estrategia de dominación. Si, como ocurre hoy en el país, es además un régimen usurpador, no solo no respeta la división de poderes y pisotea impunemente la Constitución vigente, sino que busca por la fuerza imponerse y darse una legitimidad que no tiene.
El parlamento queda sin efecto ni poder. Son ilegalizados los partidos políticos que contradicen su proyecto. Todos los poderes públicos son subordinados al ejecutivo. La policía, el ejército y las fuerzas de seguridad del Estado actúan con total libertad e impunemente para silenciar o hacer decir lo que conviene al régimen en su afán de permanencia en el poder.
Fabrica culpables y persigue toda disidencia. Sea a los periodistas, sea a los políticos, sea a ciudadanos comunes, sea a líderes sociales, sea a dirigentes regionales, busca destruir a todos los que levanten su voz contra la mentira y la transgresión convertidas en norma.
Monopoliza la información y recurre por todos los medios a implantar la hegemonía comunicacional para que no haya sino una única versión de la realidad. Amenaza y elimina, política o físicamente, a quienes se atreven a desafiarlos. El engaño político y la manipulación para distorsionar y tergiversar los hechos son herramientas usuales para consolidar su dominación.
Encarcelación, represión brutal, torturas o muerte son los mecanismos utilizados contra quienes se oponen al régimen y denuncian sus desafueros. Así lo vimos con los diputados Wilmer Azuaje, Gilbert Caro, Juan Requesens y con la muerte del concejal apureño García. Doblegar, humillar, desmoralizar y quebrar la integridad mental y física de los dirigentes de la oposición democrática.
Los casos mencionados como ejemplo, desafortunadamente no son únicos, entre todos los perseguidos, judicializados y apresados durante las manifestaciones pacíficas desde 2014 hasta 2017, sometidos algunos incluso a monstruosas prácticas que constituyen delitos de lesa humanidad y crímenes atroces.
La camarilla militar civil que permanece mafiosamente en el mando en alianza geopolítica con gobiernos como el ruso, chino, turco, iraní y sirio, hacen muy difícil superar el sistema de dominación instaurado en Venezuela, que no escatima medios para doblegar o eliminar a representantes de las fuerzas democráticas.
Así lo hemos presenciado con horror en 2 casos ocurridos en las primeras semanas de octubre de 2018. El abogado constitucionalista y defensor de víctimas de horrendas violaciones a sus derechos humanos José Vicente Haro, afortunadamente hoy vivo, fue secuestrado durante 30 horas por un comando fuertemente armado con armas cortas y largas.
Sin duda de carácter político, esta retención arbitraria fue posiblemente ordenada por altos funcionarios de gobierno y perpetrada por fuerzas de seguridad por la manera como se comportaron sus captores, con jerarquía militar y reportando a superiores. Fue golpeado salvajemente con las culatas de revólveres y fusiles.
Lo sometieron a tortura, amenazas de muerte, vejámenes y tratos crueles e inhumanos que nos narró ante las cámaras de la televisión en CNN en español con Fernando del Rincón en “Conclusiones” el 8 y 9 de octubre. El régimen busca aterrar, acallar, no importa el costo.
El 8 de octubre en la tarde supimos la desoladora noticia del asesinato vil como consecuencia de las torturas y simulación de suicidio al ser lanzado del piso 10 de la sede del SEBIN en Plaza Venezuela del concejal de Caracas Fernando Albán. Ciudadano ejemplar, político comprometido y consecuente con sus funciones, hombre de convicciones católicas y luchador social, no quiso inculpar a Julio Borges como autor del supuesto atentado con drones. Por eso murió.
Las versiones oficiales casi simultáneas y distintas del ministro de defensa Néstor Luis Reverol y del usurpador del cargo de fiscal general Tarek W. Saab, contradicen las pruebas contundentes de los planos del piso 10 que muestran que en el área del baño no hay ventanas y las de la sala de espera abren solo a 30°, la revelación de las atroces torturas y el ahogamiento de que fue víctima y los politraumatismos generalizados del cuerpo del concejal en la autopsia real que después fue adulterada.
Es un deber ético luchar juntos los demócratas. Recuperar la decencia y el bien. El dilema es civilización, civilidad y valores contra barbarie primitiva, criminal y despiadada del régimen de Maduro y sus secuaces.
