ANC de Maduro tiene muy poco en común con su antecesora de 1999
Más de un año ha transcurrido desde la instalación de la ANC, que no es reconocida por gran parte de la comunidad internacional. Hasta ahora, no se ha conocido ni un debate o artículo sobre el nuevo texto constitucional
Elecciones en medio de una catástrofe natural que marcó al país, prisas por dar nuevas bases constitucionales a la nación y nuevamente el llamado a decidir, esa vez una reforma de todos los poderes. Así nacieron las bases de la llamada «V República» bajo la Asamblea Nacional Constituyente convocada por el fallecido Hugo Chávez en 1999.
Luego de su victoria en 1998, Chávez dispuso la creación de una nueva Constitución, una que reflejase “el nuevo sentir del pueblo” y se adaptara a los avances de las democracias mundiales.
Al llamar a conformar una ANC, Chávez violentó lo establecido en la Constitución de 1961 que disponía de las enmiendas y reformas para solventar este caso. Pero una sentencia emanada de la Sala Político Administrativa de la entonces Corte Suprema de Justicia le dio el espaldarazo para llevar adelante esa Asamblea, desconocida hasta entonces.
Juan Manuel Raffalli, abogado experto en derecho constitucional y profesor de la UCAB, destaca que el proceso constituyente del 99 fue una oferta electoral de Chávez. «Cuando la gente votó a favor de Chávez, votó a favor de eso, y eso le dio cierta legitimidad a la Corte Suprema de Justicia para amparar este proceso que no estaba plasmado en la Constitución del 1961», dice.
*Lea también: Una nueva negociación no garantiza que se destranque el juego democrático
Las bases comiciales no fueron excluyentes, pero sí el sistema de elección por medio de las llamadas «llaves de Chávez» que no permitieron una representación proporcional de las minorías en esa ANC, explica Raffalli, que además destaca que esa Constituyente fue aceptada por la sociedad.
Al respecto, el abogado y exdiputado al Congreso Nelson Chitty La Roche manifiesta que esta constituyente fue más un resultado político que jurídico, pues Chávez «forzó desde un principio la barra (…) Se cuidaron un poco las formas para elegir a esos constituyentes, pero aún así se manipularon a favor de la corriente política gobernante».
Seis meses fue el tiempo de funcionamiento de la ANC, que realizó 65 discusiones para construir el nuevo texto antes de su aprobación. Cada comisión se encargaba de redactar sobre temas de su incumbencia: economía, derechos humanos, funcionamiento de poderes públicos, Fuerza Armada Nacional, entre otros, y luego llevarlos a plenaria.
Además, la ANC de 1999 realizó una serie de consultas públicas con representantes de distintos sectores de la sociedad, para luego incluirlas dentro del nuevo texto.
Chitty La Roche señala que con las prisas por tener una nueva Constitución, «en algunos casos no se logró lo que se aspiró o quedaron temas que no fueron desarrollados en su totalidad».
Una ANC que nació írrita
De acuerdo a la Constitución de 1999 (artículos 347, 348 y 349), la única función que posee este órgano es redactar un nuevo texto constitucional, para que, una vez aprobada en referendo popular, dé origen a un nuevo ordenamiento jurídico en el país.
En mayo de 2017, y luego de un mes de protestas ciudadanas, Nicolás Maduro sorprendió a muchos al invocar el proceso constituyente por medio de tres decretos para «convocar» la ANC, designar los integrantes de una “Comisión Presidencial” a cargo del impulso de la iniciativa y dictar las “bases comiciales” que regirían la elección
El llamado del mandatario venezolano fue avalado por la sentencia N° 378 de la Sala Constitucional, del 31 de mayo de 2017, donde el magistrado Arcadio Delgado dictaminó que no se requeriría un referendo consultivo para que el pueblo decidiese si ir o no a un proceso constituyente.
Raffalli considera que lo más grave y una de las grandes diferencias con la ANC de Chávez es que no hubo una consulta popular. «El proceso ha sido realizado corporativamente, es decir, a través de sectores y siendo el propio gobierno quien impone las reglas de juego y participación, dándole preponderancia a los sectores que viven de ese gobierno».
El profesor de la UCAB no duda en llamar este proceso como ilegítimo, porque no ha sido aceptado de forma general por la sociedad, «y peor aún, porque su desempeño, a diferencia de la pasada, no se ha centrado en hacer un nuevo orden constitucional y jurídico, sino se han dedicado básicamente a usurpar las funciones del Poder Legislativo electo en 2015».
*Lea también: Opositores repudian la nueva Constitución, pero aún no tienen ruta común
Por su parte, el exdiputado al Congreso refiere que los constituyentes actuales solo son un grupo de venezolanos «que llevaron para aprobar lo que le dé la gana a Maduro» y realizan un trabajo «totalmente sesgado».
Raffalli insiste en que al tener una ANC ilegítima, no solo en cuanto a convocatoria y elección sino incluso su desempeño debido a su larga duración, se transforma «en una entidad política del gobierno que no está regulada en la Constitución, y que no ha sido producto de la voluntad de la sociedad, sino una imposición».
Los juristas coinciden que el precedente jurisprudencial y la forma como se aprobó la Constitución de 1999 dictamina que sobre el resultado final que produzca esta instancia, se deba realizar un referendo, pues lo convierten en un antecedente socialmente vinculante.
«La propia Constitución que sigue vigente ordena que toda materia de consulta para la nación se haga a través de un referendo, y no es un exhorto como lo dicen las bases comiciales. Tiene que legitimarse la nueva constitución a través de un proceso de consulta popular, sino carecerá de legitimidad y será rechazada por la sociedad si su contenido no es consistente con los valores actuales», sentencia Raffalli.
Chitty La Roche apoya la idea al explicar que «ellos (los constituyentes) no pueden decidir si es sometido o no a referendo, son mandatarios de una encomienda, no los mandantes».
También, los abogados coinciden en que la Asamblea Constituyente debería tener una estructura de lo que debería ser el cambio en la constitución y comenzar a consultar a los distintos sectores para tener un piso, y luego comenzar a redactar.
Supremacía mal interpretada
Uno de los grandes reclamos por parte de la oposición a la constituyente de Maduro es la promulgación de «leyes constitucionales» y las facultades «supra constitucionales», que han servido para expoliar funciones de otros poderes como el Parlamento y el Consejo Nacional Electoral.
Y es que la ANC, en un año y tres meses de funcionamiento, ha allanado la inmunidad parlamentaria de cuatro diputados, destituyó a la Fiscal General de su cargo y realizó un nuevo nombramiento, además de promulgar una ley «contra el odio», varios decretos y el llamado a tres elecciones.
*Lea también: Ley contra el Odio “juega al ahorcado” contra los venezolanos
El abogado Raffali indica que la supremacía de una Constituyente respecto a otros poderes consiste en que si algún otro poder insiste en frenar su actividad «pueden dictar medidas para impedir esto, pero solamente para proteger su objetivo que es dictar la nueva Constitución, y no estar subvirtiendo anticipadamente el orden republicano».
Esto fue previsto por los constituyentes de 1999 en caso de que un juez o el TSJ decidiese suprimir esta instancia, el Parlamento desconozca el nuevo texto redactado por ellos o el Presidente decida que no se puede someter a la Constitución, el CNE insiste en no realizar el referendo, o cualquier otro escenario.
¿Votar o no?
El 7 de junio de 2017, el poder Electoral informó que las bases comiciales de esta ANC habían sido modificadas, para dejar en claro un artículo que exhorta a esta instancia a que los acuerdos resultantes de sus deliberaciones fuesen sometidos a consulta a través de un referendo.
Hasta la fecha, solo se conoce que el 80% de las propuestas para el nuevo texto constitucional han sido recogidas por la «Comisión Constitucional», según informa el presidente de esa instancia, Hermann Escarrá.
*Lea también: Juan Barreto: Hay constituyentes que ni saben como será la nueva Constitución
La oposición todavía no ha mostrado una actitud formal ante el referendo, pues alegan que es una instancia ilegítima. Pero otros actores políticos, entre ellos un grupo de exministros del fallecido Chávez y dirigentes del llamado «chavismo originario» llaman a participar en la consulta pues es la “oportunidad política” que se tiene para frenar la nueva Constitución.
Sobre este punto, Raffalli sostiene que una de las razones por la que se puede votar ‘no’, es la falta de reconocimiento a la proveniencia del texto sometido a consulta.
«Esta es una discusión bizantina. Siendo una Constitución, se deben unir quienes expresaron su rechazo con el ‘no’, a todos los que se han abstenido si evidentemente la sociedad se pone en pie de lucha y la evita», sentencia el abogado.
A juicio de Chitty La Roche, no hay que dejarle escenarios al gobierno sobre este tema, por lo que recomendaría una serie de movilizaciones contra este proyecto constitucional. «Está gente está consolidándose, destruyendo lo que queda».
En pocas palabras, nacida para limitar a la Asamblea Nacional electa por abrumadora mayoría, la ANC difiere diametralmente con su símil de 1999 tanto en su elección como es su funcionamiento, lo que no deja lugar a dudas para pensar que el resultado marcará una marcada diferencia.
