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Diputados acusan al Gobierno de darle control sobre las minas al ELN



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Luisa Quintero | octubre 23, 2018

La Comisión de Política Interior del Parlamento, presidida por Delsa Solórzano, investigará esta nueva masacre en Tumeremo, que sería la número 43 en todo el país desde 2006


La masacre ocurrida en la mina «El Candado», ubicada cerca de la población de Tumeremo (municipio Sifontes), puso de manifiesto la posible entrega de parte de la soberanía a grupos irregulares extranjeros. Y es que un grupo de diputados denunció que el Gobierno de Nicolás Maduro ha entregado el control de minas en los estados Bolívar y Amazonas al Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Durante el debate sobre la muerte de siete mineros en la zona de Bochinche, el diputado Américo de Grazia (La Causa R-Bolívar) aseveró que esa región es controlada por un comandante del ELN conocido como «El Jairo».

De Grazia aseveró que el gobierno nacional ha permitido que este grupo guerrillero controle las zonas mineras de Sifontes, además de la explotación del oro y diamantes en Amazonas, y el procesamiento de cocaína, cobro de vacunas, extorsión y secuestro en los estados Apure, Táchira y Zulia.

Además, señaló que la «tarea militar del ELN en complicidad con el régimen es cuidar las fronteras, y esto tienen que conocerlo en Guyana, Brasil y Colombia», aunque mencionó que no toda la Fuerza Armada Nacional está de acuerdo o participa en estas acciones.

*Lea también: Jefe de la REDI Guayana descartó presencia de guerrilla colombiana en Bolívar

La Comisión de Política Interior del Parlamento, presidida por Delsa Solórzano, investigará esta nueva masacre en Tumeremo, que sería la número 43 en todo el país desde 2006.

«Ya controlan parte del oro, pero quieren controlar toda la producción del oro en el Arco Minero del Orinoco», sentenció el parlamentario, al tiempo que explicó que en Bolívar, los guerrilleros mantienen la supervisión sobre la extracción de diamantes en la mina San Vicente de Paúl y la producción de coltán en Parguasa.

También denunció la intención del gobierno de destituir a Emilio Figueredo, alcalde de la Gran Sabana y líder del pueblo pemón de la zona, como una forma de «permitirles el ingreso» al ELN en la región.

Por último, el diputado hizo un llamado a priorizar los debates dentro del Parlamento, en referencia  ala solicitud que hizo la fracción 16 de Julio para declarar persona non grata al expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, y que fue diferido.

«Que me cuiden del ELN, que de Zapatero me cuido yo», sentenció de Grazia.

Por su parte, el diputado Freddy Valero (Acción Democrática-Bolívar) denunció que su estado es controlado por los pranes, «porque la institución que debe preservar la seguridad se alineó con los malvivientes que llegaron a Guayana desde todo el país».

Aseveró que la minería ilegal ha llegado al pie del Salto Ángel. «Es lamentable que se pierdan vidas y que se vierta mercurio en aguas del río Carrao. Los militares son responsables de la inseguridad y de la actividad depredadora en Canaima».

Mientras que Julio Montoya (Primero Justicia-Apure) destacó que en municipios del país hay movimientos guerrilleros cada vez más fuertes. «Tenemos campamentos del ELN colombiano en Venezuela con autoridad del Gobierno. Es más que necesario que Colombia continúe el camino de la paz. Pero es inadmisible que se use a Venezuela para seguir operando».

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