Unión Europea extiende sanciones al Gobierno venezolano hasta noviembre de 2019
Tras varios días de deliberaciones, la Unión Europea extendió hasta noviembre de 2019 las sanciones que pesan sobre funcionarios venezolanos debido a la represión de las protestas antigubernamentales de 2017 y las elecciones presidenciales del 20 de mayo, que varios países del mundo no reconocen como legítimas
La Unión Europea aprobó el 6 de noviembre extender por un año las sanciones que pesan sobre Venezuela, mismas que fueron impuestas en 2017 por menoscabar, a su juicio, la democracia, el Estado de derecho y los derechos humanos.
Según un comunicado del bloque regional, la prolongación de las penalizaciones obedecen «a la vista del continuo deterioro de la situación en Venezuela» y prevén que las mismas estén vigentes hasta el 14 de noviembre de 2019.
De esta forma, los países confirman lo dicho por la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, días atrás, quien reiteró que el bloque no piensa «suavizar su posición» pese a estudiar la creación de un «grupo de contacto» para «facilitar» una solución política.
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Antes de que se diera la reunión del Consejo Europeo para debatir la ampliación de sanciones por parte del bloque hemisférico, se abrió una polémica por un artículo en el diario El País, en donde se decía que el canciller español, Josep Borrell, abogaría por una supuesta flexibilización de las sanciones contra funcionarios venezolanos para poder propiciar el diálogo, postura que posteriormente desmintió al decir que el Gobierno que preside el socialista Pedro Sánchez no se ha planteado “en ningún momento” minimizar la presión sobre la administración de Nicolás Maduro.
Esas declaraciones de Borrell se dieron cinco días después de la excarcelación y destierro del dirigente político Lorent Saleh a España, en donde la nación ibérica tuvo influencia para alcanzar este hecho, el cual se registró tras la muerte del concejal Fernando Albán en las dependencias del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) el 8 de octubre y que las autoridades insisten en decir que fue un suicidio.
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La UE impuso en el último año sanciones contra Venezuela, país sumido en una crisis política, económica y humanitaria, por menoscabar, a su juicio, la democracia, el Estado de derecho y los derechos humanos, en donde impuso un primer embargo de armas, así como de material susceptible de ser utilizado para fines de represión interna.
Para el bloque hemisférico, la elección de una Asamblea Constituyente, que la oposición venezolana ni la comunidad internacional reconoce, supuso el punto de inflexión para la UE además de las protestas antigubernamentales de 2017.
Ante el «deterioro» de la situación en el país, el 22 de enero, los europeos decidieron sancionar a sus primeros siete altos cargos venezolanos, entre ellos Diosdado Cabello, número dos del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), a quien se le impusouna congelación de activos y la prohibición de viajar al bloque, al igual que al resto de sancionados como el ministro del Interior, los presidentes del poder electoral y del Tribunal Supremo de Justicia, entre otros.
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A raíz de los comicios presidenciales del 20 de mayo, que supusieron la reelección de Maduro y que boicotearon los principales partidos opositores, los europeos ampliaron su ‘lista negra’ a otros 11 altos cargos, entre ellos Delcy Rodríguez.
La inclusión de la vicepresidenta supone el mayor alto cargo sancionado por una UE que evita apuntar directamente al presidente venezolano para no romper los puentes de comunicación con el gobierno de este país, sumido en una profunda crisis.
Cerca de 1,9 millones de personas se fueron de Venezuela desde 2015, huyendo de la crisis económica y política que atraviesa el país, según la ONU. Unos 5.000 ciudadanos abandonan el país diariamente, en el mayor movimiento de población en la historia reciente de Latinoamérica.
Con información de AFP
