Torre Viasa: ¿Quién implantó la pena de muerte?, por Gregorio Salazar
Se pregunta uno si la oligarquía revolucionaria que se arroga el privilegio de discutir en una encerrona una nueva constitución, legislando de espaldas al pueblo, excluyendo al propio rebaño borreguil que llaman asamblea constituyente, tendrá entre su planes reproducir el mismo texto que sirve de preámbulo a la vigente carta magna.
Sería un acto de supremo cinismo invocar los “poderes creadores” del pueblo y “la protección de Dios”, no solamente porque se da por descontado que el esperpento que se traen entre manos no vendrá a consolidar el desarrollo progresivo de los derechos de los venezolanos, sino a coartar todos aquellos sobre los cuales pudiera empinarse esta sociedad hoy sojuzgada para romper el yugo con el que la mafia cubano-venezolano la oprime.
Pero no hay que dudarlo, con absoluto desprecio por la inteligencia y la memoria de la ciudadanía repetirán falazmente sus propósitos refundadores de “una sociedad protagónica, multiétnica y pluricultural en un Estado de justicia, federal y descentralizado, que consolide los valores de la libertad, la independencia, la paz, la solidaridad, el bien común, la integridad territorial, la convivencia y el imperio de la ley”.
Difícilmente un texto constitucional haya tenido una negación tan absoluta en la realidad, un divorcio tan flagrante entre el decir y el hacer, de modo que esos valores que la Constitución enuncia desde su primer párrafo no pasan de vacías etiquetas para el fraseo en los incesantes artificios propagandísticos del régimen.
Todos los días la Constitución es pisoteada, burlada, desconocida en los distintos niveles del funcionariado, por los capitostes más encumbrados o por cualquier funcionario subalterno. Claro, no es la única. Mientras siguen repitiendo que el Plan de la Patria tiene entre sus objetivos la salvación del planeta, propician, consienten, estimulan y perpetran la criminal devastación del ecosistema de las selvas de Guayana con la explotación del Arco Minero. Y encima amenazan de muerte a quienes lo denuncian.
Los ejemplos son múltiples y abundantes, pero esta semana tuvo lugar un hecho demasiado grotesco y protuberante porque implica que integrantes de los cuerpos policiales se sienten con licencia para aplicar la pena de muerte en masa y con toda impunidad, como ocurrió en la masacre de la otrora Torre Viasa, el pasado martes 13.
Un funcionario de las FAES resultó herido de gravedad en el rostro por un individuo que presuntamente se refugió en el mencionado edificio, otrora sede de la que fue Viasa la línea aérea bandera de Venezuela, ocupado desde hace años como resultado de esa política de invasiones indiscriminadas que se ha estimulado desde el gobierno. Los compañeros del funcionario herido tomaron el edificio, allanaron los espacios convertidos en viviendas, ocupados algunos de ellos por familias dedicadas a la producción de tostones.
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Primero fue el despojo de cualquier objeto de valor que encontraron a su paso. Luego la revisión de antecedentes y enseguida el traslado de un grupo de detenidos al piso 11 del edificio, donde siete fueron ejecutados con la mayor sangre fría, incluyendo a un pastor cristiano que clamaba por su vida. Hubo alguno que con suerte infinita tuvo a mano algún bien, un simple par de zapatos, con lo cual compró el derecho a seguir viviendo.
Está muy claro: esos funcionarios se sienten dueños de la vida y bienes de cualquier venezolano. Ya sabemos que la opinión pública se muestra inclinada a aprobar estas matanzas porque parte de que ante el caos de la administración de justicia cualquier delincuente merece la pena capital.
Pero ese criterio está divorciado del imperio de la ley y de derechos constitucionales que hay que respetar, a menos que se quiera que cunda la anarquía y la indefensión de los ciudadanos ante los hampones, pero también ante los representantes de la ley que se igualan a aquellos. ¿Cuántas vidas inocentes, mayormente de los sectores populares, han sido segadas por esta política criminal aplicada mediante las OLP?
La Constitución es precisa en su artículo 43: “El derecho a la vida es inviolable. Ninguna ley podrá establecer la pena de muerte, ni autoridad alguna aplicarla. El Estado será responsable de la vida de las personas que se encuentren privadas de su libertad, prestando el servicio militar o civil, o sometidas a su autoridad en cualquier otra forma”. Un derecho que seguramente aparecerá, negado de antemano, en la constitución que proyecta la dictadura. La ley es letra muerta en Venezuela.
