Alejandro Andrade, el tesorero de los mil millones en sobornos
Después de que se declarara culpable ante la justicia estadounidense, la Corte del Distrito Sur de Florida ordenó la venta de 70 bienes pertenecientes a Andrade entre los que se cuentan 15 vehículos -incluidos tres carros de golf- 17 caballos, 35 relojes de lujo, 9 cuentas bancarias radicadas entre Estados Unidos y Suiza
El teniente retirado Alejandro Andrade estuvo muy cerca del poder desde el principio de su vida pública cuando se convirtió en uno de los guardespaldas principales de Hugo Chávez. Pero Andrade dio el gran salto de estar a cargo de la seguridad del Primer Mandatario a encargarse de los bienes del Estado venezolano como Tesorero de la Nación en 2007, cargo en el que permaneció hasta 2011, mientras ocupaba otros dos puestos relevantes a la vez: presidente del Banco de Desarrollo Económico y Social (Bandes) y viceministro de Gestión Financiera, para entonces parte del Ministerio de Planificación y Finanzas.
Andrade quien egresó de la Academia Militar en 1987 y fue parte de la intentona golpista de febrero de 1992, es una de las piezas claves en el engranaje de corrupción que se comenzó a revelar cuando el extesorero se declaró culpable, en diciembre de 2017, del delito de asociación ilícita para lavado de dinero por más de 1.000 millones de dólares que se pagaron a través de sobornos, en el que aparece vinculado el banquero Gabriel Arturo Jiménez Aray.
El 19 de noviembre, la Corte del Distrito Sur de Florida, Estados Unidos, ordenó la venta de 70 bienes pertenecientes a Andrade entre los que se cuentan 15 vehículos -incluidos tres carros de golf- 17 caballos, 35 relojes de lujo, 9 cuentas bancarias radicadas entre Estados Unidos y Suiza y varios inmuebles como una lujosa quinta en Wellington, Florida, donde viven personalidades como Bill Gates y Madonna.
Un amplio botín
Cuando Andrade fue presidente del Fondo del Pueblo Soberano y simultáneamente del Fondo Único Social (FUS), que se encargaban de las donaciones desde la Presidencia de la República enfrentó el primer señalamiento de irregularidades administrativas como presidente del FUS. En una investigación realizada por las periodistas Laura Helena Castillo y Fabiola Zerpa, se señalaba que el diputado Iván Mastrángelo lo investigaba por “desorden administrativo, ineficiencia e indolencia porque sólo se había ejecutado 16% del presupuesto de la institución y que parte de los recursos habían sido desviados para financiar los círculos bolivarianos”.
Su paso por la administración pública se caracterizó siempre por estar al frente de instituciones en las cuales su trabajo era manejar altas sumas de dinero. En 2008, el entonces diputado Ismael García detalló «cómo a través del diseño de operaciones financieras con papeles del Estado –notas estructuradas y bonos de la deuda externa que el Gobierno venezolano compró a Argentina, Ecuador, Bolivia y Bielorrusia–, un grupo de funcionarios habría beneficiado a bancos y casas de bolsa, lo que le costó al país entre 7 y 10 millardos de dólares.
Dentro de ese grupo de funcionarios -según las investigaciones reveladas por el departamento de Justicia estadounidense- aparecen los nombres del banquero Jiménez Aray y Raúl Gorrín, dueño del canal de televisión Globovisión y Seguros La Vitalicia, quien también fue acusado, en agosto de 2017, en la corte del Distrito Sur de Florida por violar las leyes anticorrupción de Estados Unidos, conspiración y blanqueo de capitales con el mismo esquema.
Gorrín, amigo cercano de Andrade, había sido declarado fugitivo desde septiembre de 2017 pero fue el lunes 19 de noviembre cuando se conocieron los cargos que se le imputan. El mecanismo se basaba en el pago de 150 millones de dólares por sobornos a dos funcionarios de alto nivel, uno de ellos era el extesorero Alejandro Andrade, con el que garantizaba su acceso a las subastas de bonos de la República, y a través de las cuales pudieron defraudar un estimado de 1.200 millones de dólares.
La investigación presentada por los tribunales revela que además del pago de dinero para sobornar a los funcionarios, el presidente de Globovisión presuntamente también costeó viajes en jets privados, les regaló inmuebles, yates, caballos y relojes de oro marca Rolex.
La triangulación del dinero para que no se detectaran los sobornos que recibía Andrade funcionaba a partir de pagos que Gorrín hacía a través de empresas fantasmas y luego junto a Jiménez Aray compraron el Banco Peravia, en República Dominicana, que servía como medio para lavar los sobornos que se pagaban a estos altos funcionarios. El Departamento de Justicia estadounidense detalló que Andrade era uno de los funcionarios del chavismo en puestos claves dentro del sistema de administración de los fondos públicos.
Tarde píaste
Después de que Andrade se declarara culpable ante el tribunal, en septiembre de 2017, la reserva judicial de su caso se levantó igual como ocurrió en marzo de 2018 con la reserva del caso de Gabriel Jímenez Aray, el banquero también implicado en el mismo plan de lavado de dinero.
Tarek William Saab, fiscal general designado por la asamblea nacional constituyente, anunció que el gobierno venezolano pedirá la extradición de Andrade, después de casi un año de que se hubiese declarado culpable ante la justicia estadounidense. Saab dijo que el extesorero sería investigado por peculado doloso, legitimación de capitales y concierto de funcionario con contratista.
“Queremos anunciar que hemos iniciado una investigación contra el extesorero nacional y expresidente de Bandes, Alejandro Andrade para lo que hemos designado al fiscal 37º nacional para ir a fondo por la supuesta venta irregular de bonos a la banca privada”, dijo Saab y pidió el bloqueo e inmovilización de las cuentas bancarias de Andrade, además de solicitar alerta roja por parte de la Interpol.
