El negocio de los escombros, por Carolina Gómez-Ávila
Decía Rockefeller que el mejor negocio del mundo es el petrolero bien administrado y el segundo mejor negocio del mundo, el petrolero mal administrado. Creo que la noción es extrapolable a un país de vocación petrolera aunque ahora sea el segundo mejor negocio del mundo.
Algo con lo que nos cuesta coincidir a quienes vivimos aquí, de espanto en espanto, el deterioro de todo: infraestructura, servicios, expectativas de crecimiento y desarrollo, esperanzas y calidad de vida. Pero gobernar Venezuela es todavía -o quizás incluso más que antes- un enorme negocio.
A fin de cuentas, una población famélica, enferma y amilanada es más fácil de complacer. En la primera década de un eventual cambio de Gobierno, la masa se conformará con casi nada: un poco de comida, servicios médicos fundamentales y algo de seguridad personal. Mientras unos comenten a otros “Mejor no te quejes”, “Mira que vamos en góndola” o “Ahora estamos mucho mejor que antes”, se podría terminar de privar al país de sus riquezas naturales, subastar sus mermadas capacidades instaladas y terminar de desguazar las de quienes pudieran competir.
Lo que sea -y cuando sea- que venga, terminará de esquilmarnos a menos que empecemos a practicar la Contraloría Social. Y para eso no hay que esperar un cambio. Es más, ejercerla podría precipitar un cambio ahora mismo. Me parece que los políticos han sido sobrepasados por las circunstancias y los cuadros llamados a activarla han abandonado una labor que les daría dividendos: apoyarse en el carácter protagónico de la población sin temor de perder su representatividad.
No hay líderes que nos estimulen a ejercer la Contraloría Social y con ello, como castigo para todos, arraigan la idea de que no será por liderazgo que se llegue al poder
Por otra parte, la ciudadanía no estudia ni asume el rol que le corresponde en la prevención y corrección de comportamientos, actitudes y acciones que sean contrarios a los intereses sociales y a la ética, en los sectores público y privado, como dice el artículo 3 de la Ley Orgánica de Contraloría Social.
Y estas dos fallas no permiten que se vea que “la presión de calle” que necesitamos no está en el asfalto sino en los pasillos de los Poderes Públicos. Sí, sostengo que la única presión de calle que puede ser útil a la causa democrática en este momento, es la Contraloría Social.
He querido hablar de esto porque es cada vez más impúdico el ataque a la Asamblea Nacional por parte de quienes deberían ser sus aliados. Antes de que figuras de distinta relevancia -pero todas igualmente apoyadas por líneas editoriales militantes- sigan saturando a la opinión pública con propuestas espurias, propongo al Parlamento que los conjure con jornadas de educación y seguimiento en Contraloría Social.
Cada ciudadano ganado a la labor que le corresponde es uno menos que atacará al Legislativo y uno más que, al comprender la auténtica dimensión de la lucha que hay que dar, adquirirá un compromiso con la democracia, siempre al servicio de la República.
Esta, para ciudadanos y políticos, es la oportunidad para evitar que otros les tomen la delantera y se queden con el negocio de los escombros.
