Foro Penal denuncia que continúa persecución contra pueblos indígenas en la frontera
Gonzalo Himiob, abogado y vicepresidente del Foro Penal, dijo que la situación es muy grave. “La mayoría de los indígenas que viven allí (en Bolívar) se refugiaron en la selva»
Un ataque constante y generalizado. Así denominó la ONG Foro penal el ataque contra la población, específicamente los pueblos indígenas ubicados en la frontera, luego de las protestas que se registraron desde el 22 de febrero para que se permitiese el ingreso de ayuda humanitaria al país.
El abogado y director del Foro Penal, Alfredo Romero, detalló que desde el viernes 22 han podido verificar la muerte de cuatro personas en el contexto de protestas, todos con heridas de bala. Se tratan de Zoraida Rodríguez (46), José Hernández (25), José Pérez (20) y José Barrios (23).
«La agresión contra indígenas es muy grave. Estamos viendo la violación de tratados internacionales por el ataque a la comunidad pemón de Kumaracapay», dijo Romero durante una rueda de prensa.
El 22 de febrero se registraron 14 personas heridas de bala en esa localidad, también conocida con el nombre de San Francisco de Yuruaní. Además, hay 10 personas detenidas de la comunidad y nueve están desaparecidas, entre ellos el segundo capitán de los pemones de Kumaracapay.
Romero también detalló que solo el 23 de febrero en Santa Elena de Uairén, fronteriza con Pacaraima (Brasil), se contabilizaron 26 heridos de bala. Dentro de este registro no están incluidas las personas que sufrieron heridas por disparos de perdigones o con armas blancas.
En el hospital de Boa Vista (Brasil) se encuentran siendo atendidos 20 personas, que resultaron heridas durante las protestas del 22 y 23 de febrero en la zona de Kumaracapay. Entre ellos, se encuentran graves Clever Pérez y Rolando García, ambos de la etnia pemón.
García además es el esposo de Zoraida Rodríguez, la primera asesinada por la represión en la zona. Fue herido cuando ayuda a su pareja luego de ser herida de bala por los cuerpos militares.
Los ataques en la zona se debieron a la actuación de milicias (colectivos), civiles armados y la Guardia Nacional junto al Ejército, detalló Romero, que también mencionó que las detenciones registradas en Kuparamacay se presumen fueron realizadas por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), aunque el equipo del Foro Penal se trasladó hasta la sede de este organismo policial en Puerto Ordaz y no pudieron constatar que se encontraran allí.
“No sabemos dónde los llevaron, así que están formalmente desaparecidos”, dijo Romero, al tiempo que dijo que se trata de nueve personas, todos pobladores indígenas en Kuparamacay y otro grupo (no precisó la cantidad de personas) en Santa Elena de Uairén.
Romero reiteró que “la persecución al pueblo indígena es un hecho generalizado, dirigido y por eso llamamos a las organizaciones de derechos humanos internacionales que pongan su vista sobre esta situación. Constituyen crímenes de lesa humanidad y un ataque importante a los pueblos originarios, esto es muy grave”.
Por su parte Gonzalo Himiob, abogado y vicepresidente del Foro Penal, dijo que la situación es muy grave. “La mayoría de los indígenas que viven allí se refugiaron en la selva, no se ha podido dar con ellos porque no solo es una persecución general, sino también a sus líderes”.
En San Francisco de Yuruaní se han evidenciado irrupciones violentas a las viviendas, y denunció que “grupos armados irregulares junto a cuerpos de seguridad trataron de ingresar al Hotel Anaconda, en santa Elena de Uairén, Ellos tuvieron que abandonar el lugar y dejar sus pertenencias allí”.
En este momento los indígenas de Kumaracapay están en la selva escondidos, reiteró el vicepresidente del Foro Penal, quien dijo además que en la población de Santa Elena de Uairén continúan los allanamientos, disparos contra viviendas de presuntos manifestantes o pobladores indígenas.
Situación en Táchira
En el estado Táchira se registraron 15 heridos de bala, para un total de 58 personas con heridas por arma de fuego bajo el contexto de protestas.
Alfredo Romero indicó que no tienen conocimiento claro de la situación en Colombia porque no han tenido acceso a la zona, debido a los altos niveles de represión y enfrentamiento en las poblaciones de San Antonio del Táchira, Ureña y los puentes fronterizos.
«En la zona de Ureña tenemos denuncias de ataques a hospitales, ataques a personas y viviendas. Hubo un grupo importante de personas pertenecientes a Protección Civil y fueron liberados en su momento», dijo Romero.
Con respecto al número de presos políticos, Gonzalo Himiob afirmó que hay 885 personas registradas hasta el 25 de febrero, mientras que más de 7500 continúan sujetas a procesos penales arbitrarios, y 32 detenciones en los últimos días.
«Se ha dado una intensificación de la represión desde el 23 de enero hasta este momento, que hay encontrado su expresión más grave en la persecución a los pueblos indígenas. La violencia está focalizada en estados fronterizos, y especialmente contra pueblos indígenas que se han manifestado en favor de permitir el ingreso de la ayuda humanitaria al país», aseveró Himiob.
El Foro Penal también tiene registros de que nueve indígenas siguen presos por las protestas del 23 de enero. El vicepresidente del ONG hizo un llamado «a prestarles atención y que la vorágine de noticias no los pase por debajo de la mesa. Allí la represión ha tenido un cariz distinto. Allí ha sido con represión contra líderes y agresión física y la vida de los pueblos indígenas originarios».
Pidió al gobierno de Nicolás Maduro a que respete la vida de los pueblos indígenas, además de activistas de derechos humanos, y señaló el caso específico de Olnar Ortiz, quien ha sido víctima de persecuciones concretas contra su integridad física y la de periodistas que se encontraban en ese sitio.
