Ley de garantías a empleados públicos pasó la primera discusión en el Parlamento
El diputado Rafael Veloz, que presentó el proyecto a la plenaria, señaló que la AN tiene que proveer a los trabajadores de los instrumentos para el reclamo de sus beneficios
La Asamblea Nacional aprobó en primera discusión el proyecto de ley de garantías a empleados públicos, un instrumento legal que el mismo presidente de la AN, Juan Guaidó, ha dicho es un «compromiso» y «propuesta» para que los trabajadores protesten a favor del cese a la usurpación de la Presidencia de la República por parte de Nicolás Maduro.
El proyecto de ley, entregado hace dos semanas por cinco centrales de trabajadores del país, establece principalmente garantías de «reenganche» para aquellos empleados públicos que fueron despedidos por realizar reclamos salariales o condiciones laborales.
En su intervención durante el debate, Juan Guaidó dijo que “esta ley no sólo es un compromiso con los trabajadores, sino con el país. Esta ley viene a proteger a los empleados públicos, les decimos: piensen libremente, tomen sus decisiones. No podemos seguir soportando a un régimen que persigue”.
El diputado pidió a los trabajadores que “no se sometan más a la usurpación”, pues dictar este tipo de instrumentos para proteger a los empleados públicos es propio de vivir “en dictadura”.
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El presidente del Parlamento dijo que con este proyecto regresarán las tablas salariales, pero además se protegerán a los jubilados y ancianos. “Nuestros trabajadores públicos van a poder vivir dignamente de su sueldo. El régimen pulverizó el salario y la vida de los trabajadores. Ya se acabó el chantaje de depender de una pírrica remuneración”.
Además, indicó que este es un paso más para “quitar el respaldo obligado al régimen”, pues han sido “años de persecución, hostigamiento y chantaje contra la clase trabajadora”.
El diputado Rafael Veloz, que presentó el proyecto a la plenaria, señaló que la AN tiene que proveer a los trabajadores de los instrumentos para el reclamo de sus beneficios y los que se suman al apoyo del cese de la usurpación.
«Le pedimos a los empleados que es momento de rebelarse. Esta ley lo que busca es proteger su legítimo derecho a la protesta, a la huelga nacional para quebrar la usurpación», destacó Veloz.
Por su parte, el parlamentario Marco Bozo destacó que «este es un momento de definiciones, quienes usurpan el poder iniciaban su discurso sobre protección de los trabajadores pero se ha convertido en un Estado que pretende esclavizar y chantajear, y nos toca a la AN darle garantías».
Este es el anteproyecto entregado por los trabajadores a la Asamblea Nacional:
Servicios públicos
En la sesión del martes 2 de abril también se aprobó un acuerdo sobre la crítica situación de los servicios públicos en el país, luego de los constantes apagones desde el 7 de marzo y que el régimen de Nicolás Maduro atribuye a «sabotaje» del sistema eléctrico nacional.
En el acuerdo se solicita a cinco comisiones permanentes (Ambiente, Finanzas, Energía y Petróleo, Contraloría, Administración y Servicios) que realicen una investigación y se generen acciones conjuntas «que ayuden a determinar soluciones reales para resolver la crisis actual».
Además, se solicitó a la comisión permanente de Administración y Servicios y la comisión especial de Ayuda Humanitaria que conformen un “grupo técnico de alto nivel” con el objetivo de realizar un informe sobre situación hospitalaria, escolar, personas en situación vulnerable y en alto riesgo, “para que sea discutido en el seno de esta Asamblea Nacional y sea presentado ante el Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas”.