La encrucijada de Padrino: actuar por omisión o neutralizar a los colectivos armados
La coordinadora de Laboratorio de Paz, Lexys Rendón, enfatizó que las organizaciones de derechos humanos documentan la represión de grupos paramilitares que comenten delitos de lesa humanidad bajo el amparo del Estado. El general Gonzalo García Ordóñez dijo que, hace 10 años, se advirtió del peligro de la guerra de cuarta generación aplicada por los revolucionarios
El ministro de la Defensa, general en Jefe (Ej.) Vladimir Padrino López, está obligado a hacer valer la potestad que tiene la organización castrense de controlar las armas del país. Pese a las denuncias y evidencias sobre los ataques perpetrados por los colectivos contra manifestantes, que protestan ante el colapso de los servicios eléctricos y del agua, hasta ahora no ha habido una acción concreta para neutralizarlos. Las actividades de estos grupos armados son consideradas por el Poder Legislativo como propias de los grupos terroristas.
“Padrino López sabe desde hace ya tiempo sobre la existencia de grupos paramilitares del gobierno. La guerra de cuarta generación, la doctrina iniciada por Alberto Müller Rojas y adoptada por los socialistas en armas ha sido la guerra de las masas, del pueblo. Una revolución pacífica, en verdad nada pacífica, pero armada. La FAN ha apoyado por omisión la actuación de los colectivos”, subrayó el general retirado Gonzalo García Ordóñez, exjefe del Comando Unificado de la Fuerza Armada.
El oficial va más allá y puntualiza que el amparo de los colectivos involucra a todo el Estado: el Poder Judicial, la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo, entre otras instancias. Destaca que “hay pruebas de videos tomadas de grupos armados, colectivos, encapuchados, que accionan, durante la represión, al lado de la FAN y de la Policía Nacional Bolivariana» (PNB).
García Ordóñez reconoce la voluntad política de la Asamblea Nacional (AN), que el 2 de abril aprobó un acuerdo en el que pidió a los organismos internacionales declarar a los colectivos como “grupos terroristas”.
Recuerda que, hace una década, durante un debate con dirigentes del oficialismo y de la oposición sobre la guerra de cuarta generación, “se alertó del grave peligro para el país de implantarse esa doctrina, una consecuencia sería el sufrimiento de la población a manos de este tipo de grupos y la violencia sobre los civiles en caso de conflicto interno. No escucharon. Me alegra saber que la actual dirigencia política entiende el problema”.
El artículo 324 de la Constitución establece que solo el Estado puede poseer y usar armas de guerra. “La Fuerza Armada Nacional será la institución competente para reglamentar y controlar, la fabricación, importación, exportación, almacenamiento; tránsito, registro, control, inspección, comercio, posesión, uso de otras armas, municiones y explosivos”, puntualiza la Carta Magna.
Padrino López viola la Constitución al tener una posición ambigua sobre los colectivos, enfatiza el vicealmirante Jesús Briceño García, excomandante de la Armada.
“Padrino López actúa conforme a su esencia de comunista, obviando los principios de su proceso de formación. Pero, lamentablemente, su ideología superó sus responsabilidades. No hay gestos concretos como la destitución del comandante de la Guardia Nacional (GN) que no controla a los colectivos que hacen daño a la población”, enfatiza Briceño García.
El militar retirado sostiene que, desde hace dos años, Padrino López, señaló que el gobierno no protege a civiles armados, pero las denuncias sobre la actuación de estos grupos no dejan de llover
“El Ministro de la Defensa debe ordenar interceptar y desarmar a los colectivos. Sí por la buenas no quieren deponer las armas, tienen que ser sometidos a la fuerza. Padrino López debe responde a la mayoría de la FAN que le pide a gritos que actué ajustado a derecho”, dijo el vicealmirante Briceño García.
Represión creciente
La coordinadora del Laboratorio de Paz, Lexys Rendón, advierte al titular castrense que “las palabras, sin acciones concretas no bastan y no sirven como justificaciones. Ni por obediencia debida, ni por omisión de las responsabilidades como máximo representante militar por la actuación de coordinación, colaboración y apoyo entre FANB y colectivos paramilitares en la violación a derechos fundamentales, y crímenes de lesa humanidad”.
Cuestiona la activista las posiciones asumidas por el ministro de la Defensa cuando “a través de entrevistas o de su cuenta Twitter, recurre al lenguaje ambiguo y manipulado tratando de fijarse más en el concepto y origen de los colectivos. Pero minimiza y desvía la mirada de la transformación y actuación de los colectivos como organizaciones armadas, de control, territorialización, represión y de choque frente a toda disidencia gubernamental, intentando desprenderse, infructuosamente, de la posible vinculación, anuencia y cooperación de las FAN, sobre todo de la GN, con los mismos”.
Rendón agrega que se equivoca Vladimir Padrino al pensar que las instancias internacionales no entienden la diferencia entre colectivos sociales y colectivos armados. Enfatiza que las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) nacionales e internacionales han sido meticulosas en sustentar sus informes.
Señala que no es de extrañar que dentro de los cuarteles haya sectores que estén en desacuerdo con los colectivos paramilitares. Sin embargo, ataja que no se exhiben acciones que reflejen esa molestia.
“Por el contrario, posterior al 2017, siendo la cúspide de la coordinación de la Guardia Nacional (GN) con colectivos paramilitares, con la implementación del Plan Zamora evidenciadas en fotografías, videos, testimonios, para el 2018 y sobre todo el 2019, las labores de represión en su mayoría cuentan con mayor acción de colectivos paramilitares y menos accionar de la GN. Esto podría significar molestia de la FAN, de la policía, pero también implica el carácter disuasorio de las denuncias que pesan en la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad y que permitieron la apertura del examen preliminar justamente por los hechos acaecidos durante las protestas de 2017, que se amplió al 2015 y al cual se pueden incorporar todos los acontecimientos al día de hoy”, indica Rondón.
La vocera de Laboratorio de Paz refirió que la inacción o coordinación en la represión por parte de FAN y colectivos paramilitares es pública y notoria en imágenes que han recorrido el mundo. En este sentido, puso como referencia que, en marzo de 2019, durante la visita del equipo de la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas (ONU), Nicolás Maduro hizo el llamado a la resistencia activa en cuadrillas de paz.
“Se desató entonces una represión de la que los representantes de las Naciones Unidos fueron testigos, sumado a los testimonios recogidos que obligaron a incorporar el tema en el avance de su informe en la sede de la ONU advirtiendo las numerosas violaciones y abusos de derechos humanos perpetrados por las fuerzas de seguridad, entre estas la GN, en los sucesos de Santa Elena de Uairén, junto a los que denomino los colectivos armados progubernamentales”, indicó Lexys Rondón.
Refirió que, en 2015, Provea documentó que en las protestas 13 personas fueron supuestamente asesinadas por colectivos armados paramilitares. “En 2017, los colectivos paramilitares podrían ser responsables por la muerte de al menos 28 personas; en lo que va de 2019, en contexto de protestas, 50 personas han resultada asesinadas, se presume que 14 de ellas por estos civiles armados”.
El camino a la Corte Penal
Un aspecto que se suma a la presión sobre el Ministerio de la Defensa son los llamados de la atención de los organismos internacionales sobre los delitos que se derivan de la actuación de los colectivos armados. Un ejemplo de ello es la afirmación de Carlos Trujillo, embajador de Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos (OEA), quien dijo el 9 de abril que “los colectivos sí son un organismo terrorista, están en la calle asesinando y torturando. Tienen que ser designados de esa manera“.
«El consenso internacional sobre la presencia de colectivos armados paramilitares, así como la declaratoria de terroristas por parte del Parlamento obliga a Vladimir Padrino a sentar posición pública frente a estas organizaciones. Esto hablando solo de colectivos armados paramilitares sin entrar en la comprobada presencia, connivencia, apoyo y colaboración de la FAN con grupos irregulares de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional en varios estados del país. Estos grupos han sido declarados terroristas desde hace años”, dijo la coordinadora de Laboratorio de Paz.
Rendón y el director de Acceso a la Justicia, Alí Daniels, creen que hay argumentos para que las denuncias sobre la actuación de los colectivos sea elevada ante la Corte Penal Internacional (CPI), como lo ha planteado la AN.
“La represión por parte de los colectivos está considerada como un delito de lesa humanidad porque, evidentemente, es un órgano paramilitar que se utiliza para amedrentar y causar desasosiego a la población. Para ser remitida a la CPI, la información debe documentarse de forma específica los casos de las personas heridas o asesinadas por estos grupos. No basta con decir que la responsabilidad es de Maduro”, indicó Daniels.
El abogado agregó que la CPI “solo actúa si los tribunales no quieren o no pueden actuar, como sucede en Venezuela”.
Asimismo, la coordinadora de Laboratorio de Paz insiste en la importancia de seguir en el proceso de documentar, denunciar y enviar la información con base en los parámetros de la Corte Penal para que sea incorporada en el caso Venezuela y evaluados para una posible apertura de Juicios por crímenes de lesa humanidad.
“Desde la apertura del Examen Preliminar en la Corte Penal por los sucesos de 2017 durante el ciclo de protestas, los colectivos armados paramilitares aparecen como parte del sistema de represión y de instrumentación para la ejecución de crímenes de lesa humanidad a partir del Plan Zamora. Los últimos acontecimientos, junto a las declaratorias de Nicolás Maduro, aclaran mucho más su involucramiento como parte de un patrón generalizado, sistemático, ordenado desde los altos funcionarios del Poder, contra una población específica, por razones de discriminación política en la violación de sus derechos humanos”, destaca Lexys Rendón.
