El chavismo le resta más fuerzas a la AN con nueva cacería de diputados
Son 30 los diputados identificados con la oposición venezolana que se han visto afectados por medidas que ponen en peligro su ejercicio parlamentario
Primero el desacato, luego las acusaciones, el exilio y ahora la judicialización y encarcelación de diputados. De todos los recursos se ha valido el chavismo para restarle fuerzas a la Asamblea Nacional desde que la oposición asumió la mayoría del parlamento venezolano en enero de 2016.
Una sentencia de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) truncó la mayoría de 112 parlamentarios a la Mesa de la Unidad Democrática. Debido a una denuncia por supuesta compra de votos en las elecciones de diciembre de 2015, la máxima instancia judicial decidió anular los efectos de la proclamación de los diputados de Amazonas Nirma Guarulla y Julio Ygarza, al igual que el representante sur indígena Romel Guzamana.
La decisión dentro de la oposición fue juramentar e incorporar a esos diputados a sus curules, con lo que el TSJ tomó una nueva decisión: declarar en desacato a la Asamblea Nacional y por tanto, no reconocer las resoluciones que a partir de la sentencia tomara el poder Legislativo.
La mayoría no fue lo único irrespetado desde el inicio. La inmunidad parlamentaria que adquirieron Rosmit Mantilla, Gilberto Sojo y Renzo Prieto al momento de ser electos y proclamados no sirvió para lograr su liberación.
Desde entonces, el chavismo ha utilizado la vía judicial para “neutralizar” a diputados. La primera acción concreta se dio contra el parlamentario Gilber Caro, quien fue arrestado en 2017 durante el periodo de protestas antigubernamentales contra Nicolás Maduro y acusado de “conspiración”.
Caro, del partido Voluntad Popular, permaneció detenido en una cárcel común hasta 2018 cuando recibió una medida de la comisión de la verdad de la impuesta asamblea constituyente para que fuese liberado. Pero el 26 de abril pasado fue secuestrado por presuntos funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y hasta el momento de publicarse esta nota, se desconoce su paradero.
Hasta la fecha, son 30 los diputados identificados con la oposición venezolana que se han visto afectados por medidas que ponen en peligro su ejercicio parlamentario, y por tanto, la representación popular para la que fueron electos.
Germán Ferrer fue la primera víctima de la ANC tras su instalación en agosto de 2017. El esposo de la fiscal en el exilio, Luisa Ortega Díaz, fue acusado de pertenecer a una banda que presuntamente realizaba cobros dentro del Ministerio Público, por lo que se le allanó su inmunidad para ser enjuiciado.
Ferrer, un ex diputado del PSUV y que mostró su apoyo a las decisiones de la Asamblea Nacional luego de que el TSJ intentara usurpar las funciones del Parlamento venezolano en abril de 2017, huyó del país junto a Ortega Díaz y desde entonces se encuentra exiliado en Colombia.
El siguiente en la lista del TSJ y la ANC fue el diputado Freddy Guevara (VP – Miranda), quien ejercía como primer vicepresidente de la AN en 2017. En noviembre, al dirigente político se le acusó también de conspiración y el órgano del chavismo resolvió quitarle su inmunidad en noviembre.
Guevara tomó la decisión de refugiarse en la sede de la Embajada de Chile en Caracas, donde se mantiene en calidad de “huésped”.
Julio Borges, expresidente de la AN, y Juan Requesens (Primero Justicia – Táchira) también cayeron en la razia del chavismo. En agosto de 2018, ambos fueron inculpados como autores intelectuales y colaboradores del supuesto “magnicidio” contra Maduro durante un evento público en Caracas.
Ese mismo mes, se apresó a Requesens y se le recluyó en la sede del Sebin en El Helicoide, al tiempo que se le revocaba su inmunidad al igual que a Borges, quien sí logró huir del país y se refugió en Colombia.
En el exilio
La diputada Adriana D’Elia salió del país en 2017 luego de ser inhabilitada políticamente por 15 años por la Contraloría General de la República, tras ser acusada de presunta malversación de fondos durante su paso como secretaria de gobierno del estado Miranda, en la última gestión de Henrique Capriles Radonski.
El siguiente en exiliarse fue Ramón López, suplente de Henry Ramos Allup. El parlamentario alegó en 2017 su retiro por razones estrictamente familiares, pero ahora una parte de la representación de Distrito Capital queda en peligro de concretarse la detención del también secretario general de Acción Democrática.
El mismo destino del exilio de Borges, D’Elia, López y Ferrer lo comparten con la diputada Gaby Arellano (Voluntad Popular – Táchira), acusada de conspiración por el régimen de Maduro; y José Manuel Olivares (PJ – Vargas), perseguido por su activismo en favor de la ayuda humanitaria y a cuya esposa se le emitió una orden de captura por presuntamente estar involucrada en una estafa de vehículos.
Estos cuatro diputados se encuentran en Colombia, donde trabajaron por el ingreso de ayuda humanitaria el 23 de febrero, uno de los hitos que pretendía lograr Juan Guaidó pero que fue frustrado debido a la represión del régimen de Maduro.
El parlamentario Rosmit Mantilla tomó la decisión de cruzar las fronteras venezolanas y establecerse en otro país debido a la persecución, al igual que Dinorah Figuera, Ismael García y Sonia Medina.
Un caso atípico es el diputado Hugo Carvajal (ex PSUV), quien en febrero de este año reconoció a Juan Guaidó como el mandatario encargado del país y solicitó a la Fuerza Armada Nacional que apoyara el proyecto de transición que lidera.
Carvajal, exdirector de la DIM, fue apresado en España por una solicitud del gobierno de Estados Unidos para procesarlo por tráfico de drogas hacia su territorio.
Presos, con juicios o en embajadas
Juan Requesens no es el único diputado que está preso en una cárcel venezolana. Desde el miércoles 8 de mayo, el primer vicepresidente de la AN, Edgar Zambrano, pasó a engrosar la lista de detenidos por razones políticas en el Sebin El Helicoide.
Zambrano fue acusado de traición a la patria, conspiración y otros cinco delitos por el “madrugonazo militar” del 30 de abril y fue remolcado en una grúa escoltada por siete patrullas del Sebin para poder ser apresado.
Otro de los judicializados es Tomás Guanipa, sobre quien pesan dos procesos judiciales: uno por su presunta vinculación en muertes durante las protestas antigubernamentales de 2017, y el segundo es una investigación de la Contraloría sobre la declaración de patrimonio entre 2013 y 2017.
Tras las últimas acciones de la ANC, tres parlamentarios tomaron la decisión de refugiarse en embajadas para no comprometer su integridad física. En un mismo día, se conoció la decisión de Mariela Magallanes de solicitar refugio en la Embajada de Italia en Caracas, mientras que Richard Blanco hizo lo propio ante las autoridades diplomáticas de Argentina en el país.
El último en sumarse a la lista de los opositores en embajadas fue Américo de Grazia, quien también solicitó la calidad de “huésped” en la sede diplomática italiana, al igual que su colega Magallanes, que también pertenece a La Causa R.
A pesar de esto, Juan Guaidó ha hecho un pronunciamiento claro de que la Asamblea Nacional no se detiene, pues el quorum para seguir legislando está garantizado, y tampoco detendrán su trabajo si es apresado. «¿Qué pasa si detienen al presidente? Porque estamos en dictadura (…) Venezuela tiene un ruta muy clara con la Operación Libertad y la huelga nacional, las protestas, la cooperación internacional».
