Iván Márquez afirma que fue un «grave error» de las FARC entregar las armas
Iván Márquez, el segundo al mando de las FARC, arremetió este lunes contra el Gobierno de Colombia por el caso de Jesús Santrich, recapturado por casos de narcotráfico y dijo que las armas eran la garantía para los acuerdos
Iván Márquez, quien fue el jefe negociador entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), afirmó este lunes ante la controversia por la recaptura de su compañero de lucha Jesús Santrich que fue un «grave error» haber entregado las armas antes de la implementación total del acuerdo de paz firmado en noviembre de 2016 con el Gobierno colombiano, luego de sostener diálogos en Noruega y Cuba.
Máquez, quien está en un paradero desconocido desde agosto de 2018, publicó una carta en su cuenta de Twitter dirigida a los excombatientes en la que les dice «fue un grave error haber entregado las armas a un Estado tramposo, confiados en la buena fe de la contraparte».
En la misiva, Márquez prosigue diciendo: «Qué ingenuos fuimos al no recordar las palabras de nuestro comandante en jefe Manuel Marulanda Vélez, cuando nos había advertido que las armas eran la única garantía de cumplimiento de los acuerdos. La triste realidad es que nos pusieron conejo (trampa)».
El escrito de Márquez se da a conocer después de que se produjera un giro inesperado en el caso del exlíder de las FARC Seuxis Paucias Hernández, alias «Jesús Santrich», quien fue recapturado el viernes pasado por las autoridades colombianas segundos después de salir de la cárcel bogotana de La Picota.
Santrich fue detenido en Bogotá el 9 de abril de 2018 por solicitud de Estados Unidos, que lo pidió en extradición bajo la acusación de conspirar para enviar 10 toneladas de cocaína a ese país.
En esa operación también fueron capturados Marlon Marín, sobrino de Iván Márquez; Armando Gómez, alias «El Doctor», y Fabio Simón Younes Arboleda.
Según la acusación, el delito ocurrió después del 1 de diciembre de 2016, cuando entró en vigor el acuerdo de paz firmado una semana antes, con lo cual sería procesado por la Justicia ordinaria y no por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que examinó su caso y el pasado miércoles le concedió la garantía de no extradición y ordenó su «libertad inmediata».
El 19 de abril de 2018, Márquez informó que se trasladaba «temporalmente» a una zona rural del sur de Colombia para ponerse al frente de la reintegración de los excombatientes, motivado por el hecho de que el Tribunal Supremo de Justicia negara el hábeas corpus presentado por la defensa de Santrich.
Sin embargo, desde hace nueve meses Márquez abandonó el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de Miravalle, en el departamento de Caquetá, uno de los lugares en el que permanecen algunos de los exinsurgentes luego de entregar las armas.
Desde entonces se desconoce su paradero y solo se ha sabido de él a través de cartas en las que ha expresado su descontento con el proceso de reincorporación a la vida civil de los exguerrilleros y defendido en varias ocasiones la inocencia de Santrich.
Precisamente, en la carta conocida este lunes Márquez cuestiona la manera como se produjo la recaptura de Santrich.
«Que porquería de Fiscalía tenemos los colombianos que para liberar, recapturar y después practicar una legalización de captura a un invidente tenga que doparlo hasta causarle inconsciencia llevándolo al borde de la muerte», comentó.
Por ello, agregó, «ningún colombiano necesita ser jurista para entender que nada de lo que diga una persona drogada forzosamente -como ocurrió con Santrich- puede ser legal. Esa legalización de captura fue una ilegalidad, un abuso de autoridad».
También, hizo alusión al escándalo desatado en Colombia por el artículo del diario estadounidense The New York Times en el que manifestó que el Ejército del país andino ha ordenado a sus soldados duplicar el número de muertos criminales y rebeldes.
Ante lo anterior pidió que el expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), padrino político del presidente Iván Duque y director del partido Centro Democrático, «responda por los ‘falsos positivos'» y por el desplazamiento forzoso de los campesinos.
Como «falsos positivos» se conoce en Colombia el asesinato de civiles presentados como guerrilleros muertos en combate entre 2002 y 2008.
La Fiscalía investiga cerca de 5.000 casos de «falsos positivos», de los cuales la JEP ha recibido información de 2.200 que, por el momento, se encargará de juzgar.
Estas cifras contrastan con las de la ONU, que en 2011 aseguró que se investigaban al menos 3.000 «falsos positivos».
El organismo internacional precisó luego que las estimaciones cifraban estos hechos en unos 4.200.
