El caso Cúcuta: Defensas y confusiones con recursos de privados
Las autoridades colombianas se encargan de investigar las denuncias sobre presunta apropiación indebida de fondos privados y malversación por parte de dos encargados especiales designados por Juan Guaidó en Colombia para atender a militares exiliados
Un “escándalo” del gobierno interino de Juan Guaidó se destapó el 15 de junio tras la publicación de un medio internacional. Un reportaje del periodista Orlando Avendaño en PanamPost titulado “Enviados de Guaidó se apropian de fondos para ayuda humanitaria en Colombia”, puso en la lupa en el destino de la ayuda humanitaria y los fondos que se habían recogido para tal fin.
El periodista afirma en su reportaje que, según fuentes anónimas, dos enviados especiales del también presidente de la Asamblea Nacional malversaron y se apropiaron indebidamente de fondos destinados a la ayuda humanitaria que se encuentra en la ciudad de Cúcuta, fronteriza con Venezuela.
Kevin Rojas y Rossana Barrera son los principales acusados por las fuentes de Avendaño. Estos dos militantes de Voluntad Popular (VP), el partido del dirigente opositor Leopoldo López y del mismo Guaidó, son señalados de usar sus cargos y desviar al menos 100.000 dólares para beneficios personales.
A pesar de que el título del reportaje relaciona la malversación de fondos con la ayuda humanitaria, en el cuerpo del escrito solo se refiere a la apropiación indebida de dinero destinado a la manutención de los funcionarios de cuerpos de seguridad venezolanos, la mayoría de ellos militares, que desconocieron el régimen de Nicolás Maduro a partir del 23 de febrero, día que el gobierno interino de Guaidó trató de ingresar camiones con asistencia humanitaria por las fronteras de Táchira y Bolívar.
Para Rossana Barrera, la principal señalada en el escrito del periodista, esto se trata de una jugada del “castrocomunismo” para debilitar la gestión de Juan Guaidó, como mandatario encargado, a través del desprestigio.
En entrevista a TalCual, Barrera dice que a partir del artículo se hizo una “escalada de comunicaciones del dictador comprometiendo al presidente en actos de corrupción que no son ciertos. Esto nos hace pensar que fue orquestado por ellos”.
La arquitecta, que milita en VP desde el año 2007, detalla que el 23 de marzo el ministro Jorge Rodríguez dio unas declaraciones luego de la detención de Roberto Marrero, asistente de la Presidencia de Juan Guaidó, y se nombra a una “Rossana de Cúcuta” cuando presentó unas supuestas conversaciones de Whatsapp sobre envío de dinero para gastos de los militares y que fueron desviados.
“Todos en el ámbito político saben que esa Rossana a la que se refiere era a mí, pero por supuesto son conversaciones montadas. Hablan de miles de dólares que no ocurrieron. Supongo que eso generó muchas dudas, incluso entre nosotros mismos, pero el embajador (Humberto Calderón Berti) en ningún momento me ha juzgado de forma directa y está haciendo las acciones que se deben”, justifica Barrera.
También lamenta que el periodista Avendaño no se haya comunicado con ella. “Respeto su trabajo periodístico pero, ¿qué ocurre cuando no se verifica la información con la persona a la que más estás afectando? Siento que pudo haber sido usado pata hacer este tipo de cosas, porque al final a quien más perjudica es al presidente Juan Guaidó”.
La activista de VP, como se hacer llamar los militantes de este partido, afirma estar dispuesta a ser investigada y responder las preguntas de las unidades de investigación de la Fiscalía colombiana.
El 18 de junio, el embajador Calderón Berti entregó la documentación sobre el caso al fiscal colombiano Fabio Espitia Garzón por instrucciones de Guaidó, quien un día antes había anunciado las acciones a tomar por parte de sus representantes en Colombia.
Cumpliendo con mi deber e instrucciones de @jguaido entregue este martes, al Fiscal General de Colombia DR Fabio Espitia Garzón, los recaudos para la investigación sobre presunta corrupción en el manejo de los recursos para la atención de los militares venezolanos en Cúcuta. pic.twitter.com/Ms7ShoWh2r
— Humberto Calderón B. (@calderonberti) 18 de junio de 2019
“Queremos establecer un precedente de lo que en Venezuela debe ser la función pública”, dijo Calderón Berti en una rueda de prensa, al tiempo que destacó que una de sus tareas en utilizar de forma transparente los pocos recursos que sean manejados por él o cualquiera de los designados de Guaidó.
Además de esta investigación, el presidente de la Asamblea Nacional prometió que Transparencia Internacional también realizará una auditoría de los recursos asignados para manutención de militares exiliados en Colombia.
El embajador concretó los acercamientos el 21 de junio con esta organización, al reunirse con Mercedes de Freitas, directora de Transparencia Venezuela.
Ayer tuve el placer de reunirme con Mercedes de Freitas, de Transparencia Venezuela, quienes hacen una loable tarea en la lucha anticorrupción. Es reconfortante cuando uno se entera de primera mano de los esfuerzos que gente honesta hace por adecentar a Vla
— Humberto Calderón B. (@calderonberti) 22 de junio de 2019
Las explicaciones
Rossana Barrera reconoce que la investigación en su contra y que pesa también sobre Kevin Rojas comenzó hace mes y medio, aunque asevera que muchos de los datos que entregó Calderón Berti a las autoridades colombianas fueron proveídos por ella misma.
“Yo misma entregué las cuentas a la embajada de las donaciones que había recibido y en qué las había gastado (…) El manejo de estas donaciones ha sido transparente, en muchas ocasiones yo no manejé directamente el dinero pues se depositaban directamente a las cuentas del hotel donde se estaban hospedando los militares a nuestro cargo y de esa manera los donantes directamente depositaban el dinero”, detalla.
La designación de Barrera y Rojas en sus cargos como encargados especiales para la atención de funcionarios militares y civiles exiliados se hizo el 24 de febrero, tan solo un día después de que empezaron a llegar estas personas a territorio colombiano pidiendo asilo o refugio.
Ese nombramiento fue realizado directamente por Guaidó, quien firmó una carta dirigida a las autoridades del vecino país, especialmente al director de Migración Colombia.
Cada encargado tenía funciones específicas. Kevin Rojas, quien no respondió las solicitudes de información para este reportaje, tenía la labor de reunirse con el gobierno colombiano para manejar cómo iba a ser el estatus migratorio de los efectivos.
Funcionarios de rangos bajos y medios apoyaron a Juan Guaidó desde el 23 de febrero y cruzaron la frontera por temor a represalias. Foto cortesía
La propuesta de la administración Duque fue que estos funcionarios solicitaran asilo, para que fuesen atendidos por la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), pero venían con sus familiares.
Rossana Barrera menciona que a partir de ello, empezó su trabajo con el objetivo de dar atención sanitaria a estas personas y estabilizarlos. “Iniciamos un control médico y se les empieza a dar medicamentos, los tratamientos y garantizar las consultas médicas, prenatales o partos”.
El 9 de marzo, recuerda la activista de VP, se llenó el cupo de atención de Acnur con 659 personas en los diferentes hoteles en Cúcuta. “Ese día nos dicen de Cancillería que no pueden atenderlos de ninguna manera y nos debemos hacer cargo nosotros del hospedaje y la alimentación”.
Con las autoridades de Colombia y Acnur lograron un acuerdo para atender a los funcionarios que llegaban solos, mientras que los grupos familiares serían atendidos por la Organización Internacional de Migraciones (OIM).
Empiezan los problemas
La xenofobia contra los migrantes no es nada nueva. Las acusaciones y hostilidad contra militares por sostener al régimen de Maduro tampoco. Eso fue lo que vivieron algunos de los efectivos dentro de los refugios de la OIM, según el relato de Rossana Barrera.
“Los militares eran amenazados y atacados por otros migrantes, porque les echaban la culpa de la situación en la que estaban viviendo”, dice la arquitecta, al tiempo que explica que hubo ataques incluso con armas blancas, lo que complicaba su estadía dentro de los refugios.
Por ello, ese grupo de militares solicitaron un traslado a otro sitio, que se concretó en su estadía en el hotel Amaru. “Son los mismos dueños del hotel Villa Antigua. En el artículo se hace mención y se tergiversan las cosas pues aseguran que los hoteles que nosotros manejábamos eran los mismos que tenía Acnur”, comenta Barrera.
Además, menciona que hicieron una “distribución eficiente” de las donaciones que iban recibiendo pues lograron obtener precios que no superaban los 15 dólares diarios por persona, e incluían la alimentación.
La atención inicial que debían proveer Barrera y Rojas estaba planteada para nueve hombres, luego se sumaron otros 18 y “empezó a crecer” hasta que llegaron a tener bajo su cargo a 146 personas. También dentro de los gastos estaba incluida la vestimenta, pues muchos llegaron solo con el uniforme del cuerpo de seguridad, que no podían usar dentro de territorio colombiano.
Entre las donaciones que recibieron estaban kits de higiene, señala Barrera, que fueron repartidos y ayudó a “aliviar” algunos gastos extra. “Son toda una cantidad de circunstancia que desmiente cada uno de los apartes del artículo del señor Avendaño”.
La militante de VP también indica que existen deudas con el hotel Nuevo Acora y Villa Antigua que se acercan casi “a los 40.000 dólares y precisamente durante todo este tiempo hemos tratado de solucionar este tema”.
Deudas reportadas a la Embajada de Venezuela en Colombia sobre pago al hotel Nuevo Acora. Foto cortesía Rossana Barrera
No fue Vergara
Otro de los señalamientos contra Rossana Barrera era el de presunto nepotismo, debido a su cercanía familiar con el diputado de la Asamblea Nacional por el estado Táchira Sergio Vergara, quien además en miembro fundador de ese partido en la entidad.
Sobre la asignación de su cargo, que fue ratificado por Guaidó el 7 de mayo, debido a la cercanía con Vergara, la arquitecta Barrera reconoce que sí son cuñados, pero su relación familiar vino después de la política.
“Con Sergio nos conocemos desde el año 2007, pues desde ese año estuve involucrada en recuperar nuestro país desde el movimiento estudiantil (…) En 2014 el se convierte en familia mía cuando se casa con mi hermana, pero como explico, nosotros nos conocimos a partir del trabajo político y luego vino la familiaridad”.
Barrera reafirma que su cargo en ningún momento dependió de Vergara, sino de la disposición física que tenia pues estaban en San Cristóbal y conocían la ciudad de Cúcuta.
“Hago un llamado a los venezolanos y la comunidad internacional a no ser títeres del gobierno del dictador en esta situación. Para nosotros es más importante lo que significa Juan Guaidó que cualquier otra cosa (…) Tengan la certeza que el presidente va a ser lo imposible para que recuperemos nuestro país y podamos volver”.
¿Y el dinero del concierto?
Otra de las dudas que surgieron tras la publicación del PanamPost fue el destino del dinero recogido en el concierto que se realizó en la frontera un día antes de los intentos de ingreso de ayuda humanitaria al país.
El mismo 15 de junio se difundió un falso comunicado de la empresa Virgin Group y firmado por Richard Branson, el multimillonario que organizó el concierto, donde solicitan a la autoridades que investiguen el desvío de fondos pues señalan que solo fueron una “plataforma” para recaudar fondos.
COMUNICADO OFICIAL – Aid Live Foundation (este es el único comunicado emitido por nuestra organización. Cualquier comunicado adicional a este por parte de Aid Live Foundation o Virgin Group, es completamente FALSO). pic.twitter.com/TFEp0g9s1O
— Venezuela Aid Live (@VenezuelaAid) 18 de junio de 2019
Gabriela Arenas, directora ejecutiva de Aid Live Foundation, aclaró a TalCual que es esta fundación registrada en Colombia la que distribuye los fondos que se recaudaron a partir del 22 de febrero con el concierto, para ser destinados a programas sociales que apoyen a los venezolanos afectados por la emergencia humanitaria compleja.
“Durante el concierto no se recibió dinero en efectivo, no le pedimos a nadie que donara alimentos o medicinas, simplemente se abrió una plataforma de crowfunding a través de una página web donde la gente podía donar el monto que considerara oportuno. Ese monto iba a una plataforma de recaudación en los Estados Unidos que resguardó el dinero desde el 22 de febrero hasta el 22 de abril”, explica Arenas sobre el sistema usado para recoger las donaciones.
La directora ejecutiva de Aid Live recuerda que el 22 de abril se emitió un primer comunicado donde se informó la recaudación de 2,3 millones de dólares y el inicio de la fundación “para garantizar la transparencia del uso de recursos y escoger proyectos a corto y mediano plazo en temas de atención a nutrición, salud, población infantil y acceso al agua potable”.
La inversión en estos temas se hizo luego de una investigación sobre los principales problemas que aquejan a la población venezolana y los migrantes, destaca Arenas. “Somos auditados, como toda fundación, y luego de todo este proceso los fondos llegaron a Colombia a finales de mayo. Antes de esa fecha no se había recibido ni un solo dólar”.
Arenas aclara que como fundación no pueden entregar recursos a entidades gubernamentales, organizaciones políticas o multilaterales porque lo prohíben sus estatutos fundacionales. “Nosotros hemos estado es en las comunidades, levantando información, y no tenemos ningún vínculo político con gobiernos”.
Para finales de junio se inician dos proyectos, uno en Colombia y otro en Venezuela, y en el segundo semestre iniciarán otros ocho planes de atención para ser financiados en una primera fase.
Arenas afirma que “la fundación también fue creada para seguir recaudando fondos que auspicien proyectos, visibilizar la situación de los venezolanos en el extranjero y seguir apoyando los migrantes que llegan a Colombia y otros países de América Latina. Nuestros esfuerzos no llegan hasta aquí ni se ven afectados por ninguno de los rumores de los último días”.
