Bachelet repudia que denuncias por torturas al capitán Acosta no sean procesadas
En marzo de 2019, durante la presentación de un informe oral dedicado a la situación de los DDHH en Venezuela, Bachelet dijo que «hay numerosos casos de personas que han sufrido tratos que vulneran la prohibición de la tortura»
La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, admitió estar «profundamente preocupada» y «conmocionada» por la muerte del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo pues denunció que fue víctima de una desaparición forzosa y torturas antes de ser presentado en tribunales.
En una declaración, Bachelet dijo estar conmocionada por «la presunta tortura del capitán Acosta Arévalo, y porque el trato al que fue sometido mientras estaba en custodia puede haber sido la causa de su muerte. Recuerdo a las autoridades venezolanas que son responsables de la vida, y de la integridad física y psicológica de todas las personas privadas de libertad».
La Alta Comisionada destacó que es «imperativo que las autoridades venezolanas lleven a cabo una investigación rápida, exhaustiva, eficaz, independiente, imparcial y transparente de su muerte». Para ello, solicitó que se haga una «autopsia que siga los estándares internacionales» con el objetivo de esclarecer los motivos de su deceso.
Acosta Arévalo fue detenido el 21 de junio por «hombres armados sin identificar y estuvo en paradero desconocido durante siete días», señaló la Alta Comisionada. «Dado que su familia y sus abogados no fueron informados de su paradero a pesar de repetidas solicitudes, su caso también puede constituir una desaparición forzada, prohibida bajo la ley internacional».
Bachelet destacó que el viernes 28 de junio fue llevado a tribunales militares por efectivos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) junto a otros cuatro militares y dos exfuncionarios de seguridad acusados de complotar para asesinar a Nicolás Maduro Moros.
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«Según su abogado, el capitán Acosta Arévalo fue presentado ante el juez en silla de ruedas, fue incapaz de hablar y mostraba claros signos de haber sido torturado. El juez lo mandó a un hospital militar, donde murió en la madrugada del 29 de junio. A pesar de numerosos requerimientos, ni su abogado ni sus familiares han tenido aún acceso a su cuerpo», denunció la funcionaria de la ONU.
Aunque reconoció la actuación de la Fiscalía General, que inició una investigación sobre el caso al día siguiente de conocerse la muerte del capitán Acosta, y las imputaciones de dos funcionarios de la Dgcim por homicidio en primer grado, Bachelet lamentó que las «alegaciones de tortura no hayan sido aparentemente incluidas en los cargos».
«También llamo a las autoridades venezolanas para que permitan a los otros seis militares y exoficiales de seguridad detenidos junto al capitán Acosta Arévalo recibir visitas de sus abogados y familiares, que se aseguren que sean tratados con humanidad y dignidad, y que eviten que sufran torturas y otras formas de maltrato», afirmó Bachelet.
Además, señaló que se deben adoptar medidas urgentes «para prevenir la reincidencia de la tortura y otros malos tratos de personas bajo custodia del Estado». Justamente, las denuncias de presuntas torturas de personas bajo responsabilidad del Estado o con su permisividad han sido denunciadas por la Oficina del Alto Comisionado para Derechos Humanos desde 2014.
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En 2014 y 2018 se incluyeron denuncias sobre torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes hacia manifestantes en capítulos dedicados para ello en los informes que elaboró la Oficina.
En marzo de 2019, durante la presentación de un informe oral dedicado a la situación de los DDHH en Venezuela, Bachelet dijo que «hay numerosos casos de personas que han sufrido tratos que vulneran la prohibición de la tortura. Instamos firmemente a que se investiguen y sancionen estos hechos, determinándose las responsabilidades en las fuerzas de seguridad y de los grupos armados civiles implicados en las masivas violaciones a los derechos humanos cometidas».
Luego al finalizar su visita al país el 21 de junio, como parte del mandato del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Bachelet también se refirió al tema de las torturas y que existía «el compromiso expreso del Gobierno para que realicemos una evaluación de la Comisión Nacional para la Prevención de la Tortura y para evaluar los principales obstáculos para el acceso a la justicia en el país».
