Arrecia el control social: población dependiente del CLAP aumentó de 47% a 83% en un año
Una líder del comité en Petare refirió que las familias no comen porque sus salarios no alcanzan para nada, y a veces incluso ni para pagar los 6.000 bolívares que cuesta la caja
Pese a que llegan con retrasos y cada vez más vacías, costosas e incluso abiertas, ahora más de tres cuartos de la población depende de las cajas de alimentos de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).
Según la consultora Datanálisis, la proporción de venezolanos que recibe la caja se elevó de 47% a 83% en los últimos doce meses, un aumento de 36 puntos porcentuales.
“Uno de los pilares fundamentales del sostenimiento del gobierno es la política social, y los CLAP son el eje central. La penetración de esa política casi se duplicó entre 2018 y 2019. Ahora a ocho de cada diez familias les llega la caja”, dijo Luis Vicente León, economista y presidente de Datanálisis.
Explicó que el crecimiento en términos de penetración de las políticas sociales se debe a la crisis económica del país que ha empobrecido aún más a la población e impide que los venezolanos puedan sobrevivir con los ingresos y salarios promedios. El incremento también responde a la búsqueda del gobierno de Nicolás Maduro de un mayor control social para evitar que se recrudezcan las protestas o la participación social en acciones convocadas por la oposición.
“El empobrecimiento motivó al gobierno a aumentar la cobertura como fuera para bajar la presión y aumentar el control social. Está tratando de minimizar los riesgos típicos del empobrecimiento, que son explosión social y rebelión, y de compensar con dádivas la incapacidad de resolver los problemas económicos del país”, dijo el especialista.
Marco Antonio Ponce, coordinador general del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS), expresó que Maduro se ha aprovechado de la crisis para tratar de controlar a los venezolanos a través del estómago, y por eso en los sectores populares, sobre todo en los grupos más vulnerables, los CLAP se han convertido en una parte fundamental para sobrevivir en medio de la crítica situación.
Ni para pagar la caja
En el barrio José Félix Rivas, en Petare, más de 400 familias dependen del CLAP para medio comer. Los beneficiarios no la reciben cada 15 días, de hecho, puede tardarse más de un mes en llegar y cuando la retiran no contiene ni la mitad de todo lo que Maduro promete. Todos los productos que reciben son importados, pese a que según el gobernante entre 60% y 70% de los alimentos que contienen los CLAP son producidos en Venezuela.
Sin embargo, cada vez que llegan las cajas a la comunidad los beneficiarios “desbordan alegría”, según Rosiris Hernández, líder del CLAP en el barrio. “Esa gente no come porque sus salarios no alcanzan para nada, a veces incluso ni para pagar los 6.000 bolívares que cuesta la caja. Algunas personas solo ganan 15.000 o 20.000 bolívares semanales que se les acaba en un kilo de harina”.
El lunes de hace dos semanas, Corpomiranda indicó a los jefes del comité de la comunidad que el miércoles debían entregar el dinero de la caja correspondiente al mes de junio, y más de 100 familias pidieron a los líderes del CLAP que les dieran chance hasta el viernes. “¿Cómo le pides a alguien que te dé los 6.000 bolívares si apenas gana 15.000 bolívares semanales?”, añadió Hernández.
Por la pérdida del poder adquisitivo que enfrentan millones de venezolanos que devengan menos de 1,25 dólares diarios –umbral establecido internacionalmente para ser considerado en situación de pobreza extrema–, no les queda otra que seguir dependiendo del programa bandera de Nicolás Maduro, que lanzó tres años atrás. Sus ingresos no son suficientes para adquirir en el mercado ni la mitad de los productos que contiene la caja.
El monto del salario mínimo y de la pensión, que desde hace más de dos meses se mantiene en 40.000 bolívares ($4,9 a dólar libre), es tan irrisorio que no alcanza para cubrir 2% de la canasta alimentaria familiar calculada por el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM). El precio promedio que cancelan los subsidiarios es de 6.200 bolívares, que representa apenas 3% del costo de la caja CLAP, que según Datanálisis su costo se sitúa en 198.500 bolívares.
En 2018, la cantidad de hogares pobres en Venezuela subió dos puntos porcentuales y se ubicó en 48%, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi), realizada por la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), la Universidad Central de Venezuela (UCV) y la Universidad Simón Bolívar (USB). El estudio reveló que 94% de la población venezolana carece de ingresos suficientes cubrir los costos de vida.
El economista Manuel Sutherland afirmó que las sanciones potencian la efectividad de programas de asistencia social “de índole populistas y clientelar” porque incrementan notablemente las limitaciones para importar y conseguir alimentos.
“Culpar a las sanciones de la crisis no tiene ningún sentido, pero sí dificultan mucho la recuperación de la economía y deprimen más económicamente a la población, lo cual hace que haya un aumento en la dependencia social con el gobierno. No es la vida ideal. En situaciones de mayor miseria, los planes de asistencia llegan a ser incluso muy superiores a los salarios, ya que estos descienden muy gravemente”.
Familias en estado de marginalidad
En junio del año pasado, 74% de los venezolanos no podía cubrir con lo que gana su consumo, según Datanálisis. De ese total, 60% dependía de los subsidios que entrega el Estado, como los CLAP y los bonos que asigna mediante el carnet de la patria, debido a que se le hace imposible vivir solo de su salario. Y 14% de la población estaba desprotegida y vivía una situación marginal. Comía lo que conseguía en la basura y recibía apoyo de la Iglesia y de organizaciones no gubernamentales.
Un año después, ese número cambió. El aumento de la penetración de las políticas sociales y la migración masiva son los dos factores que explican la caída del número de familias en estado de marginalidad, es decir, que no son atendidos por el Estado. Ahora 5% de la población está descubierta y desprotegida, un descenso de 9 puntos porcentuales, de acuerdo con la consultora.
“El aumento de la penetración del CLAP y la marcha de la población que simplemente se sentía desesperada y angustiada redujeron ese porcentaje. Los migrantes nuevos son de la base de la pirámide, es la población más pobre. Salen de Venezuela buscando ayudas sociales en países como Colombia, Perú o Ecuador”, añadió León.
Según Datanálisis, la mayoría de la población no cree en absoluto que el país vaya a mejorar y 95% considera que el país está mal y va mal. El Observatorio de la Diáspora (ODV) informó en junio que casi 5 millones de venezolanos que han emigrado de manera forzada.
