Alta comisionada enfatizó denuncias de torturas por violencia sexual en Venezuela
El Sebin y la Dirección General de Contrainteligencia Militar fueron identificados por la Alta Comisionada por recurrir «de manera habitual» a torturas
La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), Michelle Bachelet, pidió al Estado venezolano que adopte las medidas necesarias para «cesar, subsanar y prevenir» las violaciones de derechos humanos en el país, especialmente las referentes a torturas y ejecuciones extrajudiciales.
En el resumen ejecutivo del informe sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela desde enero 2018 hasta mayo 2019, y que será presentando ante el Consejo de la ONU el viernes 5 de abril, se entrevistaron a 558 víctimas y testigos de violaciones de DDHH así como otras fuentes.
La Acnudh destacó que la mayoría de las personas que fueron apresadas entre enero de 2014 y mayo de 2019 fueron víctimas de violaciones graves de DDHH, en particular de torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Según datos de la ONG Foro Penal Venezolano y a las que tuvo acceso la Oficina, al menos 15.045 personas fueron detenidos por motivos políticos entre enero de 2014 y mayo 2019; de ellas, 527 fueron detenidos en 2018 y 2.091 entre enero y mayo de 2019 en su mayoría por participar en manifestaciones.
La mayor parte de estas personas detenidas desde 2014 fueron liberadas condicionalmente o aún enfrentan actuaciones penales que se han prolongado en el tiempo, mientras que 793 personas seguían privadas de libertad.
«La Acnudh considera que el Gobierno ha utilizado las detenciones arbitrarias como uno de los principales instrumentos para intimidar y reprimir a la oposición política y cualquier expresión de disensión, real o presunta, al menos desde 2014», señaló el informe.
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Además, la Oficina de la Alta Comisionada pudo seguir el caso de 135 presos políticos que en su mayoría fueron detenidos arbitrariamente o sufrieron desapariciones forzadas, y tampoco se les garantizó una indemnización de sus derechos por haber sufrido estas violaciones.
«En la mayoría de estos casos, se sometió a las mujeres y los hombres detenidos a una o más formas de tortura o trato o pena cruel, inhumana o degradante, como la aplicación de corriente eléctrica, asfixia con bolsas de plástico, simulacros de ahogamiento, palizas, violencias sexuales, privación de agua y comida, posturas forzadas y exposición a temperaturas extremas», identificó la Acnudh.
Las fuerzas de seguridad y los servicios de inteligencia, especialmente el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), fueron identificados por la Alta Comisionada por recurrir «de manera habitual a esas medidas (torturas) para extraer información y confesiones, intimidar y sancionar a las personas detenidas».
Por esto acusaron a las autoridades venezolanas de no investigar con «prontitud, efectividad, exhaustividad, independencia, imparcialidad y transparencia las denuncias creíbles de torturas y malos tratos, incluyendo casos de violencia sexual y de género, no han puesto a los presuntos responsables a disposición de la justicia, ni han proporcionado reparaciones a las víctimas».
Según los datos que proporcionó el Ministerio Público, se han registrado 72 denuncias por supuesta tortura y otros malos tratos respecto de 174 personas detenidas durante las protestas entre 2017 y 2019, pero el MP no proporcionó información respecto al estado de las investigaciones.
Violencia sexual
El informe de la Oficina de la Alta Comisionada también puso énfasis en la denuncia sobre violencia sexual y de género contra mujeres y niñas durante su detención, realizada en particular por funcionarios del Sebin, la Dgcim y la Guardia Nacional.
«Las mujeres entrevistadas dieron cuenta de agresiones físicas tales como arrastrarlas por el pelo y tocamientos inapropiados, amenazas de violación, desnudez forzada e insultos sexistas y de género, con la finalidad de humillarlas y castigarlas, así como para extraerles confesiones», detalló el documento.
Específicamente, la Acnudh indicó que en el centro de detención del Sebin, conocido como El Helicoide, no está adaptado para cumplir con las exigencias internacionales. La Oficina pudo entrevistar a varias mujeres que estuvieron detenidas en esos espacios, y que relataron que solo hay una celda asignada.
«Esta celda estaba superpoblada y vigilada principalmente por hombres, a pesar de haber guardias mujeres trabajando en las instalaciones. Los guardias, así como otros reclusos ejercían presión sobre las mujeres para que intercambien sexo por “privilegios” y/o protección. Varias mujeres también dijeron no tener acceso a asistencia médica especializada y que, a diferencia de los hombres, no siempre se les permitía salir al patio o al gimnasio. A las mujeres detenidas por motivos políticos a menudo les denegaron las visitas», destacó el informe.
Por ello, la Acnudh solicitó al régimen de Nicolás Maduro que «ponga en libertad a todas las personas privadas arbitrariamente de su libertad», y ratifique los protocolos facultativos de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
